jueves, 24 de noviembre de 2016

“La religión ha movilizado a millones de personas contra regímenes autoritarios”

El catedrático Rafael Navarro-Valls, vice-presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha participado en el VIII Simposio San Josemaría los pasados días 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Congresos de Jaén. Su aportación al tema del simposio ―Diálogo y convivencia― se refiere a la difícil avenencia habitual entre los Estados y el de las Iglesias o confesiones religiosas. A su juicio, estamos asistiendo a un proceso lento en que la versión anticlerical y combativa de la laicidad deja paso a una laicidad moderada más favorable al libre mercado de las convicciones.

Entrevista de José María Garrido Bermúdez, publicada en Ideal de Jaén, el 16 de noviembre de 2016.

― Usted es especialista en las relaciones entre el Estado y las Iglesias, ¿por qué resulta tan difícil delimitar los ámbitos de actuación de uno y otro?

Es un asunto complicado. Este difícil equilibrio práctico se debe, en parte, a que, en el plano de las convicciones ―incluidas las religiosas― existe una doble patología bastante extendida: la fundamentalista y la relativista. La persona fundamentalista racionaliza una verdad ―para él universal―, y de esta racionalización deduce el derecho de imponerla a los demás. La relativista hace también una afirmación universal: toda es relativo. Y de ahí su deseo de difundir el escepticismo. Me parece que lo difícil es una postura política práctica que admita la unidad entre verdad y libertad. La libertad del hombre tiene una necesidad interior de reconocer la verdad, allí donde la encuentra. Pero, por otro lado, no es posible imponer la verdad, hay que proponerla, que es algo muy distinto.

― ¿Piensa que el cristianismo ha propuesto algo a nuestra sociedad laica?

Desde luego. Muchos valores democráticos tienen un profundo aroma cristiano: la igualdad; la equidad; el concepto de soberanía; los derechos del hombre, especialmente la libertad religiosa; la dignidad de la mujer; el Derecho penal, el de familia, el valor de los compromisos al margen de su forma externa; la intrínseca justicia de la ley no procedimental, etc. Se puede decir que, en buena medida, estos son valores cristianos que se han hecho civiles en su evolución histórica y cultural.
Por otra parte, y como han demostrado Shah y Toft, la religión ha movilizado a millones de personas contra muchos regímenes autoritarios, para que inaugurasen transiciones democráticas, apoyando los derechos humanos. En el siglo XX, los movimientos religiosos ayudaron a poner fin al Gobierno colonial y a acompañar la llegada de la democracia en Latinoamérica, Europa del Este, el África subsahariana y Asia. La Iglesia católica posterior al Concilio Vaticano II jugó un papel crucial, oponiéndose a los regímenes autoritarios y legitimando las aspiraciones democráticas de las masas, lo cual fue especialmente evidente en España.

― ¿Cuál sería para usted el sentido valioso de la laicidad del Estado?

Coincido con William McLoughlin, en que su sentido original no fue tanto “el de hacernos libres de la religión como el de hacernos oficialmente libres para su práctica”.
Pero este sencillo concepto, que habría debido orientar como una estrella polar las relaciones Estado/Iglesias, pronto evolucionó hacia una tendencia del Estado a crear, junto a zonas de libertad en otros campos, una especie de “apartheid religioso.” Algo así como volver a meter a Jonás en el vientre oscuro de la ballena, confinando poco a poco los valores religiosos en las catacumbas sociales.

― ¿No le parece que habría más tolerancia en un Estado plenamente laico, que solo permitiese la práctica religiosa en la esfera privada?

Un Estado plenamente laico, como usted dice, no es un Estado laico radical. Un Estado laico radical es lo que propugnó Francia en sus orígenes revolucionarios. Pero, como ha estudiado Jeremy Gunn, la historia real de la laicidad francesa está llena de ejemplos de grupos religiosos que son disueltos por el Estado, de líderes religiosos arrestados por una alegada falta de lealtad al Estado, de propiedades de estos grupos que son incautadas por el Estado, y de denegaciones de personalidad jurídica a las congregaciones religiosas.
Me parece que esta es una visión desenfocada de la laicidad, que genera tantas injusticias como su contrario, una versión del Estado que pretende imponer una religión mediante decretos. Michael Burleigh ha hablado de los “periodos oscuros” del laicismo europeo, de un genocidio “en nombre de la Razón”, por parte de algunos laicistas radicales. E incluso ha llegado a decir que, si las personas religiosas fuesen más consciente de esto, no serían tan timoratas cuando practican su propia fe.

