Asignatura Totalitaria

El Gobierno ha exhibido una intransigencia incompatible con la propia materia

Por Ignacio Sánchez Cámara, en La Gaceta de los Negocios, hoy

La aprobación de Educación para la Ciudadanía entraña un triple error: político, jurídico y moral. Es un grave error político crear una nueva asignatura que persigue la formación cívica de los alumnos sin alcanzar, y ni siquiera intentarlo, un acuerdo político con la oposición. El Gobierno y sus aliados parlamentarios han exhibido una intransigencia, incompatible, por lo demás, con la propia naturaleza de lo que se pretende, entre otras cosas, enseñar: nada de diálogo y todo de imposición mecánica de exiguas mayorías. Perfecto ejemplo de educación cívica. Si toda gran reforma educativa debería nacer del consenso general de la sociedad y de sus representantes políticos, lo mismo cabe exigir cuando se trata de la creación de una nueva asignatura obligatoria de naturaleza moral. El fracaso de la nueva asignatura no es cuestión opinable: la asignatura del consenso y la democracia no ha generado sino división social y disenso. Es una pura falsedad afirmar que sólo pretende el conocimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales.

Es evidente que va mucho más allá de ello. Basta consultar los descriptores de la asignatura u ojear los manuales existentes, en los que se incluyen cuestiones relativas a la condición humana, la identidad personal, la orientación sexual, la educación emocional o la construcción de la conciencia moral, de las que nada dice la Carta Magna. Es un error político la intromisión del Gobierno en la educación moral que han de recibir los alumnos. Hay que añadir que es falso que se trate de una asignatura equivalente a las que existen en otros países democráticos, pues en éstos no se invade el ámbito de la conciencia moral. Es un error jurídico. Habrá que esperar a lo que decida la Justicia y, especialmente, el TC, pero parece evidente que la imposición de la asignatura entraña una vulneración del artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación moral que han de recibir sus hijos. Las democracias liberales no entregan al Estado el derecho a dirigir la educación, sino sólo la misión de garantizar el libre ejercicio de ese derecho, cuyos titulares son los alumnos y sus padres. El Estado no es el dispensador de una especial sabiduría moral, sino el garante del ejercicio del derecho a la educación. La asignatura, tal como ha sido configurada, entraña la violación de un derecho fundamental de los padres y es, en este sentido, inconstitucional.

Constituye además un grave error moral y filosófico. La asignatura persigue el adoctrinamiento de los alumnos y promueve una determinada visión de la antropología y de la moral, que excluye la dimensión religiosa y trascendente de la persona humana, impone la ideología de género, la manipulación de las emociones y una visión relativista de la cultura y la moral. La concepción del hombre en la que se sustenta resulta incompatible con la fe religiosa, de manera que sus contenidos resultan incompatibles con los de la asignatura de religión católica, optativa elegida por la mayoría de los padres y alumnos. Más que una asignatura, es la imposición de una determinada ideología laicista. El argumento de la adaptabilidad de la asignatura a las preferencias de los padres o a los idearios de los centros no hace sino confirmar su condición adoctrinadora, pues si se tratara de la mera enseñanza de la Constitución y sus principios, valores e instituciones, no sería necesario recurrir al pluralismo ideológico de sus versiones. El contenido de los libros de texto existentes prueba, de modo elocuente, el carácter fuertemente ideologizado y adoctrinador de la asignatura, hasta el punto de que algunos colectivos de homosexuales reclaman la retirada del único texto, al parecer, que se opone a los desmanes de la corrección política y la manipulación ideológica. Es evidente que los centros educativos y los profesores pueden evitar los peores desmanes del engendro, pero acogerse a esa posibilidad y tolerar el mal para los demás sería muestra de insolidaridad con los padres, que no tendrán la misma posibilidad de elegir y de evitar la violación de su derecho. Que un mal sea parcialmente evitable no significa que no sea un mal. Además, lo decisivo no es tanto el contenido concreto de las enseñanzas que se impartan como el hecho de que el Estado invada un ámbito que no es de su competencia, como es el de la formación moral de los alumnos, que corresponde a los padres. Esta invasión es propia de los regímenes políticos totalitarios, que se caracterizan por la invasión por parte del poder político de todos los ámbitos de la vida social y por la decisión de imponer a toda la sociedad un sistema único de (valga la exageración) pensamiento. Es una manera de manipular las conciencias y regimentar las vidas, propia de la pesadilla que denunció Orwell. Un atentado contra el derecho de los padres.

Por todas estas razones políticas, jurídicas y morales, y otras que cabría añadir, resulta debido oponerse a la implantación injusta de esta asignatura totalitaria.

Las migajas de Rousseau

La escuela no debe halagar ni complacer las tendencias naturales de los alumnos

Por Ignacio Sánchez Cámara, en La Gaceta, hoy

Cuando los gobiernos aspiran a determinar el contenido moral de la educación obligatoria, cooperan a la destrucción de la educación. No son los menores errores de la actual legislatura los que se refieren a la política educativa. El principal y más radical de ellos consiste en la profundización de los errores de la Logse, cuyos desastres aún padecemos. Al parecer, en lugar de rectificarlos, se trata de perseverar en ellos y aumentarlos. El mayor error se puede cifrar en la decisión, deliberada o no, de destruir los fundamentos de la educación, que son la exigencia, la disciplina, el estímulo por la obra bien hecha y la adquisición de los hábitos de laboriosidad propios del trabajo intelectual; es decir, lo que alguno de nuestros clásicos contemporáneos llamó la moral de la ciencia.

La escuela no debe halagar ni complacer las tendencias naturales de los alumnos, sino contribuir a forjar hábitos nuevos y mejores y, en cierta medida, contrarios a las pulsiones y deseos más inmediatos. Nada elevado le es regalado al hombre. Todo lujo espiritual y moral es territorio de conquista. No se llega a la cima ni se libera uno de las cadenas de la caverna platónica sin esfuerzo y estudio. Cualquier otra utilidad es benéfica, pero de índole inferior. Todo esto parece haberse olvidado. Y si se recuerda es para repudiarlo, como si se tratara de una antipática e insoportable antigualla. A este mal radical se añade otro de filiación próxima: la pretensión de manipular la educación desde el poder para modelar a su antojo e interés las conciencias. Así, los ciudadanos devienen en súbditos, y la democracia camina hacia el totalitarismo.

