La economía del espíritu

Se habla bastante del derecho a la educación, pero apenas se habla del deber de educarse

Por Ignacio Sánchez-Cámara, Catedrático de Filosofía del Derecho, periodista y analista político y cultural, en La Gaceta de los Negocios, el 9.VII.2007

En las encuestas sobre las preocupaciones principales de los ciudadanos nunca aparece en los primeros lugares la educación. Y nada hay más importante en la vida pública. Suelen aparecer el paro, el terrorismo, la inmigración o la vivienda. Como si esos problemas, como todos, no tuvieran en la educación su clave y el fundamento de su solución. Si la economía persigue la mejor gestión de los recursos materiales escasos, la educación vendría a ser algo así como la economía del espíritu. Se habla bastante del derecho a la educación (que no es, por cierto, lo mismo que el derecho del Estado a educar, sino, más bien, todo lo contrario), pero apenas se habla del deber de educarse. Es una manifestación más de la hipertrofia de los derechos y de la atrofia de los deberes.

Tampoco suele distinguirse entre tres cosas relacionadas pero distintas: la urbanidad, la instrucción y la educación. Ni son lo mismo, ni es la misma la competencia de los poderes públicos en cada una de ellas. Si alguna le cabe en la urbanidad y la instrucción, ninguna en la educación. La educación es la formación de la persona, que es algo más hondo, relevante y previo que el ciudadano. Los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero no dispensarlo. En su ensayo Sobre la libertad, escribe Mill: «Las objeciones que con razón se formulan contra la educación por el Estado no son aplicables a que el Estado imponga la educación, sino a que el Estado se encargue de dirigirla, lo cual es cosa totalmente diferente. Me opondré tanto como el que más a que toda o una gran parte se ponga en manos del Estado... Una educación general del Estado es una mera invención para moldear al pueblo haciendo a todos exactamente iguales, y como el molde en el cual se les funde es el que satisface al poder dominante en el gobierno..., establece un despotismo sobre el espíritu, que por su propia naturaleza tiende a extenderse al cuerpo». Está claro.

Ni siquiera la Constitución constituye un límite para la libertad de expresión y, por lo tanto, de enseñanza. Para empezar, ella no entraña la verdad moral. Es sólo una norma jurídica, si bien la norma básica y fundamental, que, a su vez, se apoya en principios morales. Pero ella no decide sobre el bien y el mal, sino sobre lo jurídico y lo antijurídico. La Constitución debe ser cumplida, también, por supuesto, en el ámbito educativo. Pero cumplirla no es lo mismo que sacralizarla. Si ella prevé su modificación, necesariamente aceptará la crítica, pues no es posible modificar algo sin previamente criticarlo. Enseñar o promover algo contrario a la Constitución no es, por sí mismo, algo inconstitucional. Criticar no es transgredir; incumplir, sí.

Pretender que el Estado eduque o determine el contenido moral mínimo de la educación de los ciudadanos es inmoral, antidemocrático e inconstitucional. No hay educación sin disciplina, jerarquía y superioridad, en algún aspecto, por parte de quien educa. Como el Estado democrático es de suyo igualitario, no puede aspirar a la ejemplaridad moral, a la educación ni a la autoridad social. La autoridad política y la social están radicalmente escindidas. Al final de su ensayo Misión de la Universidad, Ortega y Gasset reivindica el valor de la institución que tiene encomendada la educación superior para erigirse en «poder espiritual». Así, afirma que hoy no existe en la vida pública más «poder espiritual» que la Prensa, pero el periodismo ocupa en la jerarquía de las realidades espirituales el rango inferior. «Por dejación de otros poderes, ha quedado encargado de alimentar y dirigir el alma pública el periodista, que es no sólo una de las clases menos cultas de la sociedad presente, sino que, por causas, espero, transitorias, admite en su gremio a pseudointelectuales chafados, llenos de resentimiento y de odio hacia el verdadero espíritu». La vida pública tiene que regirse por un poder superior. La Iglesia no cumple, según él, esa función porque ha abandonado el presente. El Estado, tampoco porque, triunfante la democracia, no puede gobernar a la opinión pública, sino que es dirigido por ella. Añadiría, por mi parte, que los intelectuales, o la mayoría de ellos, tampoco pueden ejercer esa función directora porque se han convertido, prostituyéndose, en servidores de los tópicos dominantes, en lugar de ser críticos de ellos. En este sentido, la Iglesia, si acierta a recuperar el presente, sin renunciar a lo eterno, podría aspirar a ejercer ese poder espiritual. Sólo quien se opone a la opinión dominante puede aspirar a influir sobre ella y a cambiarla. Eso es precisamente lo que no puede hacer el Estado democrático sin dejar de serlo, para sucumbir así a la tentación totalitaria. El espíritu no es democrático, pero nada tiene que temer de la democracia, pues ella proporciona libertad para todos; también para los que tienen puesta su mirada y sus aspiraciones en lo más alto. El poder político democrático gobierna legítimamente, pero, si aspira a educar, lo hará ilegítimamente.