― ¿No tiene el Estado derecho a defender una visión ética, desmarcada de Dios, en pro de la convivencia y del diálogo, de la que se habla en este simposio?

En concreto, el problema estriba en que algunos sectores políticos entienden que el Estado debe resumir en sí todas las verdades posibles. En vez de garante de la legalidad de los actos y de la legitimidad de los poderes públicos, debería transformarse ―dicen― en custodio de un determinado patrimonio moral (que suele coincidir con los llamados “nuevos valores emergentes”) y que le confiere poderes ilimitados.

― ¿Ha habido, entonces, alguna evolución en la historia de la laicidad desde esos orígenes revolucionarios que señalaba?

Sí, hay una laicidad renovada que tiene más en cuenta el valor de la religión. La nueva laicidad abandona sus resabios arqueológicos para reconocer en la dimensión religiosa de la persona humana puntos de encuentro en un contexto cada vez más multiétnico y pluricultural. Régis Debray, nada sospechoso de clericalismo, apunta a esta visión cuando, en materia de educación religiosa, preconiza el paso de una laicidad de incompetencia o de combate a una laicidad de inteligencia. Una visión en la que el Estado comienza a tomar conciencia de que necesita de energías morales que él no puede aportar en su totalidad. Se trata de una “laicidad moderada”, contrapuesta a la visión “radical” de la laicidad francesa menos reciente. Su punto de partida es la convicción de que la opinión pública en las democracias suele ser una mezcla de sensibilidad para ciertos males y de insensibilidad para otros. La laicidad positiva no se opone ―al contrario, anima― a fuerzas sociales como son las Iglesias a contribuir a despertar la sensibilidad dormida en materia de valores más o menos olvidados, alertando acerca de carencias espirituales y culturales que fortalezcan el tejido social.

― ¿Qué hitos señalaría en el camino hacia esta versión renovada de la laicidad?

La “ moderación” del concepto y su versión “positiva” es un fruto de tres poderosas fuentes: la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana, del Tribunal Constitucional Federal alemán y del Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos. Corrientes que han venido a converger en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, por resumir, mencionaré solo por encima la de EE. UU., la del Tribunal Europeo y, si quiere, algo de España. En general, la jurisprudencia norteamericana sobre la neutralidad religiosa del Estado se ha movido en torno a dos posicionamientos: por un lado, reconoce el fuerte papel de la religión y de la tradición religiosa a lo largo de la historia de ese país y, por otro, advierte que la intervención gubernamental en asuntos religiosos puede poner en peligro la misma libertad religiosa. Esta conceptuación ha desembocado en la sentencia Walz vs. Tax Commission. El principio general deducible de estas disposiciones y de la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo es que no se puede tolerar la existencia de confesiones religiosas oficiales, como tampoco la interferencia estatal en el ámbito de la religión. Al margen, por tanto, de tales actos prohibidos, hay espacio ―concluye el Tribunal― para una “neutralidad benevolente” que permite el libre ejercicio de la religión sin respaldo y sin interferencias gubernamentales.

― Dar libertad al ciudadano, no interferir…

Así es. Y ya que estamos en el entorno de un simposio sobre San Josemaría, le diré que él lo expresaba con fuerza cuando decía que “es un tesoro que no apreciaremos nunca bastante”. Pues bien, el goce de este tesoro, en su vertiente política implica redefinir las funciones respectivas de los gobernantes y de los gobernados.

― Hay algún síntoma de esa versión nueva de laicidad en España. A mí me cuesta verla…

Sí la hay. Esa caracterización positiva de la laicidad está influyendo en el Tribunal Constitucional español. Puede verse, por ejemplo, en la sentencia 101/2004 de 2 de junio con sus referencias al art. 16.3 de la Constitución. Se reconoce el factor religioso de la sociedad española y se ordena al poder público a cooperar con la Iglesia católica y demás confesiones, no a ignorarlas o acorralarlas. Por otra parte, la Constitución armoniza sin estridencias jurídicas, junto con esa cooperación, una estricta distinción entre Estado e Iglesias.