Por si esto pareciera al lector demasiado teórico o abstracto, descendamos a las realidades concretas (aunque éstas siempre dependan de las abstractas). Ahí está la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, en la que hasta su denominación es torpe (¿por qué no educación cívica?). No es el Estado el que debe formar la conciencia de los ciudadanos, ni determinar el contenido de la opinión pública. Para ello carece de autoridad espiritual. Por el contrario, el Estado (al menos, el democrático) existe para gobernar y legislar de acuerdo con la opinión pública. Pero la formación de ella le es absolutamente ajena. Tampoco tiene el Estado el derecho de educar, sino la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho. Ahí está también la errática decisión de que los alumnos pasen al curso siguiente incluso con cuatro suspensos. O la vulneración del derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna o en la libremente elegida. O la ridícula y totalitaria pretensión de imponer el uso de una determinada lengua hasta en el tiempo de recreo. O la eliminación de las enseñanzas comunes en toda España, puerta abierta al particularismo y al secesionismo.

Mucho es lo que se puede aprender de Rousseau acerca de los fundamentos del extravío intelectual y moral actual. El pensador ginebrino, atrabiliario, genial y fundamentalmente equivocado, es el más influyente en la izquierda actual. Por encima incluso (al menos en la teoría) de Marx, al cabo, epígono suyo. Y, sobre todo, en el ámbito de la educación. De él procede esa nefasta tendencia pedagógica a respetar la espontaneidad del niño, derivada de su defensa del hombre natural o del buen salvaje.

La Academia de Ciencias de Dijon convocó un concurso literario en el que los participantes debían discutir si el progreso de las ciencias y las artes (técnicas) había contribuido o no al aumento de la felicidad de la humanidad. Rousseau concursó defendiendo la tesis negativa. Ganó el premio. Si tenía razón, entonces la educación no debía promover el conocimiento de las ciencias y las artes, vías seguras hacia la desgracia, sino más bien la ignorancia de ellas y el fomento de la vida espontánea e instintiva. De ahí a la falsa pedagogía de la primacía de lo lúdico y de lo instintivo sólo había un paso. Educar no sería forjar un hombre ideal, sino dejar ser. Lo importante no es el ideal, sino la autenticidad y una falsa libertad sin principios, normas y valores. La vida ideal nunca es la que ya es, sino la que debe ser.

Acaso no todo ello sea imputable directamente a Rousseau, pero sí puede derivarse de él. Bertrand Russell, demoledor crítico tanto de la obra como de la moralidad del escritor ginebrino, afirmó que mientras que de John Locke procedían Roosewelt y Churchill, de Rousseau procedían Hitler y Stalin. Aunque no se comparta por entero tan enérgico dictamen, no cabe duda de que encierra buena dosis de verdad, que ha llevado a hablar de él como teórico de la democracia totalitaria. Su herencia no es, desde luego, la de la ilustración.

Es poco probable que nuestros gobernantes actuales hayan leído a Rousseau, pero, aún así, sus prejuicios educativos (y no sólo ellos; también sus dificultades para comprender y aceptar los principios de la democracia liberal) se derivan, en buena medida, de las migajas ideológicas de tan fascinante como resentido y extraviado pensador.

Sin acuerdo posible

La EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba

Por Ramón Pi, en La Gaceta hoy


Si Gregorio Peces-Barba no hubiera titulado su artículo del martes en El País, En torno a la Educación para la Ciudadanía, lo más probable es que yo no me hubiera tomado la molestia de leerlo, porque últimamente lleva escribiendo el mismo artículo todas las veces, dedicado a maldecir de la Iglesia católica, especialmente de la Iglesia en España. Como él pasa por ser uno de los principales inspiradores de esta asignatura, pensé que ahora sería distinto, y me equivoqué: era otra vez el mismo artículo, y la Educación para la Ciudadanía (EpC) no era sino el pretexto.

Algo dice, sin embargo, de la materia que me interesaba, aunque sea de forma oblicua: atribuye el liderazgo de la oposición a la EpC a la jerarquía católica, y predice grandes males para los padres de familia que planteen la objeción de conciencia, que “carece de cualquier posibilidad de prosperar”, y augura un futuro negro para el Partido Popular, al que atribuye un “seguidismo inexplicable” respecto de los obispos. De la materia prevista en los decretos ya publicados para la asignatura no dice nada, pero afirma que nos trae “la recta formación democrática de los ciudadanos”.

A este respecto, el Foro Español de la Familia ha hecho un experimento interesante: ha contado, mediante un sencillo programa de ordenador, las veces que aparecen determinadas palabras o conceptos en los citados decretos. El resultado ha sido éste: Padre, padres, profesor, profesores y autoridad, 0 veces; virtud y virtudes, 2 veces; familia, 3 veces. Por el contrario, afectos, afectivo, afectivo-emocional, 23 veces; emocional, 29 veces; sexo, sexualidad, sexista, 34 veces; sentimiento, sentimientos, 41 veces. A eso lo llama Peces-Barba “recta formación democrática de los ciudadanos”. ¿Formación? ¿Democrática? ¿Recta? A mí me parece más bien, por lo que ya se conoce, que es una pura muestra de la agenda homosexual y un intento torpe y totalitario de imponerla.Sé que, a estas alturas, no es sensato pensar en un diálogo con alguna posibilidad de acuerdo entre los que están conformes con la EpC y quienes no lo están. Hay dos abismos infranqueables: uno, de método: los que disienten sostienen que los poderes públicos no son nadie para andar entrometiéndose en la formación moral de los niños por encima de sus padres. El otro es de contenidos: El poder público es menos que nadie para que esa ilegítima intromisión pretenda formar a los niños contra las convicciones de sus padres. Por ambas razones, con mucha probabilidad, la EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba (que ya dio el portazo en la ponencia cuando se discutían los preceptos sobre educación).

No pretendo contestar al artículo de Peces-Barba, entre otras cosas porque ese artículo está dedicado a agredir a la jerarquía de la Iglesia, de Benedicto XVI al último párroco, y me parece que para tener muy graves reparos a la EpC no hace falta ser católico. Si se es católico, desde luego que se tienen, como se tienen ante normas que legalizasen el aborto, la tortura o la esclavitud. A lo mejor otro día contesto a sus invectivas contra la Iglesia. Termino con una cita, muy aplicable al Gobierno y los que jalean la EpC y el intento de hacerla obligatoria: “Deben sosegarse y permitir el desarrollo normal de la sociedad civil, sin sus constantes interferencias, sin hostigar a los heterodoxos ni despreciar a las conciencias individuales que no coinciden con sus planteamientos. Deben tener más respeto a los disidentes y evitar maldecir y condenar todo el tiempo”. La cita es precisamente del artículo de Peces-Barba, sólo que él la dirige a los obispos. Desde luego, no hay acuerdo posible.

