León XIV ante Las Cortes españolas

 «Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse». León XIV

La noticia de que el papa León XIV había aceptado, en su visita a España, la invitación a dirigirse a los parlamentarios españoles me produjo más satisfacción que sorpresa; no en vano su antecesor Benedicto XVI había hecho en su día lo propio ante el Bundestag, logrando que los Verdes se rompieran las manos aplaudiendo. Un ejemplo de normalidad.

 

Dignidad humana

Han sido entre nosotros pintorescos –por minoritarios– los reparos suscitados ante tal acontecimiento, aunque significativos de que el graduado escolar no proporciona un adecuado conocimiento de nuestra Constitución. Hubo, por ejemplo, quien elucubró si la visita era la de alguien tratado como Jefe de Estado o como líder religioso, lo que –en el primer caso– habría convertido en inadecuado permitirse recordar que «la dignidad inviolable de la persona humana» no es fruto de una «concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento», sino que «pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir»; lo que no parece ser compartido por buena parte de su –por entonces silente– auditorio.

 

Vida humana

La verdad es que cuando un Jefe de Estado sube a la tribuna del hemiciclo, para dirigirse en español a sus miembros, expone sus personales preocupaciones sobre problemas comunes de dimensión internacional. No otra cosa hizo el pontífice, mostrando su preocupación por «la vida humana», aunque no perdió la ocasión de resaltar que no lo hacía como líder religioso, sino por entender que su defensa «no es una cuestión parcial ni un interés confesional» sino «una meta de civilización». O sea que, más que para brindar patente de piadoso, es muestra irrebatible de no estar dispuesto a comportarse como un salvaje.

 

Aconfesionalidad del Estado

Es absolutamente cierto que el artículo 16. 3 de nuestra Constitución afirma que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Quizá fue esto lo que llevó a un peculiar catedrático catalán a la infeliz idea de plantear, con el éxito bien conocido, un boicot a la presencia del Papa en territorio español. Claro que los artículos hay que leerlos enteros y el mismo epígrafe continúa: «los poderes públicos», incluido lógicamente el legislativo, «tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española»; lo que significa que en modo alguno al Papa esté prohibido invitarlo, porque tales creencias han de tenerse en cuenta, pero no precisamente para boicotearlas, sino para mantener con las diversas confesiones «relaciones de cooperación».

 

Por otra parte, si seguimos con el mismo artículo, no sugiere igualitarismo alguno, que convierta presencia del pontífice en privilegio, sino que han de llevarse a cabo unas relaciones de cooperación «consiguientes» a la efectiva presencia de las aludidas creencias. Por si fuera poco, la Constitución alude explícitamente a «la Iglesia Católica» y de modo genérico a «las demás confesiones».

 

Los conocedores de la génesis constitucional, saben que esto implicó una enmienda al anteproyecto, que no incluía tal referencia explícita, El cambio fue provocado por Santiago Carrillo, como fruto de su consolidada política de reconciliación nacional. Al Papa no pareció preocuparle que se lo pudiera emparentar con Carrillo, ya que propuso a los parlamentarios «una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación».

 

La aportación de la fe a la vida pública

Queda, por tanto, descartado constitucionalmente cualquier amago de laicismo, como el del fantasioso catedrático. León XIV demostró conocer mejor nuestra Constitución, cuando afirmó: «La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública».

 

No dudó en recordar, enlazando con León XIII, que «la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana». Tampoco se ahorró un consejo final. No basta con decir que la política es el arte de lo posible; hay que «hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos».

 

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Fuente: Un Papa en el Congreso. Por Andrés Ollero. Ideal 27 de junio de 2026 

Foto: Aeropuerto de Cincinnati. Paul H. Welters. 12 de septiembre de 2023

 

La fe católica: la razón y la libertad

Rescato de mi lectura de "Contracorriente... hacia la libertad", de  Mariano Fazio (ed. El buey mudo), el texto siguiente, por lo que me ha inspirado. Fazio comenta alguno de los reveladores pensamientos de G.K. Chesterton sobre la fe y su relación con la sociedad en la que viven los creyentes.

Cuando Chesterton descubre la fe católica, se le abre un mundo nuevo, amplio, donde reina la razón y la libertad. Para el autor inglés la Iglesia se ha convertido en «la única campeona de la razón en el siglo XX». 

Fe católica, razón y libertad

Afirma que «convertirse en cató­lico enriquece la mente»; y se siente capaz de «justificar toda la teología católica, si se me concede empezar por el supremo valor y santidad de estas dos cosas: la Razón y la Libertad. No deja de arrojar luz sobre los actuales debates anticatólicos el que sean precisamente las dos cosas que la mayoría de la gente supone que le están vedadas a los católicos».

La visión de Chesterton es refrescante, pues supera todos los clichés culturales que identifican al catolicismo con la ce­rrazón mental y la obediencia servil. El autor inglés, por el con­trario, considera que esas enfermedades culturales se encuen­tran precisamente fuera de la Iglesia.

Chesterton ve por todos lados una estrechez mental que impide abrirse a los amplios horizontes de una vida con sentido. «La mayoría de los huma­nos volvería a los viejos cauces de la fe y de la moral si lograran ampliar su mente lo suficiente como para poder hacerlo. Es su pobreza mental la que básicamente les mantiene en el camino de la negación. 

Pero semejante ampliación es fácilmente mal comprendida, porque la mente debe ampliarse para ver las co­sas que son medio evidentes. Se necesita una cierta elasticidad de la imaginación para ver las cosas obvias sobre un fondo asi­mismo obvio; y, de forma especial, las grandes cosas sobre un fondo igualmente grande».

La fe católica libera la mente del nacionalismo

Nuestro autor va desarrollando en numerosos artículos cómo la fe amplía las perspectivas vitales. Para Chesterton «la conversión es el comienzo de una activa, fructífera, progresiva e intrépida vida para el intelecto».

Por ejemplo, la fe católica libera la mente del pequeño mundo del nacionalismo. Por un lado, el catolicismo es uni­versal -católico, en griego, significa precisamente universal-, y por el otro, está dirigido a personas comunes, que tienen sus raíces existenciales en un determinado territorio y en una tra­dición cultural previa. 

El buen católico se siente ciudadano de su patria, hijo de su tradición y abierto a todos sus hermanos los hombres. Hay en el catolicismo un sano equilibrio entre la apertura a lo universal y la identidad cultural particular. No es este el caso de la tradición anglicana, insular y provincia­na. 

Habiendo superado todos los prejuicios anticatólicos de la mentalidad inglesa, Chesterton sostiene que «el católico es leal al país donde nació. De hecho, suele serlo apasionadamente, entre otras cosas, porque el apego a las tradiciones locales es connatural con su religiosidad, pródiga en altares y reliquias. 

Pero del mismo modo que el culto a las reliquias es una conse­cuencia de su religión, sus lealtades locales son el resultado de la hermandad universal de todos los hombres. El católico dice: "Debemos amar a todos los hombres, desde luego, pero ¿qué es lo que todos los hombres aman? Aman su tierra, sus fronte­ras establecidas, la memoria de sus padres. Esto es lo que jus­tifica el sentimiento nacional, porque es lo normal". Mientras que el patriota protestante nunca ha sido capaz de concebir otro patriotismo que el suyo».

Patriotismo y provincianismo

El católico se siente a sus anchas en todo el mundo y a lo lar­go de veinte siglos de historia. El patriota protestante inglés se encuentra encerrado en una tradición arbitraria que comienza en el siglo XVI. Pero la misma existencia de la nación inglesa no se entiende sin la cultura greco-romana, la disolución del Imperio y la evangelización de las Islas británicas por monjes irlandeses. 

«Y si el patriota es tan tonto para enfrentarse a la tradición universal de la que emana su propio patriotismo, si pretende imponer su pretendida prioridad en detrimento de la primitiva ley del Universo entero, lo único que conseguirá será que le respondan con la demoledora sencillez del Libro de Job. Como Dios dijo al hombre: "Dónde estabas cuando yo echa­ba los cimientos de la tierra?", del mismo modo podríamos decirle a la nación "¿Dónde estabas cuando se echaron los cimientos de la Iglesia?". Y la nación sería incapaz de conocer la respuesta (en caso de que se le ocurriera dar alguna) y se vería obligada a taparse la boca con la mano, aunque solo fuera para fingir que bosteza y tiene sueño».

Catolicismo y modas culturales

Si el católico defiende un patriotismo de raíz universal frente a la tradición cerrada del protestantismo inglés, también defiende una amplitud mental respecto al dogmatismo de las sectas y las nuevas modas filosóficas y culturales que pululan en su época -la tiranía de lo que hoy llamaríamos lo políticamen­te correcto-. 

Chesterton subraya que el católico puede opinar libremente de todo salvo de lo que es materia de fe, considera­da no como un límite, sino como ampliación de la razón. Los católicos tienen clara la distinción entre lo que es dogmático y lo que es opinable. Según nuestro ensayista, «los católicos son mucho más individualistas que el resto en lo tocante a sus opiniones generales». 

Citando a un propagandista católico americano, sostiene «que los católicos se entienden muy bien en lo referente al catolicismo, pero que es sumamente difícil que sepan entenderse en cualquier otra cosa». A continuación, pone ejemplos de distintas interpretaciones de hechos históri­cos, vistos desde muy distintos ángulos por autores católicos. 