― Y, ¿en Europa?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido que la laicidad puede coexistir con una cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, incluso cuando esa cooperación no se lleva a cabo de acuerdo con criterios estrictamente igualitarios. El principio de igualdad (artículo 14 del Convenio Europeo) debe aplicarse rigurosamente a la libertad, pero no necesariamente a la cooperación. Ni siquiera las situaciones de colaboración privilegiada entre el Estado y una determinada iglesia, en forma de una velada confesionalidad del Estado (como en Grecia), o en forma de iglesias de Estado (como en Inglaterra o en algunos países escandinavos), se han considerado contrarias al Convenio Europeo. Lo importante —desde el punto de vista de la Corte— es que las relaciones de colaboración privilegiada no produzcan, como efecto secundario, ninguna restricción injustificada a la libertad de actuar de que deben gozar el resto de los grupos e individuos en cuestiones religiosas e ideológicas.
En resumen, no se pretende establecer criterios uniformes para las relaciones Iglesia-Estado en los países miembros del Consejo de Europa, ni, aún menos, imponer un forzoso secularismo. El telón de fondo de este planteamiento es la convicción de que la actitud del Estado hacia la religión es una cuestión primordialmente política, y es el resultado, en gran medida, de la tradición histórica y de las circunstancias sociales de cada país.

― A su juicio, ¿cuál sería la misión fundamental o las garantías que debería ofrecer un Estado laico respecto a las convicciones morales o religiosas de los ciudadanos?

La misión del Estado laico, entiendo, es custodiar un “libre mercado de ideas y religiones”. Ha de renunciar a un intervencionismo dirigido a modificar el panorama sociológico real con la pretensión de construir un arquetípico pluralismo. Como ha indicado Martínez-Torrón, la intervención estatal se limitaría a garantizar una protección del consumidor en el ámbito religioso, como protege en el ámbito económico, evitando que se formen monopolios dañinos para los pequeños grupos, y procurando evitar igualmente el fraude de grupos pseudo-religiosos. Además, creo que este punto de vista es el más congruente con la redacción del artículo 16.3 de nuestra Constitución.
La vida pública es una plaza abierta donde cualquier ciudadano puede ejercer la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en un clima de respeto por los demás y de servicio al bien común. La idea del “espacio público civil” ―que ha nacido en Norteamérica― entronca con la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., que prohíbe el Estado confesional y garantiza el libre ejercicio de la religión. O sea, ni “espacio público sagrado”, donde el monopolio de una religión acaba excluyendo a las demás, ni “espacio público vacío”, donde las creencias secularistas terminan imponiéndose a las religiosas.

martes, 27 de septiembre de 2016

Defensa de las instituciones

Extracto del artículo "Roger Scruton, algo más que un conservador", de Josemaría Carabante, en ACEPRENSA (sólo para suscriptores).

"[A Scruton] No le ha resultado fácil defender los valores tradicionales, el orden, la función positiva de la autoridad y la prudencia política ante el embate, por un lado, del individualismo liberal y, por otro, de la utopía reformista de la nueva izquierda. Para él, ninguna de estas doctrinas entiende la dinámica de la vida social.

Así, por ejemplo, se ha extendido la idea de que la libertad resulta incompatible con la existencia de un marco institucional o con los valores morales. Sin embargo, en su opinión, la libertad está marcada por la experiencia humana de la reciprocidad y presupone un orden social institucionalizado. El individuo, como ser absolutamente autónomo, es una ficción de la teoría política.

A diferencia de quienes creen que la política se realiza a golpe de decreto y programa, de decisiones y de ingeniería social, aboga por una visión comunitaria asentada sobre acuerdos recíprocos, compromisos libres, muchas veces tácitos, y responsabilidad. El apego y la cercanía fundan comunidades estables. Justamente de esa vida en común espontánea nacen las instituciones, que no son resultado de la planificación, y que no reprimen la libertad, sino que garantizan su ejercicio.

Una sociedad libre –afirma en Los usos del pesimismo, uno de sus libros más conocidos– es una comunidad de seres responsables, unidos por las leyes de la simpatía y las obligaciones del amor familiar. No es una sociedad donde la gente se encuentre desposeída de cualquier restricción moral, pues el resultado sería precisamente lo opuesto a la sociedad”.