El Estado moralizador

Por Tomás Salas, en conoZe.com, el 24.VII.2007

Quedan lejanos los tiempos en que Locke establecía como funciones del Estado sólo la protección del ciudadano (libertad, seguridad, propiedad) y la impartición de justicia. Todo lo demás quedaba en el ámbito privado. Era necesario hacer este Estado neutral desde el punto de vista moral y religioso después de la dolorosa ruptura de la Cristiandad y de las guerras religiosas que asolaron europa. Este primigenio Estado liberal, que tiene su primera manifestación en Iglaterra, en la Gloriosa de 1688, se fundamenta en esta idea de la tolerancia y la neutralidad moral y supone el primer germen del Estado democrático moderno. Sin embargo, el sentido de la historia en los países occidentales ha sido otro: ir aumentado este primer ámbito reducido hasta extenderlo a un tamaño que algunos pueden cosiderar megalómano. El Estado se convierte en una enorme máquina que está presente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La mayoría de la gente (el estatismo, que en España está extendido ingualmente en la derecha como en la izquierda) no ve en este fenómeno una amenaza, sino una garantía. Se ve bien, por ejemplo, que el Estado sirva de contrapeso a las desigualdades «naturales» de la sociedad, repartiendo las riquezas, o que se inmiscuya en los hábitos alimenticios o de ocio. Hay una minoría (los que siguen las viejas ideas liberales) que contemplan esta capacidad extensiva como una amenza a la que hay que poner coto. Esta es la cuestión de fondo: ¿Puede el Estado seguir invadiéndolo todo como una hidra de mil cabeza? ¿Puede, incluso, invadir el terreno moral y convertirse en dispensador de pautas éticas, es decir, en «educador» en el sentido radical del término? Todas estas cavilaciones vienen, como habrá supuesto el lector, a cuento de la famosa Educación para la Ciudadanía (por cierto, me gusta más la palabra civismo) y de la oposición de lo obispos a esta nueva materia escolar.

Los obispos no protestan por el contenido de esta asignatura, que por otro lado, dependerán en una gran parte del centro, del profesor, de diversas circunstancias. Los obispos, algunos católicos y también algunos no católicos piensan que esta función moralizadora no compete al Estado, sino al ámbito privado: sobre todo familia, pero también el ambiente de los amigos, los órganos intermedios, iglesias, realidades sociales todas anteriores al Estado y cuyo espacio de actuación ha de ser respetado.

Hay otra cuestión no tan teórica y que entra en terreno de la sospecha. Muchos temen —no sin fundamento— que ese elenco de valores, supuestamente indiscutibles y consensuados, sea algo parecido a la «visión del mundo» que transmiten, por ejemplo, las prédicas periodísticas de Iñaki Gabilondo o Sardá, el cine de Almodóvar, el discurso intelectual (?) de Ramoncín o Rosa Regàs o las ideas económicas de Ignacio Ramonet. Es decir, la izquierda postmoderna, ya no marxista ni rompedora con el capitalismo, sino moralizante y directora de los usos y costumbres. Izquierda cuyas ideas pueden resultar respetables, pero que distan de ser, como algunos parecen pretender, un conjunto de valores sin discusión posible, una especie de Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y lo más curioso de todo este asunto es que sean los obispos católicos los que defiendan, casi en solitario en España, la idea liberal de la sociedad civil y la autonomía ciudadana; que defiendan un ámbito propio e irreductible de lo privado. El Cristianismo, ¡qué vueltas da la historia!, se alía con quien tantos encuentros y desencuentros ha tenido: el Liberalismo.

Un santo para todas las horas

26 de junio, fiesta de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei.
Por cambiaelmundo

Cuando cojo la pluma para escribir este artículo, la Iglesia celebra la festividad de Santo Tomas Moro, lo que trae a mi memoria la famosa película de Fred Zinnemann A man for all seasons (Un hombre para la eternidad, en castellano), basada en un guión de Robert Bolt, Oscar a la mejor película, director y actor (Paul Scofield) entre otros. Sir Thomas More, Gran Canciller de Inglaterra entre 1529 y 1532 –el primer laico en ocupar ese cargo-, hizo en su tiempo todo lo políticamente posible para salvar a un tiempo su lealtad al Rey, su conciencia y su propia cabeza: cuando llegó al convencimiento de que esto era imposible, no dudó en sacrificar su vida antes que violentar su conciencia y poner el poder por encima de la verdad. Por eso, en 2000 fue propuesto y proclamado “Patrono de los Gobernantes y Políticos”. En el texto de petición al Papa se señala, entre otras cosas, que Santo Tomás Moro aparece como el modelo ejemplar de esa unidad de vida en la que Su Santidad ha cifrado la expresión específica de la santidad para los laicos (...). En Santo Tomás Moro no hubo señal alguna de esa fractura entre fe y cultura, entre principios y vida cotidiana, que el Concilio Vaticano II lamenta “como uno de los más graves errores de nuestra época”.

La dimensión religiosa del hombre se manifiesta, de un modo o de otro, en la vida social, y en muchas ocasiones lo hace con una especial relevancia, cosa que no deja de plantear algunas dificultades en este mundo plural, globalizado y multicultural nuestro. A veces, esta pluralidad de convicciones genera tensiones, o simplemente parece que complica las cosas, por lo que algunos sienten la necesidad de encontrar un mínimo común sobre el que construir. Sin embargo, esos elementos comunes resultan arduos de identificar y problemáticos en su determinación. En esta época, en la que se embrollan diversas formas de entender la necesaria separación y cooperación entre poder civil y religioso, las palabras de San Josemaría Escrivá, cuya fiesta celebramos hoy 26 de junio, pueden servir de orientación para los ciudadanos que suman a esta condición la de cristianos, y para otras personas que buscan sinceramente el bien común. Será la quinta vez en que tenga lugar su fiesta como santo, tras la canonización de 2002.

El fundador del Opus Dei suscitó la responsabilidad del laico católico, impulsándolo no sólo a vivir con coherencia el Evangelio, sino también a trabajar por la justicia, codo con codo con personas de cualquier credo o filosofía, con el punto de partida de un trabajo bien hecho, tanto desde el punto de vista técnico como ético.

La teoría y la praxis de San Josemaría engarzan con la línea presentada por Juan Pablo II en su encuentro con los jóvenes españoles en Cuatro Vientos en 2003: “la verdad se propone, no se impone”. Las llamadas de Escrivá a secundar a la jerarquía eclesiástica en materia de fe y moral, a implicarse en la defensa del matrimonio y de la libertad de enseñanza, no incitan a la agresividad, sino al diálogo y al estudio; en una entrevista respondía: “Se trata, en una palabra, de comportarse como cristianos, conviviendo con todos, respetando la legítima libertad de todos y haciendo que este mundo nuestro sea más justo”.