Y a nadie se le pasa por la cabeza imponer una determinada lectura "católica" de esos hechos. No sucede así en las llama­das "iglesias libres" o entre los "librepensadores", que inten­tan imponer sus opiniones no solo en cuanto a los fines, sino también a los medios. Para ser "modernos" hay que estar de acuerdo sobre un sinnúmero de cosas que se afuman como verdades dogmáticas -y que no lo son-, y la masa va como bo­rregos por los mismos raíles hacia la misma estación.

La fe como punto de partida para pensar correctamente

El ensayista inglés encontró en la fe un punto de partida para pensar correctamente. La idea de que la Iglesia es un lu­gar estrecho, asfixiante y cerrado al pensamiento es todo lo contrario a lo que experimentó él mismo al ingresar en su seno. «Los espectadores ven o creen que ven al converso agachán­dose para entrar en una especie de templo enano, que además imaginan diseñado interiormente como una cárcel, cuando no como una cámara de tortura. Pero en realidad lo único que sa­ben de él es que ha entrado por una puerta. Ignoran que detrás de esa puerta lo que se abre no es la oscuridad del alma, sino la brillante luz del día. 

Quien en puridad, y en el sentido más bello y pacífico de la palabra, es un espectador, es el converso. No quiere pasar a una habitación más amplia, ya que para él no hay ninguna otra que pueda ser más espaciosa». 

El converso abe que hay muchos cuartos más pequeños: son los ocupados por las ideologías y las corrientes de pensamiento a la moda, que solo poseen una parte de la verdad, la cual, absolutizada, termina en una locura. 

La Iglesia, para Chesterton, «es un lu­gar de encuentro; el lugar donde se ponen a prueba todas las verdades del mundo». Y la Iglesia tiene como aliada al sen­tido común, que condena muchas de las herejías -entendidas como la absolutización de un aspecto relativo de la realidad­aun al margen de la autoridad eclesial-.

Habiendo establecido que en la fe católica uno se puede mover a sus anchas, respirando el espíritu de libertad y pen­sando con amplitud, Chesterton continúa su tarea apologética intentando demostrar que el problema cultural de su tiempo no es principalmente religioso, sino antropológico: se ha perdi­do la confianza en la capacidad de la razón para orientarnos en la vida. Cunde el escepticismo y las modas pasajeras que mu­chas veces van en contra del sentido común. 

Si Newman tuvo que habérselas con una tradición protestante todavía viva, que no había olvidado las doctrinas fundamentales, Chesterton se encuentra ante un panorama cultural donde el protestantismo ha perdido su vigor religioso. Habla de un "protestantismo líquido". Ante la afirmación "Gran Bretaña es tan protestan­te como el océano es salado", responde que es un sinsentido, pues abundan en las islas millones de agnósticos, ateos, teóso­fos, seguidores de cultos asiáticos y muchas personas a las que no les interesa para nada las cuestiones religiosas. 

Ahora el problema no lo constituyen los ataques a los dogmas católicos, sino la pérdida de la razón y del sentido común.

Ideas católicas que se han degradado

Con singular agudeza, nuestro autor ve detrás de las modas siempre cambiantes alguna idea de la fe católica que ha sido criticada, pero que regresa llevada hasta los extremos y que finaliza en locura. «A estas alturas debería estar claro que to­das y cada una de las cosas que el mundo moderno ha hallado culpable a la Iglesia católica han sido adoptadas por ese mismo mundo, pero siempre en una forma degradada». 

Chester­ ton ofrece varios ejemplos de esto. Los puritanos rechazaron el arte católico y el rico simbolismo de sus representaciones, pero ahora el arte ha vuelto con toda su fuerza, aunque lamen­tablemente en forma de decadentismo sensual e inmoral; los racionalistas rechazaron la curación sobrenatural, pero ahora pululan charlatanes que ofrecen curaciones casi mágicas, des­echando la ciencia médica; los moralistas protestantes abolie­ron el confesonario, pero los psicoanalistas se han encargado de restaurarlo, con todos sus supuestos peligros y ni una sola de sus reconocidas garantías; los patriotas protestantes aborre­cieron la intervención de una fe universal que atravesaba las fronteras nacionales, y ahora se encuentran dedicados a resolver los problemas de un imperio enredado en la madeja de las finanzas internacionales; tras mucho denunciar que las reglas monásticas eran un insulto para la familia, hemos asistido al desmembramiento de la institución familiar por la burocracia; tras no poco quejarse de que cualquiera pudiera ayunar solo durante periodos excepcionales, ha habido que soportar que vegetarianos y abstemios quieran imponernos a todos un ayu­no sin pausas y sin remisión.

Chesterton pone un ejemplo muy gráfico de cómo ideas que parecían patrimonio del acervo moral de la humanidad se han ido perdiendo, porque se ha perdido la razón: en la época victoriana, al contemplar a un hombre desde cualquier postura ideológica, todo el mundo estaba de acuerdo en que tendría que usar vestidos. En el momento en que escribe el ensayo hay un auge del nudismo que pone en tela de juicio la necesidad de vestirse. Aunque intuitivamente se considera que el nudismo está mal, pocos aciertan a encontrar la causa de su error. 

La antropología católica, en cambio, llena de esperan­za en la redención del hombre y de su cuerpo, pero también consciente de las consecuencias del pecado original, puede dar una respuesta clara, que coincide con la del buen sentido de las personas normales.

Esperanza y alegría

Su conocimiento de la historia y -más en profundidad- del alma humana hacen de Chesterton un escritor lleno de esperanza y alegría. Sabe -como sabía Newman-que las modas pasan y que la verdad es la que permanece. 

En uno de sus ensayos, aplica la teoría de Darwin acerca de la supervivencia del más apto para explicar la increfüle vitalidad de la Iglesia ca­tólica después de 2000 años de ataques: el más apto sobrevive porque tiene todos los elementos necesarios para hacer frente a las necesidades de la vida. Así es la Iglesia católica. Por el contrario, las modas superficiales necesariamente perecen en una o dos generaciones.

Pero la esperanza chestertoniana no es pasiva: exige a su vez una colaboración con la verdad. Pide al lector que se libere de prejuicios y que utilice la razón. Una razón cultivada por la tradición católica, que ha sabido rescatar verdades de orden natural de las continuas tormentas provocadas por la rebelión del hombre ante las señales puestas por Dios en el camino que conduce a la felicidad: «Lo que se ha perdido en esta sociedad no es tanto la religión como la razón; la luz del instinto intelec­tual que ha guiado a los hijos de los hombres».

Chesterton se muestra siempre aliado del hombre "vulgar", que conserva el sentido común, mientras que critica el esnobis­mo de la clase cultivada, que pone en duda las verdades más elementales. «La gran masa de la humanidad, con su gran masa de libros y palabras insustanciales, no ha dudado ni dudará nunca de que el valor es algo maravilloso, ni de que la fidelidad es algo noble, ni de que hay que rescatar a las damiselas en apuros y respetar la vida de los vencidos. Hay muchas perso­nas cultivadas que ponen en duda estas máximas de la vida diaria».

Sentido común

La pérdida del sentido común tiene un efecto devastador en los principios morales por los que se guían las clases di­rigentes, siempre dadas a las últimas modas. «De todos los rasgos de la modernidad que parecen señalar una especie de decadencia, no hay ninguno más amenazador y peligroso que la exaltación de los asuntos más nimios y secundarios frente a los verdaderamente grandes y primordiales, frente a los lazos eternos y a la trágica moralidad humana. 

Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales, es el reforzamiento de los pequeños principios morales. Así, se considera más irrespetuoso acusar a un hombre de tener mal gusto que acusarlo de tener malos principios éticos. Hoy en día la limpieza no va pareja a la santidad, porque la limpieza se ha convertido en esencial y la santidad, en una falta de tacto».

La actitud vital de Chesterton está en plena sintonía con las enseñanzas del reciente magisterio pontificio: la necesidad de ampliar la razón, superando el reduccionismo cientificista que relega todo lo referente a la religión y a la ética -es decir, los ámbitos donde se decide el sentido de la existencia humana­ a algo meramente interior, subjetivo o emocional. 

Diálogo entre fe y razón 

El diálogo entre fe y razón es necesario para alcanzar verdades morales objetivas que puedan servir de base para construir vidas llenas de sentido y una organización social que ponga en el centro la defensa y promoción de la dignidad de la persona humana. Porque, como señala Chesterton al comprobar la pérdida del sentido común en su ambiente circundante, «entre nosotros, lo humano ya solo puede encontrarse en lo sobrehumano. La naturaleza humana, al verse perseguida, ha corrido a acogerse a lo sagrado».

Chesterton observa cómo las respuestas que la cultura a él contemporánea ha dado a los interrogantes más profundos y trágicos de la existencia humana, lejos de ser revolucionarias, han sido insuficientes. «No puedo abandonar la fe sin caer en algo más superficial que la fe. No puedo dejar de ser católico, si no es convirtiéndome en alguien mucho más limitado que un  católico. 

Un hombre que desee abandonar la filosofía perenne no tiene más remedio que estrechar su mente. Todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy confirma esta observación. Y lo que sucederá mañana también lo confirmará. Hemos salido de la ciénaga para caer en el único manantial profundo. Y la Ver­dad está en su fondo».

Las intolerancias del siglo XXI y la libertad de expresión

En una sociedad democrática y pluralista que se enorgullece de estar abierta al debate, en teoría la libertad de expresión es fundamental y el derecho de todos a participar, indiscutible. Sin embargo, cuando cambian los valores sociales acaba formándose una nueva ortodoxia que muchas veces intenta silenciar las voces discrepantes.