Para el pensador británico, el reformista de hoy ha tomado el testigo del antiguo revolucionario y, como este, pretende configurar la convivencia política desde cero, sin presupuestos. Siguen reinando los mitos ilustrados. Tales doctrinas niegan que exista un orden comunitario y prepolítico que define las instituciones. Pero las instituciones sirven a determinados fines, de modo que más que abolirlas o transformarlas, se ha de garantizar su independencia.

El conservador, sin embargo, no se opone al cambio ni se aferra irreflexivamente al pasado; simplemente desconfía de los que Scruton denomina “optimistas sin escrúpulos”, es decir, los aferrados a la mitología del progreso que sueñan con mejorar la suerte de la humanidad mediante reformas abstractas.

Esa proyección política de la redención, realizada de espaldas a la sociedad civil, se le antoja frívola y falaz. Se trata de una forma de pensar poco responsable, ya que no tiene en cuenta sus consecuencias despersonalizadoras: mina los fundamentos de la vida comunitaria y convierte a los ciudadanos en seres desarraigados, irresponsables y amorales.

Scruton conoce de cerca los efectos de esos planteamientos utópicos y los rasgos totalitarios que adquieren. Durante la década de los ochenta tomó contacto con los disidentes de Europa del Este y les ayudó tanto política como intelectualmente en la clandestinidad. Esta cercanía con quienes se encontraban privados de libertades políticas le llevó a tomar conciencia de lo perniciosas que son las mitologías políticas.

Mejorar uno mismo

Pese a los saldos negativos de las ideologías del progreso, se asiste de nuevo hoy a la revitalización de su discurso. ¿Por qué, se pregunta Scruton, siguen ejerciendo tanto atractivo sobre la opinión pública las propuestas radicales y utópicas? A su juicio, estos “optimistas” políticos prometen una solución rápida a los males sociales, creen haber identificado claramente la causa y, sobre todo, eximen al ciudadano de su responsabilidad en la deriva de la sociedad a la que pertenece.

La injusticia social, la corrupción, la desigualdad o discriminación tendrían así un supuesto culpable, ya sea una clase, una casta o el propio sistema. Se elude el compromiso personal del ciudadano, olvidando que, como recuerda el filósofo británico, la única forma de mejorar la sociedad “es mejorando personalmente cada uno de nosotros”.

La política exige prudencia y responsabilidad, concreción, y calcular las consecuencias. Scruton apoya una política realista, que tenga en cuenta que las decisiones humanas se toman en un contexto y lugar determinado. Habla así de la “política real”, hecha mediante negociaciones, transacciones y acuerdos entre los diversos intereses sociales.

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Nota del editor: los destacados en negrita son nuestros.

lunes, 13 de junio de 2016

Totalitarismo "de género" y libertad de expresión

CAÑIZARES Y EL NUEVO TOTALITARISMO DE GÉNERO
Por Benigno Blanco. Abogado
Publicado en La Razón, el 6 de junio de 2016

Un Cardenal, Antonio Cañizares, advierte en una homilía del ataque a la libertad y a la familia que supone la ideología de género y de su carácter incompatible con la visión cristiana del hombre. Esto no debiera ser noticia pues es, sin más, evidente que la ideología de género es una antropología radicalmente opuesta a la cristiana como acredita la literatura científica al respecto (cfr. por ejemplo las recientes obras de María Calvo y Jesús Trillo-Figueroa al respecto) y así lo han dicho reiteradamente los últimos Papas, tanto Benedicto XVI como Francisco. Y también es evidente que la agenda política de género es, junto al fundamentalismo islamista, la mayor amenaza a las libertades que existe hoy en el mundo occidental pues ambas ideologías exigen que los poderes públicos hagan suya e impongan a todos la visión de la persona y la sexualidad de unos pocos acabando así con la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa; pues es también evidente que en materia de sexualidad coexisten varias concepciones en nuestra sociedad y -si una se impone ex lege- quienes no la compartan se verán privados de su libertad de pensar y opinar