Los católicos debemos proponer no imponer; como se espera de cualquiera en una sociedad democrática. “No ser anti nada ni anti nadie” era un lema de San Josemaría, que siempre distinguió, y así lo inculcó en sus hijos espirituales y amigos, entre las convicciones y quienes las detentan. No se puede maltratar a nadie porque piense de una manera distinta. Debe haber libertad para expresar los propios pensamientos, pero sin pretender capitidisminuir al que piensa de otra manera. Porque un cristiano no se siente enemigo de nadie. Hay un ejemplo de esto especialmente significativo en la vida de San Josemaría; le entusiasmaba la idea de impulsar un college en Kenya. Pero se negó rotundamente a que se hiciera bajo las sombras de la discriminación. Si había college, debía estar abierto a cualquier raza, a cualquier religión, a cualquier condición social. Esa es la historia de Strathmore College, el primer centro educativo interracial creado en África.

San Josemaría es un santo para todas las horas, para quienes, ciudadanos de este mundo, ejercitan su libertad de sentirse también ciudadanos de la ciudad celestial, lo cual no les impulsa a desentenderse del mundo en el que viven, sino todo lo contrario, a aportar el signo más, signo que, curiosamente, coincide con la cruz. En 1948 escribía: “Vuestro amor a todos los hombres os debe llevar a afrontar los problemas temporales con valentía, según vuestra conciencia. No tengáis miedo al sacrificio, ni a asumir cargas pesadas. Ningún acontecimiento humano puede seros indiferente, antes al contrario todos deben ser ocasión para hacer bien a las almas y facilitarles el camino hacia Dios”.

El Estado como educador

La misión del Estado no es educar, sino garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

Por Ignacio Sánchez Cámara, en La Gaceta de los Negocios, el 14 de junio de 2007.

Ya se han producido los primeros casos de objeción de conciencia contra la imposición obligatoria de la asignatura de educación para la ciudadanía. Es normal, ya que la nueva materia había suscitado gran oposición e incluso alarma en sectores, quizá mayoritarios, de la sociedad.

El titular del derecho a la educación es la persona y se ejerce, en los casos de menores de edad, a través o por representación de los padres. En este sentido, puede decirse que los padres tienen el derecho a decidir la educación que deben recibir sus hijos. Y, lo que no se recuerda con tanta frecuencia, tienen también el deber de hacerlo. Toda educación es pública y ninguna debe ser estatal. Los centros docentes pueden ser de titularidad y gestión privada o estatal (o autonómica y municipal), pero todos son públicos. La formación de la persona no es un asunto meramente privado. Entonces, el Estado no puede aspirar legítimamente a convertirse en educador. Su misión, en este ámbito, no es educar, sino garantizar el ejercicio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Estado educador es un Estado totalitario. Sólo podría conferírsele esa potestad en el caso utópico e imposible de que, como en la República platónica, que según Sócrates jamás vería la luz del sol, gobernaran los más sabios (y aún así sería inconveniente por ser lesivo para la libertad).

¿Qué razones pueden aducirse contra la nueva asignatura obligatoria? En primer lugar, carece, en sí misma, de razón de ser, al menos tal como ha sido planteada. La función de formar buenos ciudadanos es una de las básicas de toda educación, pero no tiene por qué ser objeto de una asignatura específica. ¿Es que nunca hasta ahora en España (o acaso salvo la etapa de la Formación del Espíritu Nacional, con la que la Educación para la Ciudadanía guarda algunas semejanzas) se había promovido la formación de los ciudadanos? La asignatura, por lo demás, al menos en parte, instaura el adoctrinamiento moral de los alumnos, pues asume ciertos contenidos antropológicos y morales, en detrimento de otros. Así, encubre la superchería de presentar como común de todos, como los principios básicos que toda persona debe asumir, lo que es sólo una determinada concepción del hombre y la moral. Por lo demás, ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria poseen autoridad para determinar lo que está bien o mal en el orden moral e imponerlo a todos los ciudadanos. Otra cosa sería si se tratara de una asignatura que tuviera como objeto el conocimiento de los principios e
instituciones constitucionales y la adhesión crítica (pues tampoco son un inviolable tabú, sino el contenido de la norma jurídica, no moral, suprema, pero reformable) a ellos. Pero no es éste el caso.

Si equivocado es implantar una asignatura semejante, peor aún es hacerlo sin consenso entre los dos grandes partidos y mediante una exigua mayoría parlamentaria y un Gobierno bastante endeble. Si toda ley educativa fundamental debería contar con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, pues la educación es algo, en cierto modo, sagrado, que no puede quedar encomendado a los vaivenes de las mayorías sociales, más aún deberían hacerlo las normas que se refieren a la formación moral de los alumnos.
Además, es, con muy alta probabilidad, inconstitucional, ya que puede vulnerar la libertad de conciencia y, desde luego, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En nombre de la libertad, sólo podría haberse creado esta asignatura, si acaso, como optativa. ¿Por qué no se ha hecho?

Toda educación se nutre de excelencia y ejemplaridad. Sólo puede educar quien ostenta o, al menos, aspira a poseer un poder o, quizá mejor, autoridad espiritual. Acaso la tragedia de nuestro tiempo es que nadie ejerce esa autoridad o al menos a nadie se le reconoce generalmente. Incluso se niega la validez misma del concepto a manos de la arbitrariedad, el capricho, el relativismo y el nihilismo. El resentimiento posmoderno ha decretado que nada ni nadie vale más que nada ni nadie. La igualdad ha
triunfado, pero todo lo demás naufraga, incluida la libertad. En cualquier caso, quien nunca podrá aspirar a ejercer la autoridad espiritual es el Estado democrático, pues él se sustenta en la opinión pública, es decir, en lo mediocre, nunca en lo excelente. Pero a quien aspira a ejercer un poder absoluto lo que menos le interesa es la existencia de una autoridad social ajena a sus intereses. Aspira, pues, a ejercerla él, es decir, a eliminarla, y así a perpetuar su poder. Pero esto ya nada tiene que ver con la democracia ni con la libertad.

Se podrá discutir si el Derecho español faculta a los padres y alumnos para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Pero lo que nadie les podrá, a mi juicio, negar es, en su caso, el deber que tienen de hacerlo: en defensa de la libertad y de su derecho, y en contra del Estado (mal) educador.