También hoy se advierte una nueva intolerancia que pretende crear un clima social en el que se considere inadmisible proponer las posturas contrarias. Si en los regímenes dictatoriales el silencio se impone con la censura y las condenas al disidente, en los sistemas liberales hay quien intenta conseguir lo mismo con métodos que van desde el hostigamiento mediático a las presiones legales.

Expedientes para clausurar un debate

Un modo de defender la hegemonía alcanzada es retirar un tema del debate social. Se supone que en una sociedad abierta todo el mundo tiene derecho a exponer sus ideas y a luchar por ellas. De hecho, buena parte de los que hoy defienden el status quo fueron en su día voces transgresoras y militantes a favor del cambio. Entonces decían que había que “abrir un debate” sobre los temas que ellos planteaban. Sin embargo, cuando han pasado a ser el establishment, les parece inadmisible que alguien intente cambiar las leyes. Así, asuntos como el aborto o el matrimonio gay se convierten no ya en derechos sino en tabúes que no se pueden revisar.

Otro expediente cómodo para desacreditar la opinión contraria es calificarla de “fobia”. Esta opinión no respondería a ideas con las que se puede debatir, sino a una manía, un trastorno psicológico que provoca una reacción irracional. Por lo tanto no hay nada que debatir con quien sufre esta fobia. No se entra a discutir el contenido de sus palabras sino que se pone en duda su capacidad mental. Así como en los regímenes comunistas algunos disidentes eran recluidos en psiquiátricos, en la sociedad actual quien discrepa en algunos temas se expone a la estigmatización y a la descalificación social. 

A veces se expone también a sanciones legales. Así los movimientos gais han logrado que se aprueben leyes contra la “homofobia”, lo cual no deja de ser un contrasentido, ya que si es una fobia patológica quien la sufre no puede ser responsable de sus actos. Pero el calificativo de “homófobo” no sirve solo para etiquetar a radicales que maltratan o insultan a los homosexuales; por extensión se utiliza para descalificar de antemano al que se opone a propuestas de la ideología de género hechas por el movimiento gay o se opone, por serias razones de ética personal y pública, a la equiparación de las uniones gay con el matrimonio natural, o a la adopción por parejas homosexuales.

Otro instrumento para no permitir la libertad de expresión del adversario, incluso por la vía penal, es calificar sus palabras como un discurso del odio (hate speech). El mero hecho de desaprobar el estilo de vida de un grupo o de discrepar públicamente de sus propuestas, supondría una intención maligna dirigida a “incitar al odio” contra ellos. Invocando distintos motivos –racismo, sexismo, xenofobia, homofobia...– los grupos interesados pretenden que el Estado castigue no ya unas acciones sino unas palabras que les molestan. Sin embargo, a menudo estos grupos no tienen inconveniente en utilizar el lenguaje más virulento o el activismo más agresivo contra sus opositores. 

En cualquier caso, en la ley penal, el delito debe estar siempre bien tipificado, por lo cual se han de demostrar los efectos gravemente dañinos de un discurso para poder restringirlo, y la carga de la prueba debe recaer en quien quiera limitarlo.

Amparados en el victimismo (“sus palabras me ofenden...”), algunos colectivos sociales pueden blindarse contra toda réplica y coartar la libertad de expresión de los demás. La crítica a sus ideas la interpretan como una falta de respeto a las personas. El rechazo de alguna de sus propuestas indicaría, como mínimo, una “falta de sensibilidad” hacia un grupo que ha sido tradicionalmente discriminado. En este aspecto, las actitudes de los fundamentalistas religiosos y de los progresistas se solapan: ambos creen que sus certezas morales están por encima del derecho de los demás a cuestionarlas; ambos piensan que el fin de su buena causa justifica los medios y que se puede recurrir a los instrumentos legales para dejar fuera de la ley las expresiones trasgresoras.

Un debate exige siempre argumentos y réplicas, matices y datos. Un modo de ahorrarse ese trabajo es agitar un eslogan que demoniza la postura contraria, y aborta la discusión. Se puede descalificar la enseñanza diferenciada como “discriminadora”, sin necesidad de explicar si discrimina a los que están dentro o a los que están fuera, y por qué;  se puede sentenciar como “privatización” el resultado de la elección de escuela por parte de las familias; se puede motejar al adversario de “ultraconservador” o de “antisistema”, según los casos, sin molestarse en contradecir sus ideas. 

Otro recurso de este estilo es rasgarse las vestiduras ante una afirmación que contradice los tácitos preceptos de la mayoría bienpensante. “¿Ha visto lo que dice?” da por supuesto que tal cosa es implanteable, no puede someterse al escrutinio público y solo merece una descalificación ejemplar para que no vuelva a repetirse. Todo menos discutirla.

Un truco propio del laicismo intolerante es rechazar de entrada un verdadero debate sobre argumentos defendidos por ciudadanos creyentes. No es que se les pida que presenten argumentos que puedan ser esgrimidos en la esfera pública y civil, en vez de razones de autoridad religiosa. Simplemente, se considera que sus argumentos están “contaminados” por coincidir con posturas de la Iglesia, de modo que admitirlos supondría una intromisión de la Iglesia o de los creyentes en general para “imponer sus convicciones”.No se tiene en cuenta que, en un debate cívico, lo importante no son los motivos subjetivos por los que uno defiende una postura, sino las razones que ofrece. Pero con el recurso fácil de denunciar la supuesta intromisión religiosa se evita examinar esas razones y se da por supuesto que solo el punto de vista “laico” es admisible. 

Modos de intimidar

En algunos casos, ya no se trata solo de falta de respeto a la libertad de expresión, sino de utilizar los instrumentos legales para obligar a participar en acciones que alguien rechaza en conciencia. En el caso de las bodas gais, ha habido todo un rosario de acciones intolerantes contra profesionales (desde fotógrafos a pasteleros o floristas) que han preferido no prestar sus servicios profesionales en estos actos. Los demandantes podían haber recurrido a otros, pero han querido obligar a los objetores acusándoles de “discriminación”.

En realidad, es una acusación que funciona en un único sentido. Un pastelero puede ser llevado ante los tribunales por negarse a hacer una tarta con un lema a favor del matrimonio gay; pero una librería feminista tendrá todo el derecho a negarse a vender libros que considere negativos para la mujer. O, como ha sucedido en EE.UU., cuando grandes empresarios donan millones a favor de la causa del matrimonio gay es una muestra de su liberalidad progresista; pero cuando otro hace una donación en sentido contrario, entonces ya no tiene derecho a donar a quien quiera y su empresa sufre amenazas de boicot. 

La libertad se ve también coaccionada cuando, a cambio de la financiación pública, se imponen exigencias que impiden a las personas o a las instituciones prestar un servicio de acuerdo con sus ideas. Así ha ocurrido cuando a agencias de adopción católicas se les ha retirado la acreditación por dar niños en adopción solo a parejas de hombre y mujer, o cuando la financiación pública de una escuela queda supeditada a que se incluyan unas clases de educación sexual conforme a un programa ajeno a su ideario y a los deseos de las familias.

En una sociedad libre, cada grupo tiene derecho a proponer unos servicios que respondan a sus convicciones. El Estado puede exigir unos criterios de calidad que garanticen un buen servicio. Pero nada le autoriza a imponer, a cambio de la financiación pública, que procede de los impuestos de todos, unas ideas o prácticas contrarias a los principios de una institución.

En el caso de instituciones de inspiración religiosa, la misma separación entre la Iglesia y el Estado impone protegerlas de las intromisiones del gobierno. La libertad religiosa no consiste solo en poder ir a la iglesia. Significa también ser libre para manifestar públicamente las propias doctrinas y tratar de persuadir a otros. Implica el derecho de las instituciones religiosas a prestar servicios sociales de acuerdo con sus convicciones. Significa también tener autonomía en la contratación, de modo que la institución (escuela, universidad, hospital,...) cuente con una masa crítica de empleados que apoyen el ethos de la empresa. No es una discriminación injusta preferir a empleados que por sus ideas y estilo de vida respondan a este perfil. 

Hoy día es más bien la Iglesia la que tiene que protegerse contra intromisiones del Estado. Es significativo que en un país como EE.UU., tan celoso de la separación de la Iglesia y del Estado, la Iglesia católica celebre desde 2012 la “Quincena por la Libertad”. Se trata de una campaña anual para resistir las decisiones del gobierno que imponen políticas como financiar a los empleados un seguro médico que incluya las prácticas anticonceptivas y el aborto o que suponen restricciones a la libertad religiosa y diluyen la identidad de las instituciones católicas escudándose en la lucha contra la discriminación. 

En algunos casos las leyes antidiscriminación incluyen “excepciones” para instituciones religiosas. Esto transmite la impresión de que se trata de “permisos para discriminar” concedidos excepcionalmente pro bono pacis. Sin embargo, no se trata de tolerar excepciones sino de reconocer el derecho a la libertad religiosa. Pero también en el caso de las personas el poder público debe respetar la libertad de actuar conforme a la propia conciencia. La decisión de trabajar o asociarse con gente que piensa del mismo modo, y de no hacerlo con los que piensan lo contrario, es un aspecto fundamental de una sociedad libre y tolerante. 