Lo dicho por Cañizares es lo que se podía esperar de un Obispo católico. Noticia relevante hubiera sido que hubiera dicho lo contrario, que hubiera afirmado que el ser humano no tiene sexo sino que se crea a sí mismo en materia sexual definiendo autónomamente su “género” y que esa autodefinición es el único criterio relevante en materia sexual; que hubiera defendido que el único criterio moral en materia sexual es la autónoma libertad de autoconfiguración de cada individuo, que el hombre no es sino que se hace. Si un Cardenal hubiese hecho estas afirmaciones radicalmente contradictorias con la fe cristiana y propias de la ideología de género, entendería que los medios de comunicación se ocupasen del tema pues sería una noticia relevante, como si Pablo Iglesias declarase que el capitalismo es el ideal y la supresión de impuestos y la desregulación del mercado laboral su ideal político. Pero si Cañizares reafirma la visión de la sexualidad cristiana o Pablo Iglesias sus tópicos marxistas…no veo la noticia ni la novedad

Y, sin embargo, se ha desatado una ola de ataques e insultos desaforados a Cañizares acompañada de querellas y denuncias.

¿Por qué el ataque a Cañizares en los medios, en el parlamento valenciano y las querellas o denuncias contra él? Porque tiene razón en lo que dice: algunos, los portavoces de la ideología de género y en particular el lobby autodenominado LGTBI, quieren suprimir la libertad de pensamiento en materia de sexualidad en nuestra sociedad y aprovechan casos como éste para atacar, atemorizar y laminar a quienes tienen otra visión de la sexualidad y así imponer la suya propia como la única que se puede exponer y defender. Es el nuevo totalitarismo de género que amenaza nuestras libertades y empieza a concretarse jurídicamente en las leyes que van aprobando las CCAA que –bajo el título inocente de lucha contra la discriminación- imponen la ideología de género en todos los sectores de la vida pública, empresarial y en el sistema educativo con notorio desprecio a la libertad de pensamiento en materia de sexualidad.

Frente a este nuevo totalitarismo de género, afirmo que:


  • Se puede opinar sobre la sexualidad y, por tanto, también sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad
  • La visión de la sexualidad de los adalides del género se puede defender como la de los cristianos o los budistas, pero el Estado no debe hacer suya ni una ni otra, ni menos imponer una en concreto a todos.
  • Obligar a educar en clave de género en todas las escuelas a todos los escolares es totalitario y desconoce derechos humanos básicos, aunque lo aprueben por unanimidad los parlamentarios del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos en algunas CCAA como Murcia o Madrid.
  • Defender la ética sexual tradicional cristiana es tan legítimo al menos como defender la de género; y los poderes públicos no pueden imponer ni la una ni la otra. Estas confrontaciones son el terreno propio de la libertad.
  • Convertir la fiesta del Orgullo Gay y la bandera arco iris en fiesta y bandera oficiales como hace la reciente ley de la Región de Murcia en la materia -¡con los votos a favor incluso del PP!- es manifestación de un asalto partidista al poder público como no veíamos desde los años 30 del siglo pasado.
  • Discrepar de los planteamientos de género no es ningún ataque a los homosexuales ni expresa odio a éstos, como discrepar del comunismo no es odiar a los pobres por mucho que los comunistas quieran presentarse como los únicos legítimos defensores de éstos.
  • Las opiniones sobre sexualidad son opiniones sobre la humanidad y pertenecen, por tanto, al terreno propio de las libertades de pensamiento, ideológica y religiosa y no a la esfera legítima de intervención de los poderes públicos en una sociedad democrática.

Identificar la discrepancia con las ideas de género sobre la sexualidad con delitos de odio a los homosexuales es una argucia de márketing propagandístico que tiene caracteres de trampa liberticida que no podemos consentir.

Yo estoy convencido que la ideología de género es un inmenso error antropológico y tengo derecho a decirlo, como lo tiene Cañizares. Y por eso mismo me veo en la obligación de denunciar las leyes que se vienen aprobando últimamente en varias CCAA como leyes inaceptables de privilegios para los lobyss LGTBI defensores de la ideología de género en detrimento de las libertades de todos. Y por eso defiendo la libertad del Cardenal Cañizares de opinar con libertad sobre la ideología de género y el “imperio” de los lobbys que la defienden.

Y aclaro que no odio a los homosexuales sino que me limito a oponerme -usando mi libertad- a un lobby y una ideología defendidos por homosexuales y heterosexuales, como hay homosexuales que no defienden ni a ese lobby ni a esa ideología. Esta no es una disputa entre homosexuales y heterosexuales, sino una disputa entre distintas concepciones sobre la sexualidad.