Formación para la tiranía

La libertad real de un pueblo se manifiesta en el respeto profundo hacia el derecho personal de libertad de conciencia frente a las tentaciones del poder de imponer su propia visión de las cosas, su modelo de sociedad, su idea del hombre.

Por Rafael Sánchez Saus. Profesor de la Universidad de Cádiz, en Granada Hoy, el 25 de mayo de 2007.

HACE unas semanas saltaba a la prensa europea una de las últimas ocurrencias del tirano demagogo que sufre Venezuela. Hugo Chávez pretendía impartir clases de marxismo en las empresas para adoctrinamiento de los trabajadores. Por supuesto, fueron los sindicatos los primeros en oponerse y todo el mundo se sonrió: ¿qué puede esperarse de un personaje así? Pues bien, en la España de Zapatero se impone un plan para que los niños en las escuelas sean adoctrinados en los principios radicales de lo que Jesús Trillo-Figueroa ha denominado “la ideología invisible”, y la sociedad lo admite sin apenas discusión. Es verdad que estos maestros del eufemismo que nos gobiernan han tenido buen cuidado de elegir para la operación un nombre encantador: Educación para la Ciudadanía. ¿Puede haber alguien tan bruto y tan facha que se oponga a que los niños sean educados para convertirse en buenos ciudadanos?
Por favor, descorramos el telón de las palabras bellas, pero huecas. ¿Qué hay detrás? Un proyecto de esencia totalitaria que, en contra de lo que muchos creen, no pretende enseñar a los niños cómo comportarse en sociedad, sino inculcarles la ideología dominante, dictaminando el orden moral propio de estos tiempos: qué es matrimonio y qué es una familia; qué es ser padre o madre; sobre qué se forja la identidad personal; qué es un embrión humano y qué un amasijo de células, etc... No se trata, pues, de una materia escolar más, sino de pura ideología al servicio de un modelo de sociedad y de hombre muy definidos y muy discutibles. Se comprende, que Jaime Urcelay, presidente de Profesionales para la Ética, haya advertido que “el proyecto ideológico de Educación para la Ciudadanía contamina toda la asignatura por la pretensión de modelar la conciencia moral de los ciudadanos”, ciudadanos que, no debemos olvidar en ningún momento, son niños y adolescentes.
Cuando el preámbulo de la LOE –ley aprobada sin consenso y con la mayor oposición ciudadana de la historia de la democracia– dice que la Educación para la Ciudadanía ha de encargarse de formar a los “nuevos ciudadanos”, recoge el espíritu del documento hecho público por el sector más radical del PSOE en diciembre pasado: se hace necesario formar “conciencias libres, activas y comprometidas” con lo que se llama “el mínimo común ético constitucional”. Pero, cuidado, porque el mismo documento nos revela que “el principio constitucional es la laicidad”. Con esto tocamos el núcleo de las obsesiones liberticidas del actual PSOE, empezando por el propio ZP. Así se comprende que Educación para la Ciudadanía fuera considerada “no negociable” en la discusión sobre la LOE y que haya sido impuesta por el Ministerio sin contar con las partes interesadas, en especial con los padres de familia afectados.
Porque ésta es la clave de todo el asunto: el brutal aplastamiento al que se somete, una vez más, a la fracción mayoritaria de la ciudadanía a la que el Gobierno socialista se siente con derecho a desconocer como si fuera un mero residuo despreciable. Ante la evidencia de que la nueva asignatura puede convertirse en un instrumento de manipulación y adoctrinamiento, es necesario recordar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 14.3, asegura “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”, y que la Constitución Española, a cuyos valores dicen acogerse los defensores de Educación para la Ciudadanía, en su artículo 27.3, afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
¿Cartas de Derechos, Constitución? Bastante le importan esas zarandajas al Gobierno cuando de ideología se trata. El derecho de objeción de conciencia, última garantía de una sociedad libre, se alza como valladar frente al abuso. Gandhi, que sabía algo de cómo resistir la injusticia, dejó la receta: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. El nivel de libertad efectiva de que goza un pueblo no se calibra por las declaraciones grandilocuentes de los políticos, ni por la transgresión subvencionada de la que viven tantos pésimos artistas y pseudoliteratos. Ni siquiera por la aparente libertad de costumbres y modas dictadas por los intereses de las industrias que hacen su agosto a costa de la dignidad y el decoro colectivos. No, la libertad real de un pueblo se manifiesta en el respeto profundo hacia el derecho personal de libertad de conciencia frente a las tentaciones del poder de imponer su propia visión de las cosas, su modelo de sociedad, su idea del hombre. Y en ese sentido, en España deberíamos empezar a preocuparnos. Por nosotros y por nuestros hijos.

La dictadura del pensamiento único

La falacia anti-conservadora consiste en atribuir las posturas morales del adversario a meras preferencias personales

Jaime Rodríguez-Arana. Catedrático de derecho administrativo. En analisisdigital, el 27 de julio de 2005

Es frecuente, muy frecuente en este tiempo, escuchar que todo es relativo, que no se pueden alcanzar verdades objetivas sobre las cosas, qué no se puede imponer ningún criterio moral… Afirmaciones, todas ellas, originadas por esa dictadura del relativismo que, sencillamente, intenta impedir, con uñas y dientes, que mortal alguno pueda tener convicciones morales. Pareciera como si hasta estuviera mal visto el empeño, el intento por buscar la verdad.

En este ambiente de pensamiento único que lamentablemente impera entre nosotros debido a esta sociedad en la que prolifera ese perfil de persona distante, calculadora, fría, que ni siente ni padece, y que sólo aspira, como sea, a alcanzar poder, dinero o notoriedad, encuentra el terreno abonado esa dictadura del pensamiento único que impide a los demás tener convicciones y que justifica la gran convicción: toda vale con tal de que me mantenga en el poder, amase una buena fortuna o procure desarrollar un marketing personal sin límites. Esta es la nueva ideología, no tan nueva me parece, que todo lo permite y que todo lo justifica

Estando pensando sobre estas cuestiones, me topo en el número 77 de Aceprensa de este año con una referencia a un artículo del filósofo Edward Fraser, conocido como comentarista de Robert Nozick, que me abre los ojos sobre lo que este autor denomina la falacia anticonservadora.