El pluralismo social no consiste en que cada iniciativa sea una especie de cóctel con mezcla de todo, sino en que haya una pluralidad de iniciativas, cada una con su propio sabor. De lo contrario, la invocación ritual al respeto a la “diversidad” y a la “inclusión", puede servir para imponer el pensamiento único y excluir al que expresa una opinión diversa. Es lo que Benedicto XVI calificaba de “dictadura del relativismo”. “No es que se persiga abiertamente a los cristianos, eso sería demasiado anticuado e inconveniente. Al contrario, se es muy tolerante, se está abierto a todo. Pero hay cuestiones tanto más perentorias que son excluidas y después tachadas de fundamentalistas, aunque se trate incluso de la verdadera fe. Creo que esto puede desembocar en una situación que exija resistirse, concretamente a una dictadura de aparente tolerancia que frena el estímulo de la fe declarándola intolerante. Aquí sale a relucir la intolerancia de los ‘tolerantes’”. (Benedicto XVI, Dios y el mundo, pg. 429). 

Cátedra menos libre 

Los intentos de imponer un pensamiento único en algunos temas han llegado también a la Universidad, amenazando la libertad de expresión y de cátedra. Grupos de minorías activistas han boicoteado a oradores invitados, han pedido la dimisión de profesores por publicar estudios que contradicen sus tesis o han intentado acallar a otros estudiantes por expresar ideas que ellos interpretan como “ofensivas”. Este clima iliberal se ha manifestado especialmente en universidades del mundo anglosajón, hasta el punto de que ha comenzado a provocar una reacción en defensa de la libertad de discusión frente a las ideas políticamente correctas. 

No pocas Universidades se han adherido a la “Declaración de Chicago”, publicada en 2015 por el Comité para la Libertad de Expresión de la Universidad de Chicago. “Las universidades deberían favorecer las condiciones para que el pensamiento riguroso –y, por consiguiente, el desacuerdo, el juicio independiente y el cuestionamiento de asunciones obstinadas– pueda prosperar en un ambiente de gran libertad”, sostiene la declaración. “Las ideas de los diferentes miembros de la Universidad pueden entrar a menudo y de un modo natural en conflicto. Pero no corresponde a la Universidad tratar de defender a los individuos de ideas y opiniones que ellos consideran inoportunas, desagradables o incluso profundamente ofensivas”. 

Este tipo de reacciones son cada vez más necesarias para defender la libertad de expresión en los diversos foros del debate social. Frente a los intentos de nuevas formas de censura disfrazadas de respeto a la diversidad, hay que reivindicar la libertad de manifestar las propias ideas, derecho reconocido en las leyes. La única manera de preservar la libertad de expresión es ejercitándola. Y, como recordaba George Orwell en su prólogo a Animal Farm: “Si la libertad significa algo, significa el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír”. 

Mantener vivo el debate sobre cuestiones éticas controvertidas es una tarea necesaria frente a las modernas formas de intolerancia. Hay que defender también lo que la libertad religiosa significa en la práctica y la posible objeción de conciencia, en cuanto instrumento para vivir de modo coherente con las propias ideas. Cuando es preciso evitar que personas o instituciones sean discriminadas por sus ideas, cabe recurrir a los tribunales, para que se reconozcan en la práctica los derechos que la ley consagra. En definitiva, se trata de ejercer los propios derechos de ciudadano frente a las presiones de un nuevo conformismo. 

Fuente: I. A. Marzo de 2016

EL VALOR DE LO OPINABLE Y SU RELACIÓN CON LO VERDADERO

Se suele calificar de "opinable" aquello cuyo conocimiento carece de certeza, entendiendo por certeza la cualidad que sólo puede poseer el conocimiento de las materias que son objeto de la ciencia exacta o de la Revelación. En otras palabras, se entiende que sólo cabe certeza en lo que es objeto de demostración estricta o del argumento de autoridad que una firme definición del Magisterio de la Iglesia constituye. En principio, esto es perfectamente sostenible.

El problema radica en que, con frecuencia, la carencia de certeza se toma como equivalente a la carencia de verdad. Se piensa que un conocimiento en el que no es posible alcanzar una completa certeza es un conocimiento en el que tampoco cabe, propiamente hablando, verdad o falsedad, es decir, que se trata de una idea o concepción mental que no puede ser calificada como verdadera o como falsa en sentido estricto. Se llega así a pensar que lo opinable es aquello sobre lo cual las ideas, juicios o valoraciones que se puedan tener son completamente subjetivas, injustificables racionalmente y, por lo tanto, equivalentes a cualquiera otras. Declarar que un asunto es opinable acaba significando que toda postura sobre ello es equivalente, que, en consecuencia, saber o no saber sobre dicho asunto no afecta significativamente a la posibilidad de juzgar sobre él, y que, en el fondo, todo juicio sobre tal asunto no es más que una postura emotiva o interesada. "Opinable" se convierte en una categoría que, aplicada a una cuestión, sirve para legitimar la superficialidad, la pereza intelectual y la renuncia a la argumentación sobre todo lo referente a esa cuestión.

Desde este planteamiento, se puede terminar concibiendo la libertad y la verdad como antagónicas, pues, en cierto sentido, lo opinable se presenta como el campo para la libre determinación del sujeto, para el posicionamiento original y autónomo de la propia mente, mientras que lo verdadero, lo racional aparece como un límite que se impone desde fuera a la  libre subjetividad, "sometiéndola" a una medida uniforme y universal. La verdad se hace externa  y antipática, a la par que el ejercicio de la libertad se hace gratuito y trivial.

Se produce así esa llamativa combinación —tan extendida en la actualidad— de superficialidad y despreocupación en lo opinable, y afán obsesivo de rigor en lo científico. Subjetivismo y cientifismo conviven sin aparente dificultad en nuestra cultura. En buena medida, esta combinación es deudora del racionalismo moderno y, más exactamente, del fracaso del proyecto racionalista. El racionalismo aspiró a convertir en ciencia exacta y deductiva, en conocimiento "more geometrico" todos los saberes sobre el hombre: la moral, la política, el derecho, la economía... Al igual que el conocimiento sobre la Naturaleza, el conocimiento de lo propiamente humano tenía que adoptar el paradigma de la ciencia matemática para elevarse a la condición de auténtica ciencia, que era lo mismo que decir a la condición de auténtico conocimiento. Se pretendía que el grado de certeza en los asuntos humanos fuera el mismo que el que cabe en los fenómenos físicos. Para el racionalismo, no hay más razón que la razón matemática y, por ello, todo lo que no es conclusión apodíctica es mera conjetura.

Pero el proyecto racionalista fracasó, como era inevitable. Por su riqueza, complejidad y profundidad, la realidad humana no es sometible ni a la cuantificación ni a la racionalidad lógicodeductiva. Cuanto más propiamente humano es algo, y cuanto más es considerado en su integridad, menos cabe ciencia exacta sobre ello. Sin embargo, este fracaso no ha llevado a una suficiente revisión del concepto de razón que el racionalismo sostenía. Este concepto reduccionista de razón ha pervivido ampliamente, y lo que, en muchos ámbitos de nuestra cultura, se ha seguido del fracaso racionalista no ha sido otra cosa que un resignado escepticismo que niega la posibilidad de verdad en todo lo que no es susceptible de conocimiento estrictamente científico. Lo que queda fuera del alcance de la ciencia —de una ciencia respetada y venerada casi hasta la idolatría— no es más que sentimiento y preferencia subjetiva.

La cultura afectada por el racionalismo ha olvidado la distinción que el pensamiento clásico establecía entre ciencia (episteme) y opinión (doxa), y la acertada advertencia de Aristóteles, de que no es propio de hombres razonables buscar el mismo grado de certeza en todos los asuntos. Para Aristóteles y para buena parte del pensamiento medieval, hay materias sobre las que cabe ciencia, conocimiento estrictamente lógico y demostrativo, y hay materias sobre las que sólo cabe un tipo de conocimiento que no es lógico-deductivo, sino dialéctico o retórico. En ambos casos hay conocimiento y, por tanto, verdad, pero en el primero, la verdad es objeto de estricta demostración, mientras que en el segundo es objeto de argumentación o de persuasión. Esto es así porque, en este segundo caso, las premisas del razonamiento no son necesarias, es decir, siempre o generalmente pueden ser otras, y el razonamiento depende de la selección de  premisas que se haga. Esta selección puede ser, ciertamente, mejor o peor, pero nunca llega a ser unívoca o inapelable. En el campo de lo opinable, lo verdadero no es lo que un solo razonamiento lineal concluye apodícticamente, sino aquello en lo que converge una pluralidad de argumentos que, sin ser concluyentes por sí mismos ninguno de ellos, son los mejores argumentos formulables a partir de las mejores premisas.

Para que la diferencia entre lo científico (o lo dogmático) y lo opinable no conduzca al subjetivismo y a la frivolidad en lo segundo, es preciso superar el reduccionismo racionalista y volver a reconocer la posibilidad y el valor de una razón no demostrativa y de una verdad no demostrable. Este es un punto en el que, frente al simplismo del planteamiento moderno, destaca la sabiduría de los clásicos. La razón tiene también competencia en el campo de lo opinable, en el ámbito de las cuestiones sobre las que no cabe demostración, que es en realidad un ámbito mucho más extenso que el ámbito de lo científico. Dentro de lo opinable es posible  saber más o saber menos, tener razones mejores o peores, y estas diferencias son de decisiva relevancia.