Cuando en una democracia hay un debate ideológico y político legítimo y uno de los bandos quiere ilegalizar al otro y prohibirle expresarse como intenta hoy el lobby LGTBI en España con los que discrepan de él, la democracia está en peligro. Y cuando esos mismos logran que las leyes y las instituciones públicas hagan suya su ideología, sus símbolos y sus fiestas como empieza a suceder hoy ya en España, la libertad empieza a decrecer peligrosamente en un plano deslizante que da miedo según nos enseñan fenómenos semejantes en la historia, pues así empiezan todas las dictaduras fundamentalistas: confundiendo a una parte con el todo hasta la anulación de la otra parte con un amplio abanico de fórmulas que van desde la negación de los derechos civiles hasta el exterminio.

La mejor manera de defender la libertad es ejerciéndola. Por eso: gracias, Cañizares, por hablar claro.

lunes, 9 de mayo de 2016

Acceso a los trabajos del Magistrado Andrés Ollero

He recurrido tantas veces a Andrés Ollero en este blog, que pienso que le debo esta publicidad.

Hace ya días me informó de que hacía casi un decenio que se había animado a reservar un dominio en internet www.andresollero.es con la única función de reenviar a su página personal incluida en la web de la Universidad Rey Juan Carlos. Allí, en el apartado de Publicaciones, puso a disposición de posibles interesados copias de más de tres centenares de capítulos en obras colectivas, artículos en revistas y “otras publicaciones” (divulgativas o menos cercanas a la filosofía jurídica).

Dicha universidad ha replanteado su página web, haciéndola más acorde con el logro de destrezas varias entre las que no se incluyen al parecer las posibilidades de acceso a fuentes de mayor o menor interés. El material pacientemente acumulado ha quedado fuera de combate; Dios salve a Bolonia.

Ollero ha preferido no perder el tiempo en melancólicas reflexiones sobre tan brillante operación, que le ha dejado incomunicado con sus eventuales lectores (hay gente para todo…). Ha procurado subsanar la situación, amparándose en instituciones más acogedoras, aunque ajenas a las vicisitudes del batiburrillo universitario. El Tribunal Constitucional le ha ofrecido la posibilidad de reconstruir en la página de Magistrado la oferta de textos que a lo largo de lustros fue acumulando en la fenecida página de la Rey Juan Carlos. De hecho, ya el sitio de la red citado remite automáticamente a esta nueva página. Espera que en un plazo razonable estén en ella de nuevo disponibles los centenares de textos aludidos.

Por otra parte, web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha incluido en su página de académico relación completa de estas publicaciones, brindándose desde ahora –gracias a la amabilidad del oficial de la biblioteca- a facilitar por e-mail los textos que pudieran interesar.

Ollero espera (y yo con él) que por esta doble vía mejorará incluso la accesibilidad a estos materiales académicos. Agradecerá sinceramente todas las sugerencias y requerimientos que faciliten que esta compleja operación se culmine venturosamente.

Quien, además, quiera saludarle directamente y no solo por vía virtual, Andrés Ollero estará en Granada el próximo sábado 21 de mayo, en la clausura de curso del Colegio Mayor Albayzín.


lunes, 21 de marzo de 2016

Los torquemadas del lobby LGTBI

El verdadero valor se necesita hoy para ir contra corriente y oponerse a la nueva tiranía de género. Por eso he agradecido que me enviaran este artículo de Joan Font publicado en El Mundo Baleares, titulado Los torquemadas del lobby LGTBI.

No solo por el valor; sobre todo, porque sirve de aviso de lo que está pasando, casi sin darnos cuenta. Por eso lo traslado a este blog -dedicado a defender la libertad frente a las tiranías contemporáneas-, por si ayuda a reaccionar. ¿O ya es demasiado tarde?

El Mundo 12/03/2016
Joan Font Rosselló

foto atarifa CC
Decía Chesterton que «atacar cosas caducas y anticuadas no supone ningún coraje, no supone más que el que se necesita para agredir a su propia abuela. El hombre realmente valiente es aquel que desafía tiranías jóvenes como el alba, supersticiones frescas como las primicias en flor». Cito estas bellas palabras de Chesterton para felicitar a Agustín Buades, hasta hace poco presidente del Instituto de Política Familiar de Baleares, por su valentía a la hora de denunciar en solitario este calamitoso proyecto de ley que ha entrado en la Cámara balear y que tiene por objeto «garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales». Buades ha publicado una serie de artículos muy acertados donde ha puesto los puntos sobre las íes y en los que ha expuesto lo que piensan muchos y que pocos se atreven a decir, por la estigmatización que supone situarse contra el poderosísimo lobby gay.