Hoy quien se manifiesta de izquierdas presume de que la izquierda es la expresión genuina de la moral, de la ética, porque la gente de izquierdas, qué le vamos a hacer, ha nacido concebida por esa especial gracia que garantiza el acierto en toda circunstancia y espacio. La izquierda siempre tiene la razón. Claro, esta manera de configurar una ideología que, es cierto, ha incrustado en la realidad una relativa sensibilidad social, lleva a descartar cualquier proyecto o propuesta por la sencilla y gran razón de que lo bueno sólo puede venir de esta orilla, pues es metafísicamente imposible que salga algo bueno al margen de esta ideología.

Pues bien, Fraser llama la atención sobre la contradicción que supone negar a los demás la posibilidad de tener y expresar convicciones morales, mientras uno, si es de izquierdas, se puede permitir el lujo de calificar sus decisiones de decentes, morales éticas y no se cuántas lindezas más. Incluso hasta hay quien se atreve a afirmar que ya era hora de que la ética y la moral, por fin, resplandeciera entre nosotros. Ahora bien, si una persona bienintencionada, por ejemplo, replica ante la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo o ante determinadas medidas de discriminación positiva, que tal modo de proceder implica imponer unas ideas, quizás polémicas, hasta quizás no mayoritarias, a los demás, entonces se levantara de inmediato el hacha de guerra contra quien ha osado desafiar al guardián de la moral única y legítima para condenarlo a las tinieblas exteriores, a la más feroz excomunión que jamás humano padeció. Eso sí, sin argumentos, sin razones porque cómo no existen sólo queda el poder de laminar y excluir al adversario. Y, para ello, no se repara en estrategias y tácticas mediáticas alimentadas por el odio y la manipulación.

Para Fraser el truco dialéctico en que consiste la falacia anti-conservadora es bien sencillo y prospera porque el miedo a la libertad y al pensamiento plural es bien patente en una sociedad plana en la que, en casi todos los ámbitos, resulta gravoso expresar las propias ideas como no sea para buscar el agrado y al aplauso. Veamos: esta falacia suele esgrimirse contra los calificados de conservadores o reaccionarios por los grupos liberales, socialistas y feministas. La falacia, dice Faser, consiste en atribuir las posturas morales del adversario a meras preferencias personales, sin conceder la posibilidad de que sus preferencias deriven de juicios que pueden ser verdaderos y, por tanto, universalmente válidos. Así, sin más, se descartan los criterios del adversario sin rebatirlos y se da por supuesto lo que interesa: que el otro no tiene razones para justificar su postura.

La razón de esta peculiar forma de revelación del pensamiento único brota del convencimiento de que no hay más verdad que la mía y que, lejos de debatir sobre ella –siempre hay miedo al debate libre y mucho apego a la discusión trucada- lo que procede sin más dilaciones es su imposición sobre la realidad cuanto antes. Qué hay manifestaciones de cientos de miles de personas en contra, mejor porque qué pena que la mayoría esté tan ofuscada y engañada sin tener la dicha de encontrar la nueva decencia que todos, absolutamente todos, necesitamos para nuestra realización.

Cuándo se dice que no se puede imponer a los demás mis convicciones o puntos de vista moral sobre determinadas cuestiones, conviene llamar la atención sobre algo que no siempre se tiene presente. Los nuevos defensores del pensamiento único, los adalides de la nueva dictadura del relativismo, parten de la base de que las afirmaciones morales como mucho no son más que meras afirmaciones personales que deberían quedar encerradas en el estrecho reducto de la conciencia personal, porque para dictar los postulados de lo que es bueno o malo, decente, como se dice ahora, está el gran hermano. Es decir, las convicciones no pueden imponerse a quienes no comparten estos puntos de vista, eso sí, salvo que sea la nueva izquierda salvadora del hombre quien deba, de una vez, salvar al género humano del paleolítico de lo conservador. Entonces, cuándo es la izquierda quien manda, entonces sí que se pueden imponer las preferencias morales porque resulta que está en la cúpula la misma expresión de la bondad, de lo benéfico y de la tolerancia y entonces sí que todo vale, todo se justifica, incluso esa imposición de la moral tan denostada cuándo no se está en el poder.

Llegados a este punto sí quisiera hacer una glosa breve del pensamiento socialista para decir que frente a lo que para mí es la mejor tradición del pensamiento socialista, hoy el socialismo dirigente ha preferido la deriva libertaria e insolidaria que lleva al radicalismo egoísta y a la muerte del pensamiento plural. En fin, el recurso a esta falacia tan utilizada en este tiempo parte de la fuerza de la ignorancia, del sueño de una ciudadanía a la que acaricia ese despotismo blando tan de moda hoy que dificulta el pensamiento crítico y que lamina a quien se atreve a opinar en contra de la tecnoestructura como hemos comprobado días atrás en sede parlamentaria por dos ocasiones, y sobre todo, de la gigantesca operación de manipulación y engaño a que se somete a la gente de bien, a esa mayoría a la que se pretende engañar con proyectos y propuestas que llevan el germen de la marginación, de la exclusión y del rechazo a quienes hoy más que nunca hay que defender: a tantos millones de seres que están a punto ser, valga la redundancia, a tantos millones de seres que están a punto de dejar de ser, y a tantos millones de seres a quienes ni siquiera se les pregunta por su futuro en un de los mayores ejercicios de autoritarismo que podemos recordar.

Otrosí digo: si escribo estas cosas en estos términos tan respetuosos con las personas que defienden posiciones contrarias a las mías, es porque la persona, piense lo que piense, me merece todos los respetos. Tengo la convicción de que hoy quienes estamos en minoría defendiendo a quienes no tienen voz para exponer sus argumentos, mañana seremos calificados de progresistas y quienes promueven o amparan estas prácticas que castigan tan injustamente a la dignidad de las personas, serán calificados como los verdaderos retrógrados . El tiempo, que es el mejor juez, será quien lo testifique.

Liberticidas

Los que se oponen a las libertades políticas emplean estrategias más insidiosas que nunca

Miguel A. Martínez Echeverría , en La Gaceta, el 4 de mayo de 2007

Nunca se pueden dar por garantizadas las libertades políticas. Una sociedad será libre mientras sus miembros sean celosos defensores de sus modos de vida, para lo cual es imprescindible que mediante el continuo ejercicio de esas libertades impidan que les sean arrebatadas. Para eso se requiere, como dice Maritain, mantener esa fe en el hombre, siempre amenazada por el falso realismo de los cortos de vista, de los que viven sin esperanza, de lo que se conforman con un tibio puñado de baratijas. Cuando se abandona la paciente lucha por superarse en el servicio a los otros, que es el ejercicio de la libertad, cuando se busca la propia comodidad, que es la esencia de la esclavitud, se pierde la fe en el hombre, y a modo de justificación se alega que hay que ser realista, que el hombre es vil, brutal y despreciable. En ese ambiente de pesimismo y derrota, bulle el caldo de cultivo de esos gérmenes liberticidas que son las mentalidades clericales y laicistas.