Que el conocimiento que se pueda alcanzar sobre una materia sea sólo opinión, y no ciencia, no significa que cualquier opinión que se tenga valga lo mismo que cualquier otra y que lo único importante sea que la opinión que se tenga sea verdaderamente propia. La opinión no es mero capricho de la subjetividad, y cada opinión vale lo que valen las razones que la sostienen; por esto, lo más razonable es que un mismo sujeto no esté en condiciones de opinar —de tener opinión— sobre cualquier asunto. Sentirse en la obligación de opinar sobre cualquier materia, o en condiciones de tener opinión acerca de todas las cuestiones, es reflejo de un concepto subjetivista de la opinión, cuando no simple manifestación de vanidad. Respecto de lo opinable, lo importante es alcanzar la opinión mejor fundada, la opinión que cuente a su favor con razones más fuertes y menos vulnerables que las razones que se podrían presentar en contra. El valor de toda opinión es el valor de los argumentos que es posible aducir en su favor.

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Autor: Alfredo Cruz Prados, Profesor de Filosofía Política y de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Navarra.

Foto: atarifa CC

Ni libertad, ni igualdad ni servicio al ciudadano

Se consumó el desafuero. 

La noticia: "El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario VOX en el Congreso contra la "Ley Celáa" (Ley Orgánica 3/2020, de educación)". 

Se veía venir. El tribunal constitucional (desde ahora con minúsculas) lleva unos meses dando por buenas todas las iniciativas legislativas del actual gobierno, aunque sean clamarosamente inconstitucionales (en este caso, vulnerando el derecho a la educación y la libertad de enseñanza "garantizados" en el artículo 27 de la Constitución. Una reforma de la Carta Magna por vía de tribunal, sin acudir a los mecanismos políticos previstos para esto. 

Entre otros despropósitos, la sentencia dice que no todos los modelos educativos deben recibir ayudas públicas. ¿Cómo va a tener libertad de elección la inmensa mayoría de familias si han de pagar DOS VECES (vía impuestos y vía matrícula) la educación de sus hijos, según qué modelo educativo escojan? 

La plataforma Más plurales ha emitido el siguiente comunicado, suficientemente elocuente: 

MÁS PLURALES RESPETA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y MANTIENE SU RECHAZO A LA LOMLOE 

La Plataforma estudiará con detenimiento los fundamentos de la Sentencia, así como los votos particulares emitidos por cuatro magistrados. 

MÁS PLURALES respeta la Sentencia del TC aunque no la comparte y espera conocer y analizar con detalle los fundamentos que utiliza el alto tribunal para desestimar el recurso presentado y realizar en ese momento una valoración más profunda y desarrollada. 

La Plataforma MÁS PLURALES sigue defendiendo que hay aspectos de la LOMLOE claramente injustos sobre los que ya nos pronunciamos en su momento, que perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos. 

El hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la Sentencia pone de manifiesto que es una ley polémica y discutible. Por este motivo, la Plataforma seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida cuanto antes y que su impacto en las Comunidades Autónomas sea el menos perjudicial posible. 

MÁS PLURALES sigue trabajando por una Ley de Educación que: 

• Reconozca la complementariedad de las redes pública y concertada en el servicio de la educación sostenida con fondos públicos. 
• Consolide el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, respetando la demanda social a la hora de programar la oferta educativa. 
• Mantenga, sin exclusión, el acceso a la financiación pública de todo tipo de centros educativos autorizados por las administraciones públicas. 
• Permita la continuidad de los centros de educación especial para las familias que consideren que es lo más adecuado para sus hijos. 
• Establezca la financiación a coste real del puesto escolar de los centros concertados garantizando así la gratuidad total de los mismos y las necesarias mejoras laborales de sus profesionales, docentes y personal de administración y servicios. 
• Regule respetuosamente la asignatura de religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona, objetivo esencial de la enseñanza. 

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 Foto: atarifa CC

La presencia de la religión en el ámbito público. El artículo 16 de la Constitución Española

Por Andrés Ollero, Catedrático de Filosofía del Derecho.
En la revista Sevilla Nuestra, primavera de 2020

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Andrés Ollero

Lo primero que salta a la vista en este epígrafe del artículo 16 de nuestro texto constitucional es la equiparación de la libertad religiosa con la ideológica. Esto implica un rechazo de todo intento de subordinación o minusvaloración de la dimensión religiosa en el ámbito público, como la pretendida por los planteamientos laicistas. La libre expresión de la propia ideología es exigencia elemental en una sociedad democrática; lo mismo cabe pues afirmar en ella de la vivencia sin obstáculos de las propias convicciones religiosas.

Entre unas cosas y otras, es fácil que uno acabe oyendo de vez en cuando alguna tontería. Nunca he oído sin embargo que alguien defienda la conveniencia de una igualdad ideológica, salvo que pretenda reinventar el partido único. Pero la estadística no perdona: he oído a algunos que se quejan de que en España no hay igualdad religiosa. Asunto distinto es cómo convivir en una sociedad pluriconfesional.

Tan absurdo como impedir la libre manifestación de la propia concepción del mundo sería el intento laicista de privatizar la vivencia religiosa, como si se la considerara perturbadora de la convivencia social. Ya suena demasiado a viejo aquello de considerar a lo religioso como el opio del pueblo, pero -quizá inconscientemente- los laicistas parecen pretender replantearlo como si la religión debiera ser tratada como el tabaco del pueblo: fume usted poquito y en su casa.

El mantra que esgrime el laicista de turno es que no se puede imponer las propias convicciones a los demás; como si él mismo no tuviera convicciones. Ya Io escribió Machado: "Zapatero, a tu zapato, os dirán. Vosotros preguntad: ¿y cuál es mi zapato? Y para evitar confusiones lamentables, ¿querría usted decirme cuál es el suyo?".

Por si no quedara claro, la primera línea del precepto arriba citado incluye a la vez la libertad de culto, con su inevitable proyección pública; a la vez que deja bien claro que no se trata de una mera piadosa actividad individual sino que incluye manifestaciones comunitarias, como las tan gozosamente abundantes en Sevilla.

El Tribunal Constitucional, al referirse al ejercicio de los derechos fundamentales, no deja de avisar que no hay derechos ilimitados. Los derechos son siempre libertad delimitada, para hacer posible la convivencia, e igualdad delimitada, para no ahogar la libertad. Al fin y al cabo la justicia, que aparece con una y otra como valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1.1), no es sino el ajustamiento de libertad e igualdad.

El límite de las libertades ideológica y religiosa es sin embargo particularmente mínimo: lo estrictamente necesario para el mantenimiento del "orden público". (...) Tal orden es como el núcleo duro de los derechos fundamentales, ajenos a toda negociación. Por muy devotos que parecieran sus adeptos, no se consideraría constitucional una comunidad que se reuniera los miércoles para realizar sacrificios humanos, premiando al afortunado con pasar a mejor vida.

El segundo epígrafe de nuestro artículo es sin duda el menos conocido, lo que facilita que se vea con facilidad atropellado. Dice así: 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Lo que tiende a olvidarse es su consecuencia: atenta a la convivencia democrática quien descalifica inquisitorialmente opiniones ajenas echándole a su autor en cara sus creencias religiosas; como si con ello estuviera profanando un ámbito público presuntamente neutro. Algo tan poco elegante como nombrarle a la madre. Bien experimentado lo tendrán quienes se atrevan a defender la vida del no nacido o del enfermo terminal.

Una sociedad religiosamente neutra sería tan poco democrática como una sociedad ideológicamente neutra. La frontera entre lo neutro y la neutralización es muy tenue. Sobre todo cuando, opinando uno seis y otro tres, llega el neutral de turno y lo soluciona a su manera: cero y todos contentos...

El epígrafe más enjundioso del artículo 16 acabará siendo el tercero, que pone en cuestión el dogma laicista de una obligada separación entre lo religioso y los poderes públicos, entendida como no contaminación. Quizá por alergia al incienso, se pretende imponer un espacio social libre de humos. El término "separación" ni siquiera está presente en la Constitución, que lo sustituye -como veremos- por otro bien distinto: cooperación.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Queda pues claro que el Estado español no es confesional. Cada ciudadano podrá tener la religión que libremente prefiera o no tener ninguna. Dejará en su contorno social, como es lógico, la huella de sus propias convicciones; como un ejemplo de pluralismo, reconocido también como valor superior del ordenamiento jurídico en el artículo que abre la Constitución.

Lejos de mostrarse ciegos ante lo religioso, los poderes públicos han de tenerlos en cuenta, no para ajustarle las cuentas, sino para ver el modo de atenderlos con la cooperación en cada caso más eficaz. A eso llama el Tribunal Constitucional laicidad positiva. Dado el pluralismo de confesiones religiosas, el resultado será obligadamente desigual; pero no de acuerdo con los caprichosos humores de quienes ejerzan el poder, sino del modo consiguiente a las creencias religiosas de sociedad española. De ahí la referencia a la Iglesia Católica, ausente en el anteproyecto de constitucional, pero incluida luego con el elocuente apoyo del mismísimo Santiago Carrillo.

Los torquemadas del lobby LGTBI

El verdadero valor se necesita hoy para ir contra corriente y oponerse a la nueva tiranía de género. Por eso he agradecido que me enviaran este artículo de Joan Font publicado en El Mundo Baleares, titulado Los torquemadas del lobby LGTBI.