Las posiciones del lobby LGTBI están tan intrínsecamente unidas a la corrección política dominante que, en su toma de consideración en el Parlament, se leyó como aperitivo al debate -otorgándole un carácter de institucionalidad sin venir a cuento- un manifiesto del colectivo de marras donde se afirmaba que «rechazar esta ley era homofobia, bifobia y transfobia» y no sé si me olvido de alguna fobia más. Observamos, por tanto, que la actitud de este colectivo es de censura. Son los nuevos inquisidores de una nueva tiranía, que diría Chesterton, la religión LGTBI, la única verdadera, que nos dicen a los demás lo que debemos pensar y aceptar so pena de caer en la estigmatización social. Me recuerda a los filólogos de la UIB para quienes la no utilización de un correcto estándar por parte de los personajes públicos debería ser motivo de «reprobación social». El colectivo-víctima LGTBI no quiere discrepancia, no quiere debate público, sólo sometimiento y censura. Por eso, y por su ferocidad, el silencio en torno a estas cuestiones es atronador.

Los argumentos de Agustín Buades son impecables. La lucha contra la discriminación es la lucha por el respeto y la dignidad de aquel que es diferente a mí, sea homosexual, musulmán, leninista o nacionalista. Esta dignidad, sin embargo, no nace por el respeto o adhesión -nula- que me puedan merecer la ideología de género, el Islam, el leninismo o el nacionalismo, sino por el hecho de ser personas de carne y hueso. Les respetamos no porque sean homosexuales, musulmanes, leninistas o nacionalistas, sino porque son personas como nosotros. De ahí, por ejemplo, que no sean lícitos en democracia los ataques personales (al destruir la dignidad del otro) y en cambio sí lo sea atacar las opiniones ajenas, puesto que el debate plural de ideas es la esencia de la libertad de expresión y de conciencia.

Como apunta Buades, «una cosa son las personas, otra su conducta sexual y otra sus opiniones sobre la sexualidad. A la persona hay que respetarla siempre; y respecto a ella no caben discriminaciones de ningún tipo. Las conductas sexuales, por el contrario, son respetables si no incurren en materia delictiva -como la pederastia- pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas. Respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades». En cambio, el lobby LGTBI pretende imponer socialmente una determinada visión de la sexualidad y blindarla institucionalmente, identificando cualquier rechazo a la ideología de género como una «discriminación» al colectivo LGTBI. Hasta aquí podíamos llegar.

Ya sé que ciertos matices y distinciones son difíciles de entender para quien ha interiorizado ser una víctima de la sociedad. El gigantesco movimiento del resentimiento que está haciendo furor en España pretende convertir ahora al colectivo LGTBI en un colectivo-víctima con derechos especiales, como si pertenecer a él te diera una identidad distinta que te determinara por completo como persona y, en consecuencia, te hiciera acreedora de una serie de privilegios. ¿Cuáles? El proyecto de ley obliga a educar a los niños considerando la homosexualidad y la bisexualidad, al margen de la libertad religiosa y del derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. Contempla la censura y un rosario de sanciones administrativas para el discrepante. Las denuncias por homofobia (recordemos que la homofobia ya está penada en España) no deben ser demostradas por el denunciante sino que debe ser el denunciado el que demuestre su inocencia, invirtiéndose la carga de la prueba y convirtiendo estas denuncias en un mecanismo de chantaje en todos los ámbitos, incluso en el lugar de trabajo. Como siempre, después de la mística viene la política.