Los que hoy amenazan la fe en el hombre, los que se oponen a las libertades políticas, emplean estrategias más insidiosas que nunca. No se presentan como propugnadores de recortes de libertades, que es lo que siempre han pretendido, sino como adalides de nuevas e insólitas libertades. Tratan de convencer a espíritus débiles que mientras no exista el derecho al aborto, al uso utilitario de lo sexual, a la disolución de la familia, a la eliminación del anciano y del enfermo, y a todo lo que impida la buena vida de ese nuevo señor de la historia en que se ha erigido el individuo rico y hedonista, no se puede hablar de una “democracia plena, progresista y consolidada”. A estos falsos defensores de supuestas libertades habría que decirles con John Stuart Mill que si no buscan la libertad por sí misma, sino en razón de la comodidad que les proporciona, es porque tienen alma de esclavo. Entienden la libertad como exigencia del propio vientre. Pero no hay que dejarse engañar, el enemigo de la fe en el hombre, y por tanto de las libertades políticas, siempre ha sido el mismo. Podría ser representado por la figura de una bestia con dos cabezas: el clericalismo y el laicismo. Por todos los medios tratan ambos de patear al hombre, de impedir el ejercicio de su libertad. Sólo les une su ambición de poder, su desprecio a la autoridad que surge de la dignidad de la persona humana. Para unos, los clericales, habría que convertir el Estado en Iglesia, para otros, los laicistas, habría que convertir la Iglesia en Estado. Un mismo objetivo, bajo dos apariencias distintas, suprimir el espacio de ejercicio de la libertad humana.

Sucesos reflejados en la prensa de estos días ponen de manifiesto que laicistas y clericales comparten el mismo fatalismo. Clericales de siempre, que ahora se presentan como teólogos de la liberación, se manifiestan como la quintaesencia del laicismo. Están convencidos que sólo el poder de la bestia tiene fuerza liberadora. Demuestran con sus hechos que no creen en la bondad y la verdad del hombre redimido por Dios, sino sólo en lo que ellos hacen y piensan. Su libertad consiste, como la de los terroristas, en emplear la violencia contra la que se opone a sus tristes deseos.

El más fuerte apoyo a la libertad ciudadana, lo que más enfurece a clericales y laicistas, es una Iglesia no sometida al poder y que pueda anunciar con toda libertad la verdad sobre el hombre. Cuenta Newman que el prefecto imperial de Bizancio no pudo reprimir decirle al gran Basilio: "Nadie hasta ahora había osado hablarme con tanta libertad", a lo que respondió Basilio, "Quizás hasta ahora no habías hablado con un obispo". Para vivir en libertad no se necesita más poder, ni más control, como acostumbran a pensar clericales y laicistas, sino mayor empeño en alentar la manifestación de la verdad que se esconde en cada hombre, que no es otra cosa que dejar que mediante el ejercicio brote la fuente de toda libertad.

El buen ciudadano

La objeción de conciencia puede ser invocada tanto por los padres de alumnos como por los profesores

Por Ignacio Sánchez Cámara, el 1 de mayo de 2007

Treinta asociaciones, al menos, defienden la objeción de conciencia contra la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Aducen para ello10 razones principales, entre ellas, la intromisión ilegítima del Estado en la formación moral de los alumnos, la exclusión de las tradiciones religiosas, la trascendencia y la existencia de Dios, el abuso de las emociones y los afectos de los alumnos, la inadecuada promoción de una democracia escolar, la imposición de la ideología de género y la no admisión de la existencia objetiva de la verdad y del bien. El ejercicio de la objeción de conciencia puede ser realizado tanto por los padres de alumnos como por los profesores. No faltan entre los obligados a impartirla quienes se oponen a ella por razones jurídicas, morales y profesionales.

El Estado tiene la obligación de velar por la educación de las personas y de cuidar de la formación de buenos ciudadanos, pero carece del derecho a educar. Los titulares del derecho a la educación son los alumnos y, por representación, los padres. El Estado es sólo el garante del ejercicio del derecho a recibir una educación conforme a sus principios y valores, dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Pero carece del derecho a educar y, por lo tanto, a determinar la orientación moral de la educación que se imparte. Por supuesto, también en los centros públicos, cuya titularidad no es del Gobierno, sino de los ciudadanos.

La nueva asignatura es innecesaria e inconveniente; probablemente, también inconstitucional. No es necesaria porque no se precisa de una asignatura especial para formar buenos ciudadanos. Por lo demás, es mucho más eficaz la ejemplaridad personal que la existencia de una asignatura específica. ¿Es que acaso hasta ahora no se ha intentado formar buenos ciudadanos? Más valdría restaurar la disciplina escolar, promover la laboriosidad y la excelencia y recuperar la exigencia y la valoración del esfuerzo y el mérito, que diseñar experimentos de ingeniería moral y aspirar a modelar la conciencia moral de los estudiantes. Además, plantear una asignatura de esta naturaleza entraña la previa contestación a la pregunta acerca de en qué consiste ser un buen ciudadano. Y no es posible contestar a esta pregunta sin apelar a unos determinados valores. Pero la determinación y concreción de estos valores sólo puede ser asunto de la ética. Por lo tanto, la asignatura entraña, en sí misma, la asunción de una determinada moral ¿Cuál? ¿Pueden el Gobierno o una mayoría parlamentaria determinarlo legítimamente? La respuesta sólo puede ser negativa. Naturalmente, muchos de sus contenidos pueden ser razonables y necesarios, mas no exigen la creación de una nueva asignatura, sino que pueden ser impartidos en varias de las que ya existen. Si tan defensores de la libertad son sus promotores, deberían haberla configurado como optativa y no como obligatoria. Otra cosa sería si se tratara de una asignatura dedicada a la enseñanza de la Constitución, sus principios, valores e instituciones. Pero no es ése el caso. Por lo demás, aún aceptando su necesidad o conveniencia, debería haber sido consensuada al menos entre los dos grandes partidos, ya que se trata del más fundamental asunto de Estado.

Pero hay más. La nueva asignatura pretende inculcar, al menos, dos graves errores antropológicos y morales.