No solo por el valor; sobre todo, porque sirve de aviso de lo que está pasando, casi sin darnos cuenta. Por eso lo traslado a este blog -dedicado a defender la libertad frente a las tiranías contemporáneas-, por si ayuda a reaccionar. ¿O ya es demasiado tarde?

El Mundo 12/03/2016
Joan Font Rosselló

foto atarifa CC

Decía Chesterton que «atacar cosas caducas y anticuadas no supone ningún coraje, no supone más que el que se necesita para agredir a su propia abuela. El hombre realmente valiente es aquel que desafía tiranías jóvenes como el alba, supersticiones frescas como las primicias en flor». Cito estas bellas palabras de Chesterton para felicitar a Agustín Buades, hasta hace poco presidente del Instituto de Política Familiar de Baleares, por su valentía a la hora de denunciar en solitario este calamitoso proyecto de ley que ha entrado en la Cámara balear y que tiene por objeto «garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales». Buades ha publicado una serie de artículos muy acertados donde ha puesto los puntos sobre las íes y en los que ha expuesto lo que piensan muchos y que pocos se atreven a decir, por la estigmatización que supone situarse contra el poderosísimo lobby gay.

Las posiciones del lobby LGTBI están tan intrínsecamente unidas a la corrección política dominante que, en su toma de consideración en el Parlament, se leyó como aperitivo al debate -otorgándole un carácter de institucionalidad sin venir a cuento- un manifiesto del colectivo de marras donde se afirmaba que «rechazar esta ley era homofobia, bifobia y transfobia» y no sé si me olvido de alguna fobia más. Observamos, por tanto, que la actitud de este colectivo es de censura. Son los nuevos inquisidores de una nueva tiranía, que diría Chesterton, la religión LGTBI, la única verdadera, que nos dicen a los demás lo que debemos pensar y aceptar so pena de caer en la estigmatización social. Me recuerda a los filólogos de la UIB para quienes la no utilización de un correcto estándar por parte de los personajes públicos debería ser motivo de «reprobación social». El colectivo-víctima LGTBI no quiere discrepancia, no quiere debate público, sólo sometimiento y censura. Por eso, y por su ferocidad, el silencio en torno a estas cuestiones es atronador.

Los argumentos de Agustín Buades son impecables. La lucha contra la discriminación es la lucha por el respeto y la dignidad de aquel que es diferente a mí, sea homosexual, musulmán, leninista o nacionalista. Esta dignidad, sin embargo, no nace por el respeto o adhesión -nula- que me puedan merecer la ideología de género, el Islam, el leninismo o el nacionalismo, sino por el hecho de ser personas de carne y hueso. Les respetamos no porque sean homosexuales, musulmanes, leninistas o nacionalistas, sino porque son personas como nosotros. De ahí, por ejemplo, que no sean lícitos en democracia los ataques personales (al destruir la dignidad del otro) y en cambio sí lo sea atacar las opiniones ajenas, puesto que el debate plural de ideas es la esencia de la libertad de expresión y de conciencia.

Como apunta Buades, «una cosa son las personas, otra su conducta sexual y otra sus opiniones sobre la sexualidad. A la persona hay que respetarla siempre; y respecto a ella no caben discriminaciones de ningún tipo. Las conductas sexuales, por el contrario, son respetables si no incurren en materia delictiva -como la pederastia- pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas. Respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades». En cambio, el lobby LGTBI pretende imponer socialmente una determinada visión de la sexualidad y blindarla institucionalmente, identificando cualquier rechazo a la ideología de género como una «discriminación» al colectivo LGTBI. Hasta aquí podíamos llegar.

Ya sé que ciertos matices y distinciones son difíciles de entender para quien ha interiorizado ser una víctima de la sociedad. El gigantesco movimiento del resentimiento que está haciendo furor en España pretende convertir ahora al colectivo LGTBI en un colectivo-víctima con derechos especiales, como si pertenecer a él te diera una identidad distinta que te determinara por completo como persona y, en consecuencia, te hiciera acreedora de una serie de privilegios. ¿Cuáles? El proyecto de ley obliga a educar a los niños considerando la homosexualidad y la bisexualidad, al margen de la libertad religiosa y del derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. Contempla la censura y un rosario de sanciones administrativas para el discrepante. Las denuncias por homofobia (recordemos que la homofobia ya está penada en España) no deben ser demostradas por el denunciante sino que debe ser el denunciado el que demuestre su inocencia, invirtiéndose la carga de la prueba y convirtiendo estas denuncias en un mecanismo de chantaje en todos los ámbitos, incluso en el lugar de trabajo. Como siempre, después de la mística viene la política.

Todos nosotros somos multidimensionales, somos la suma de todas nuestras dimensiones -entre las que se incluye nuestra orientación sexual y, naturalmente, nuestra opinión sobre la sexualidad-, no seres unidimensionales y absolutamente determinados por una sola dimensión humana, sea ésta el sexo, la orientación sexual, el estrato social, la lengua o una determinada forma de pensar. Las ideologías convierten cada una de estas dimensiones en la premisa sobre la que construyen una visión del mundo parcial y una identidad excluyente, olvidándose de que la persona es algo más que su orientación sexual, su sexo, su lengua o su estrato. El hecho de que el colectivo LGTBI haya estado discriminado históricamente y siga estándolo en otros países no les da ningún derecho a imponer su punto de vista sobre la sexualidad a los demás. Como homosexuales y demás, necesitan reconocimiento, respeto e igualdad ante la ley, no derechos especiales como colectivo. La experiencia nos enseña que es muy difícil que, una vez logrado el reconocimiento que se merecían en sociedades democráticas, este tipo de movimientos no acaben deslizándose por la pendiente de la revancha y el sectarismo. Ha ocurrido con los catalanistas y las feministas, por poner dos ejemplos señeros de esta evolución donde las iniciales y justas demandas de reconocimiento son dejadas de lado una vez han sido aceptadas socialmente para aspirar, en un segundo estadio, a dominar la sociedad. Un dominio ideológico al que quieren llegar gracias al Estado, al que quieren hacer creer que su obligación, en una especie de venganza diferida, es resarcir «aquí y ahora» el daño causado por la sociedad «en el pasado o en otras latitudes».

Que unos paguemos lo que hicieron otros nunca ha sido justicia y nos lleva a un espiral de agravios pretéritos sin fin. Una locura en la que andan enfrascados los de Podemos, un compendio de todas las ideologías sustentadas en la envidia y el resentimiento, de ahí que estos demagogos rebobinen continuamente el pasado en su afán por ajustar cuentas con todos nosotros. Y aunque «el triunfo de las demagogias sea pasajero, las ruinas son eternas», como decía Charles Peguy.

Imparcialidad, religión y Tribunal Constitucional

Es un tanto largo y alguien diría que pasado de agenda; pero es actual como la vida misma, porque la sentencia está por salir y porque la cuestión de fondo es eterna.

Por Juan Antonio García Amado
Análisis Digital, 21 agosto, 2012 Por Manuel Cruz

foto Alberto Tarifa

Se ha armado un poquito de polémica porque Andrés Ollero va a ser el ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de la vigente ley que declara jurídicamente lícito el aborto dentro de ciertos plazos. Andrés Ollero ha tomado posesión hace muy poco de su cargo de magistrado del Constitucional, es catedrático de Filosofía del Derecho, fue durante un buen puñado de años diputado del PP y portavoz de Justicia de dicho partido en el Congreso de los Diputados. Eso ocurrió hace unas cuantas legislaturas y durante los últimos tiempos se ha dedicado a su cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado diversos trabajos muy críticos con la permisión jurídica del aborto voluntario y pertenece al Opus Dei.

Antes de entrar en materia, añadiré tres pequeños datos que me conciernen. Uno, que tengo una buena relación académica y personal con Andrés Ollero. Este mismo año ha aparecido un libro que recoge una polémica nuestra a propósito del positivismo jurídico, libro editado por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo y que corresponde a un debate organizado en Madrid por dicha Fundación, ligada al Colegio de Registradores de la Propiedad. Ollero me pidió que fuera contraponente y discutidor de sus tesis y la experiencia fue personalmente gratificante y académicamente estimulante. Dos, que ni soy creyente de religión ninguna ni simpatizo especialmente con el Opus Dei, organización católica con la que aquí mismo he sido bien crítico más de una vez.

Tengo compañeros del Opus con los que me llevo de maravilla y otros que me caen regular; igual que me pasa, como a cualquiera, con compañeros ecologistas, conservadores, izquierdistas, liberales, feministas, machistas, nadadores, abstemios, borrachines, aficionados al fútbol o coleccionistas de sellos. Por último, he de decir que el asunto del aborto me parece extremadamente difícil y que no tengo una postura completamente definida sobre cómo conviene tratarlo en Derecho. Me desagradan tanto la hipocresía de la derecha que se conforma con el simbolismo jurídico y no repara demasiado en las consecuencias de los abortos clandestinos o en las mil maneras de hacer la trampa a la ley restrictiva, como el ancha es Castilla de alguna izquierda, que trata el abortar como si de extirparse una espinilla estuviéramos hablando.

Permítaseme que, en lo que sigue, haga toda la abstracción posible sobre el asunto jurídico y moral de fondo y que no hable de si aborto sí o aborto no, sino de los tribunales constitucionales y las condiciones de su decidir.