Todos nosotros somos multidimensionales, somos la suma de todas nuestras dimensiones -entre las que se incluye nuestra orientación sexual y, naturalmente, nuestra opinión sobre la sexualidad-, no seres unidimensionales y absolutamente determinados por una sola dimensión humana, sea ésta el sexo, la orientación sexual, el estrato social, la lengua o una determinada forma de pensar. Las ideologías convierten cada una de estas dimensiones en la premisa sobre la que construyen una visión del mundo parcial y una identidad excluyente, olvidándose de que la persona es algo más que su orientación sexual, su sexo, su lengua o su estrato. El hecho de que el colectivo LGTBI haya estado discriminado históricamente y siga estándolo en otros países no les da ningún derecho a imponer su punto de vista sobre la sexualidad a los demás. Como homosexuales y demás, necesitan reconocimiento, respeto e igualdad ante la ley, no derechos especiales como colectivo. La experiencia nos enseña que es muy difícil que, una vez logrado el reconocimiento que se merecían en sociedades democráticas, este tipo de movimientos no acaben deslizándose por la pendiente de la revancha y el sectarismo. Ha ocurrido con los catalanistas y las feministas, por poner dos ejemplos señeros de esta evolución donde las iniciales y justas demandas de reconocimiento son dejadas de lado una vez han sido aceptadas socialmente para aspirar, en un segundo estadio, a dominar la sociedad. Un dominio ideológico al que quieren llegar gracias al Estado, al que quieren hacer creer que su obligación, en una especie de venganza diferida, es resarcir «aquí y ahora» el daño causado por la sociedad «en el pasado o en otras latitudes».

Que unos paguemos lo que hicieron otros nunca ha sido justicia y nos lleva a un espiral de agravios pretéritos sin fin. Una locura en la que andan enfrascados los de Podemos, un compendio de todas las ideologías sustentadas en la envidia y el resentimiento, de ahí que estos demagogos rebobinen continuamente el pasado en su afán por ajustar cuentas con todos nosotros. Y aunque «el triunfo de las demagogias sea pasajero, las ruinas son eternas», como decía Charles Peguy.

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viernes, 19 de febrero de 2016

La Justicia defiende la objeción de conciencia ante el poder político

Dos sentencias, en Uruguay y en Polonia, acuden en auxilio de la objeción de conciencia médica,
de acuerdo con las respectivas leyes, frente a la inveterada costumbre de los gobiernos de legislar de acuerdo con posiciones ideológicas y desprecio de las leyes (como ya criticó con lucidez Cicerón, la cosa viene de antiguo).

Es conocido que la función principal de la Ley consiste en defender a la persona del abuso de poder; que tiende a utilizarla, por el contrario, para afianzar ese poder, con desprecio de la persona, su dignidad, su autonomía y su libertad originales; que los poderes públicos deberían reconocer y tutelar, en lugar de avasallar, con las ínfulas de considerar que son quienes las otorgan.

Para mí, que el origen de los derechos humanos está en la persona y es anterior al Estado, y no al revés, es la clave de distinción entre lo que hoy llamamos "derecha" e "izquierda", con todos la matices que haya que hacer a continuación.

Pues bien, en sentencia de 11 de agosto de 2015 (descargar), el Tribunal de lo Contencioso acepta parcialmente la demanda de hasta cien ginecólogos uruguayos, anulando, con efectos generales y absolutos los apartados del Decreto 375/012, de 22 de noviembre de 2012, que restringen su derecho a la objeción de conciencia.

El fallo definitivo -informa El Observador- permite a todos los ginecólogos –no solo a los que presentaron el recurso– abstenerse de participar en cualquiera de los pasos que una mujer deba seguir para realizarse un aborto, por no estar de acuerdo con la práctica, lo que se considera objeción de conciencia.

La Revista de Derecho Público dedica un extenso y pormenorizado artículo de Carmen Asiaín Pereira a comentar esta sentencia. Interesante lectura para jurista y defensores de la objeción de conciencia y, por extensión, de la vida humana.

Por último, la revista polaca Ordo Iuris (en inglés, no se asusten), da noticia de una sentencia en el mismo sentido del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2015. En la información se recuerda el famoso caso del doctor Bogdan Chazan, cesado y despedido de un hospital por negarse a realizar un aborto.


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jueves, 24 de diciembre de 2015

FELIZ NAVIDAD 2015

Con más motivo en estos tiempos, en los que a ciertas alcaldesas de grandes ciudades españolas se les ocurren las más peregrinas (y estúpidas) ideas. El laicismo de barraca está mostrando su rostro más alelado. Frente a esto, la maravilla, el misterio, el asombro, la belleza y la trascendencia de la Navidad. Ante la luz alumbrada en el silencio de la noche de Belén, no hace falta decir ni hacer nada más: contemplar basta.

Uno de los Nacimientos de mi casa
Autor: Juan Mateo Ruano
foto atarifa (CC)

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