El problema de Ollero en relación con la sentencia del TC sobre el aborto estriba, según ciertos medios y muchas reacciones, en que él es católico confeso y declarado miembro del Opus y que, por tanto, se sabe con bastante certeza que no le hace ninguna gracia la tolerancia jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre esa base, se conoce o se sospecha con buen fundamento o con algún fundamento que es probable que proponga la inconstitucionalidad de la norma legal en cuestión y que así vote en el seno del Tribunal.

Ahora bien, con parecida certeza o convicción podríamos adivinar el voto de Ollero por otras razones, reales o supuestas. Por ejemplo, si fuera o hubiera sido miembro de algún grupo defensor del aborto libre y despenalizado y hubiera firmado escritos con tales propuestas. O por ser o haber sido militante y destacado diputado del PP, que además es el partido que ha propuesto inicialmente su nombramiento como magistrado. De hecho, lo que la experiencia enseña hasta ahora y con muy limitadas excepciones es que los magistrados propuestos por el PP votan en el Tribunal lo que el PP propugna y los que fueron respaldados por el PSOE votan de acuerdo con lo que al PSOE le interesa.

¿Preocupa en los medios políticos y en los periódicos que son sus voceros la imparcialidad de los magistrados? ¿Proviene la inquietud de que los magistrados puedan no meramente tener su precomprensión o su opinión previa de asuntos tan delicados y polémicos como este -lo cual es inevitable entre gente que reflexiona sobre los grandes asuntos del Derecho y el Estado-, sino de que puedan algunos ser meras correas de transmisión de partidos políticos, asociaciones ideológicas de cualquier tipo o confesiones religiosas? Es decir, ¿se teme que en razón de su adscripción política, ideológica o confesional algunos magistrados no razonen en su labor con la debida ponderación e imparcialidad?

Me parece que no es esa la tónica general de este debate, por desgracia. Si de tan elevada preocupación se tratara, los diversos medios y grupos que tercian en la discusión invocando el prejuicio posible de algunos magistrados harían completa abstracción de la índole de tal prejuicio presunto. O sea, que el antiabortismo de Ollero o el proabortimo anterior de un hipotético magistrado inquietarían por igual a El País o Público que a ABC o La Razón. Creo que no es el caso. O que un magistrado haya tenido o tenga estrechos vínculos con un partido que interviene en el debate sobre la ley importaría lo mismo al margen de cuál sea ese partido, el PP o el PSOE, por ejemplo. Tampoco es el caso, en mi opinión. Una cosa es desear que los magistrados sean imparciales y no estén predeterminados por la disciplina o los postulados de ningún grupo “ideológico” y otra es querer que ganen “los nuestros” al precio que sea. El que solo se inquieta por la parcialidad de una parte es parcial por definición, por mucho que enarbole la bandera de la imparcialidad y jure que vive al lado del auditorio universal o de la comunidad ideal de hablantes. De muchos de los colegas de mi gremio que más aprecio y respeto puedo adivinar con el mismo grado de probabilidad que con Ollero lo que en este caso votarían si ellos fueran los que estuvieran en el Tribunal Constitucional. Lo sé por lo que les he leído, lo que les he escuchado y porque conozco con bastante certeza su legítima adscripción ideológica o de partido. No son ni peores ni mejores que Ollero por militar en otros partidos o en otras “iglesias”.

Si de defensa de la imparcialidad y objetividad del Tribunal Constitucional se tratara, lo que se estaría poniendo en solfa serían los procedimientos de nombramiento de los magistrados y las condiciones para su desempeño. Si la ligazón pasada o presente de un magistrado con un partido político es lo que se cuestiona, habrá que hacer completa abstracción de cuál sea ese partido y habrá que hablar de las reglas generales atinentes a la relación entre magistrados y partidos. Lo que razonablemente y con mínima ecuanimidad no cabe es que ese obstáculo se plantee nada más que para los del PP o para los del PSOE o los de IU o cualquier otro partido. ¿O acaso hay partidos legales que no “contaminan” porque su discurso y su programa se corresponde objetivamente con el Bien, la Verdad y la Justicia, mientras que otros sí dañan porque viven en el error y la impostura y a esos ni agua? ¿Es compatible una tal actitud con la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho?

Luego, con matices especiales, está el tema de la religión. A mí las religiones me gustan bien poco, ya lo he dicho, y menos todavía me agradan las confesiones o iglesias que intentan forzar para que la vida social y la organización de los asuntos públicos se adapte, sí o sí, a los imperativos de la moral de sus creyentes o al dogma de sus libros sagrados. Ahora bien, ¿hay una diferencia cualitativa entre una manifestación de católicos contra el aborto y una manifestación de ecologistas contra las centrales nucleares o contra la llamada fiesta de los toros y debe esa diferencia cualitativa plasmarse en menores derechos de los primeros que de los segundos? ¿Debería vetarse el acceso a la magistratura constitucional a los primeros solamente o a todos? ¿Tendría Andrés Ollero que abstenerse en la votación sobre la ley del aborto y debería también abstenerse el magistrado ecologista defensor de los derechos de los animales y conocido antitaurino si se fuera a votar la constitucionalidad de una ley que prohibiera las corridas de toros? ¿Y el magistrado que hubiera escrito un libro argumentando a favor de la inexistencia de todo impedimento moral o constitucional de una ley de plazos para el aborto? Si extremamos esos razonamientos, tendríamos que acabar proponiendo que solo llegaran al Constitucional magistrados que nunca hubieran dicho nada relevante o comprometido sobre ningún asunto que puedan tener que juzgar un día; o deberían abstenerse siempre que les tocara sentenciar sobre temas de los que antes opinaron. Pero todos. Y, por cierto, ¿alguien dudó alguna vez de lo que votaría María Emilia Casas, entre tantos otros de acá o de allá, en cualquier asunto sobre el que tuviera postura muy marcada el PSOE? ¿Duda alguien de lo que votará Pascual Sala sobre el tema del aborto? O fuera máscaras o todos con máscara. Yo preferiría desenmascarar, ciertamente, pero entonces hay que ir a por todos y todas.

En un Estado constitucional, democrático y no confesional, la religión no debe ser favorecida y los creyentes de tal o cual confesión no tienen que contar con ventajas especiales. Pero tampoco se puede suponer que haya base constitucional para su discriminación.

¿Qué tiene de particular la religión como base del juicio moral y político de sus fieles? El dogma, el distinto fundamento para la ética del sujeto. Si yo, ateo, opino que la acción A es moralmente lícita y la acción B es moralmente ilícita y me preguntan por qué pienso así, tendré que buscar razones y razones e intentaré construir una teoría coherente y convincente que respalde mis tesis y las haga aptas para su razonable aceptación por los demás. El creyente también puede razonar así, por supuesto, pero en su fuero interno cuenta con una base de la que yo carezco: en última instancia, lo que está bien está bien porque así lo dispuso Dios por sí o por sus representantes, y lo que es moralmente malo e indebido lo es, en últimas, porque Dios no lo quiere y a Dios ofende. Una ética apoyada en la fe religiosa es una ética que da a quienes la profesan un respaldo de verdad y objetividad del que las demás éticas carecen o que exige una fundamentación mucho más difícil. Donde la razón no alcanza o allí donde sus resultados se vuelven brumosos e inciertos, el creyente tiene el sostén de la divina autoridad y el otro no tiene autoridad a la que acogerse. Al menos en teoría, el católico congruente dudará menos sobre la licitud o ilicitud moral del aborto voluntario, pues de mano ha de partir de lo inmoral y pecaminoso de tal acción.

Pero dos apostillas convine añadir de inmediato. La primera, que, por desgracia, el monopolio del dogmatismo, el grupalismo y los apriorismos no lo poseen las personas religiosas. Vemos cada día a muchos no creyentes o ateos confesos que militan en las más variadas causas morales, políticas y sociales con un fervor perfectamente parangonable al religioso y con nula capacidad crítica o autocrítica. Esto está bien o mal porque sí o, sobre todo, porque así lo proclaman mi líder, mi partido, mi grupo o los de mi cuerda. Por eso son tantos los que siguen a ciegas a los de su camada y tanto cuando la camada o sus dirigentes dicen so como cuando dicen arre.

El segundo matiz es que no hay base para negar que los creyentes religiosos tengan capacidad para la deliberación ecuánime en los asuntos de interés general. Por cierto, creo que Obama no es o no se dice ateo, sino persona religiosa, de confesión protestante. Es perfectamente imaginable y en la historia podemos hallar un sinfín de individuos religiosos que no decidieron temas jurídicos y políticos bien delicados con arreglo a los dictados de su personal conciencia moral religiosamente marcada, sino con atención a los requerimientos del interés general, a los dictados de la ley o la Constitución y diferenciando entre ética personal y ética pública. A un católico coherente, por ejemplo, su moral le impele a no abortar o a no colaborar con un aborto, pero no necesariamente a votar contra una ley que permita bajo tales o cuales condiciones el aborto voluntario.

Veámoslo de otra manera. Dos magistrados, M y N, votan contra la constitucionalidad de la ley que permite abortar cuando se cumple determinada condición. De M sabemos que es ferviente católico, de N conocemos que es ateo. ¿Tiene por definición distinto valor racional el voto de M y N? ¿O habrá que hacer abstracción de esa circunstancia y mirar las razones con las que el voto expresamente se motiva y juzgar por la admisibilidad de esas razones? ¿Excluimos de entrada a M o a N de la comunidad de argumentadores racionales? ¿Y si resultó que M votó a favor de la constitucionalidad de la ley y N en contra? Porque si de lo que nosotros arrancamos es de que la verdad no tiene más que un camino y que ese camino es el que nosotros propugnamos, los dogmáticos al viejo estilo religioso o eclesiástico somos nosotros. Tan nociva o más que las religiones propiamente dichas es la religiosidad secular que abrazan muchos de los que se dicen no creyentes y no son capaces de vivir sin su “iglesia”, su comunidad de fieles, sus ritos, sus mandamientos, su inquisición y sin el hábito de dividir a los humanos en virtuosos y réprobos. El enemigo de la convivencia libre y en igualdad no es la fe, es el dogmatismo; el dogmatismo de muchos que tienen fe y de muchos de los que dicen no profesarla y se piensan progresistas y libérrimos. Ni Hitler ni Stalin ni sus seguidores y secuaces eran gentes de iglesia propiamente dicha, y ya se vio cómo era su catadura. Otros, como Franco y la mayoría de sus partidarios, eran unos meapilas. La diferencia que más importa, pues, debe de estar en otra parte, en otras cosas.

El día que acabemos de convencernos de que la decisión de cada magistrado constitucional está plenamente determinada por su adscripción religiosa o de partido nada más que nos quedará una salida, si es que no nos gusta el juego en esos términos de fraude: o cambiamos las reglas del juego y los elegimos de otra manera y bajo otras condiciones o, si pensamos que no hay arreglo por esa vía, imponemos un revolucionario sistema de control de constitucionalidad: a cara o cruz, puro aleas. Eso sería mucho más imparcial. Lo que no tiene presentación es que estemos todo el día en la procesión y repicando: que qué calamidad que los magistrados sean parciales y prejuiciosos, pero que qué bien cuando son de los míos o están en mi onda o de su prejuicio sale el fallo que a mí me gusta. Eso se llama ley del embudo.

Publicado por Garciamado en domingo, agosto 19, 2012

Dos caras de la misma moneda. Libertad religiosa y libertad de conciencia

Por Rafael Navarro-Valls
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

La libertad religiosa es la primera de las libertades, pero la libertad de conciencia es la estrella polar que orienta a las democracias. Dos caras de la misma moneda. Baste un ejemplo. No hace mucho, se reunían en Roma el primer líder político del mundo (Barack H. Obama) y la primera autoridad moral de la tierra (Benedicto XVI). El encuentro –en tiempo útil - duró unos veinte minutos. De ellos, ocho se dedicaron a la objeción de conciencia, en el marco de la libertad religiosa.

Es sintomático que, a la hora de destacar un tema que preocupe hoy a los dos núcleos más intensos de poder de la Humanidad, sea precisamente el de los choques entre conciencia y ley, que pone cada vez más de manifiesto los oscuros dramas que se generan en algunas minorías por leyes de directo o indirecto perfil ético. Un modo de decir que no es la objeción de conciencia una especie de ‘delirio religioso’, un subproducto jurídico que habría de relegarse a las catacumbas sociales. Al contrario, es una clara especificación del derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia.

Esto es precisamente lo que acaba de concluirse en zonas muy diversas de dos continentes. Por un lado, en el marco de la objeción de conciencia al aborto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Resolución 1763, 2010), ha proclamado vigorosamente la “ obligación de garantizar el respeto del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de los proveedores de asistencia sanitaria”, Por otro, Perú promulga su primera ley de libertad religiosa (diciembre 2010), dedicando su artículo 4 a la tutela de objeción de conciencia, cuando alguien se ve constreñido a incumplir una obligación legal «por causa de un imperativo, moral o religioso grave o ineludible.

La razón de esta especie de contra-ataque de los derechos humanos trae su causa en dos razones. Las primera, los vientos de fronda que soplan en algunos países de Oriente contra la libertad religiosa. La segunda, una concepción del poder – sobre todo en Europa- que está convirtiendo la ley en un “simple procedimiento de gobierno, para transmitir consignas ideológicas con precipitación y, a veces, con vulgaridad.

Cuando se pide, en nombre del Papa, a la comunidad internacional que intervenga “de forma fuerte y clara” en la tutela de la libertad religiosa, se está poniendo en juego la primera cara de la moneda, “atónitos ante la intolerancia y la violencia”. Y cuando se denuncia la incontinencia normativa del poder, que intenta imponer por vía legislativa una filosofía beligerante con las conciencias, la moneda es vista desde su otra cara, aquella que legítimamente multiplica las objeciones de conciencia como reacción. Hace tiempo en América se desató la caza de brujas. Uno de sus objetivos fueron los actores de Hollywood. Esta fue su reacción : “hay muchas maneras de perder la propia libertad. Puede sernos arrancada por un acto tiránico, pero también puede escapársenos día tras día, insensiblemente, mientras estamos demasiado ocupados para poner atención, o demasiado perplejos, o demasiado asustados". Tenían razón.

IGUALES PERO DIFERENTES

La lucerna encendida: IGUALES PERO DIFERENTES

Laicidad y libertad religiosa

Por Juan Moya, Doctor en Medicina y en Derecho Canónico, en Análisis Digital, hoy, 25 de julio de 2010

El arzobispo Dominique Mamberti, encargado de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, ha intervenido en La Habana en unas jornadas sobre la laicidad del Estado. Nos vienen muy bien en nuestro país algunas de las cosas que allí ha dicho.

En primer lugar conviene recordar que tanto el término como la realidad misma de la “laicidad” no existiría sino fuera por el cristianismo, pues sin la distinción fundamental que Jesucristo hizo entre lo que el hombre debe a Dios y lo que debe al “César” no podríamos hablar de laicidad. Como ha dicho Benedicto XVI, desde su origen el cristianismo es una religión universal y por tanto “no identificable con un Estado; presente en todos los Estados y distinta de cada uno de ellos. La religión y la fe no están en la esfera política sino en otra esfera de la realidad humana; y la política, el Estado, no es una religión sino una realidad profana con una misión específica. Y las dos realidades deben estar abiertas una a la otra”.

El término “laicidad” ha sido desvirtuado por el uso que se le ha dado en el ámbito político. “Laicidad” deriva de “laico” y tiene su origen en el ámbito eclesial, como cualquier persona medianamente informada sabe. Y el “laico”, en su acepción más elemental era y es “el que no es clérigo”, pero no como realidades contrapuestas, sino simplemente distintas y complementarias. Ahora –en realidad desde el Iluminismo de la revolución francesa- algunos emplean ambos términos con un sentido de oposición neta entre la vida civil y la vida religiosa o eclesial, como si se tratara de dos enemigos incompatibles. Señala el Papa que “en los tiempos modernos ha tenido el significado de exclusión de la religión y de sus símbolos de la vida pública mediante el confinamiento al ámbito privado y de la conciencia individual. Así ha sucedido que al término laicidad se le ha atribuido una acepción ideológica opuesta a la que tenía en su origen”.

Así pues, la laicidad se ha convertido en laicismo: es decir, en una visión de la vida civil en la que se excluye la dimensión pública religiosa de la vida humana. En este sentido la laicidad laicista no asegura, sino más bien obstaculiza, el derecho a la libertad religiosa. Y es que la supuesta neutralidad del Estado con relación al credo de sus ciudadanos es insuficiente, pues los Estados tienen que garantizar la libertad religiosa de esos mismos ciudadanos. De lo contrario, si se subordina la libertad religiosa a cualquier otro principio, “la laicidad tiende a transformarse en laicismo, la neutralidad en agnosticismo y la separación en hostilidad”, ha escrito el profesor Martín de Agar. En este caso, paradójicamente, el Estado supuestamente neutral, pasa a ser un Estado “confesional”, cuya “religión” es la ideología laicista, “hasta con sus ritos y liturgias civiles”.

Como decía Juan Pablo II cuando estuvo en Cuba en 1998, “el Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe promover un clima social sereno y una legislación adecuada, que permita a toda persona y a toda confesión religiosa vivir libremente su propia fe, expresarla en ámbitos de la vida pública y poder contar con los medios y espacios suficientes para ofrecer a la vida de la Nación sus propias riquezas espirituales, morales y cívicas”.

Y es que el cuidado del Estado por el bien de los ciudadanos no puede limitarse a algunas dimensiones de la persona, como la salud física, el bienestar económico, etc. “El hombre se presenta frente al Estado también con su dimensión religiosa”, lo que implica que el Estado no impida los actos voluntarios y libres de la persona hacia su Creador. “Esos actos no pueden ser mandados ni prohibidos por la autoridad humana”, ha afirmado Benedicto XVI, que por el contrario tiene el deber de respetar y promover esa dimensión.

El derecho a la libertad religiosa no se garantiza por el mero hecho de no hacer violencia o no intervenir en las convicciones personales, o por limitarse a respetar la manifestación de la fe en el ámbito propio del culto, pues no se debe olvidar que “la misma naturaleza social del hombre exige que éste exprese externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, y que profese de modo comunitario su religión”, sigue diciendo el Papa. La libertad religiosa no sólo es un derecho del individuo, sino también de la familia, de los grupos religiosos y de la Iglesia misma, como proclamó el Concilio Vaticano II en el Decreto “Dignitatis humanae”.

Se trata, en palabras de Mons. Mamberti, de “coordinar rectamente laicidad y libertad religiosa, tomando la primera como un medio importante pero no exhaustivo para respetar la segunda”, sin reduccionismos que terminen negándola.

* Foto: Estandarte, Virgen de Montserrat, Granada 020607, © atarifa