EL primero consiste en la asunción del principio, derivado de la nefasta ideología de género, de que la diferenciación sexual de la persona carece de relevancia a la hora de comportarse sexualmente, es decir, que la orientación homosexual o heterosexual es asunto del arbitrio de cada persona sobre la que no puede recaer ninguna consideración moral. El segundo consiste en la asunción del principio de que la verdad moral no existe o queda reducida al resultado del eventual consenso mayoritario de una sociedad. Es decir, la falacia de que la opinión cambiante de la mayoría sea criterio de verdad moral. Como resulta evidente, no se trata de una polémica que enfrente a los creyentes y a quienes no lo son, sino a quienes defienden la libertad de enseñanza y a quienes no lo hacen.

En conclusión, la nueva ley atenta tanto contra la verdad como contra la libertad. Asume principios morales equivocados o que, al menos, no son compartidos por gran parte de la sociedad, acaso su mayoría. Atenta contra la libertad de padres, alumnos y profesores, al imponerles la asunción de valores morales controvertidos. Bastaría, en cualquier caso, para criticarla con esto último. No es lo malo sólo su contenido, sino la extralimitación del poder político que entraña. En cualquier caso, aunque se tratara sólo de la formación de buenos ciudadanos, una exigua mayoría parlamentaria y el Gobierno sustentado en ella carecen del derecho a determinar en qué consiste ser un buen ciudadano. A menos que ser un buen ciudadano consista en ser necesariamente de izquierdas o votar al Partido Socialista. No faltan, pues, razones contra la ley, ni a favor de la objeción de conciencia contra su cumplimiento.

Otra imposición totalitaria

Hay que resistirse a esta forma de totalitarismo. Y si hay conflictos, serán mejor cosa que ese lavado de cerebro

Por Ramón Pi, en La Gaceta, el 19 de abril de 2007

La asignatura de educación para la ciudadanía presagia no pocos conflictos a partir del curso que viene, porque pretende hacer obligatorio que todos los alumnos de primaria y secundaria reciban una determinada formación moral impuesta por el Estado. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha denunciado esta intromisión en términos inequívocos: “La enseñanza de la Religión y Moral católica debe ser y es optativa para los alumnos, porque han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos. Éste es su derecho primordial, insustituible e inalienable. Se lo reconoce la Constitución en el artículo 27, 3. Queda tutelado también por el artículo 16, 1, que consagra la libertad ideológica y religiosa. Por tanto, el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres”.

Pero, además, resulta que esta asignatura, en sus contenidos, trata de imponer el relativismo moral —esto es, la ausencia de toda referencia a la verdad— y la llamada ideología de género, según la cual el sexo de cada persona, que la hace varón o mujer, sería una especie de accidente biológico y, en cambio, lo fundamental sería el “género”, es decir, la “orientación sexual” que cada cual decidiera hacer suya. Según esta ideología, habría dos sexos, pero cinco géneros: masculino homosexual, masculino heterosexual, femenino homosexual, femenino heterosexual y bisexual, aunque algunos pretenden incluir otros dos “géneros”, el transexual y el travestido. Según dice la Conferencia Episcopal, “todos deseamos que la escuela forme ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y tolerantes. Pero eso no se consigue con introducir en las conciencias de los jóvenes el relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal.

Esta Educación para la Ciudadanía de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Obviamente, los obispos no podían decir otra cosa, porque el relativismo moral y la ideología de género pugnan frontalmente con la doctrina católica.

Estamos, pues, ante una agresión en toda regla a millones de familias españolas, perpetrada por un Estado que hace uso de todo su poder para impedir que los padres puedan dar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. El Foro Español de la Familia, junto a otras organizaciones familiares y de padres de alumnos, está haciendo un esfuerzo para que los padres de familia sepan cómo pueden oponerse a que sus hijos sean adoctrinados de esta manera, invocando la cláusula de conciencia basada en los artículos citados de la Constitución.

Es posible que muchos padres o no se hayan enterado o piensen que eso son apreciaciones más o menos exageradas de los obispos. Incluso puede haber algunos educadores cristianos que piensen algo parecido. Pero no es así, las consecuencias de unos niños con la mente deformada de esta guisa pueden ser literalmente devastadoras, y sus consecuencias pueden arruinar toda una generación, como ocurrió con aquella utópica Summerhill. Nos jugamos, ciertamente, mucho con estos experimentos insensatos.

Los obispos son claros e inequívocos: “Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los reales decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica”.

Una vez más, me temo que el caso acabará sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que puede tardar años en resolver, mientras millones de niños padecen una deseducación acaso irreversible. Hay que resistirse a esta nueva forma de totalitarismo. Y si hay conflictos, siempre serán mejor cosa que ese intolerable lavado de cerebro.

Totalitarismo educativo

La libertad de educación es condición de posibilidad para la educación en libertad

Por Alejandro Llano, en La Gaceta, el 9 de marzo de 2007

LA auténtica educación presupone la libertad. Porque crecer en conocimiento y madurar en calidad vital no es algo que se pueda lograr de manera automática, a base de leyes coercitivas o de técnicas mecanicistas. Nadie puede aprender en vez de otro ni conseguir que otro mejore éticamente, si no quiere. Adentrarse en el alma de una persona es la operación más delicada que imaginar se pueda, en la que no cabe el anonimato ni tipo alguno de coerción.

De ahí que hablar de educación en la libertad sea una feliz redundancia. Y, a su vez, la libertad de educación es condición de posibilidad para la educación en libertad. Esto no lo saben los socialistas españoles o, si lo saben, hacen lo posible por olvidarlo. La LOE es una buena manifestación de esa querencia totalitaria que no acaban de abandonar. Y los decretos que regulan su aplicación vuelven a confirmarlo. Con independencia de que los obispos españoles —que han hecho muy bien— lo acaben de denunciar con claridad y sin crispación, lo cierto es que las reglamentaciones que desarrollan la Ley Orgánica de Educación ahogan la poca esperanza que nos quedaba de que padres, profesores y estudiantes pudieran respirar un poco de aire fresco.
El ambiente escolar se está enrareciendo. El Gobierno anda empeñado en deseducar a los jóvenes, forzándoles a inmersiones generalizadas en una ideología partidista y carente de base científica. El relativismo moral y la perspectiva de género son ahora las orientaciones oficiales. La antropología que subyace, sobre todo, a la Educación para la Ciudadanía apenas se eleva sobre los estrechos límites del materialismo. Estamos a punto de que, delante de nuestros ojos, se consume el atropello de forzar la enseñanza de una asignatura con contenidos anticristianos a alumnos cuyos padres han elegido para ellos el aprendizaje de la religión y la moral católicas. Asistimos a la inminencia de un contrafuero, porque la Constitución Española prescribe claramente que la educación moral y religiosa debe ser elegida por los progenitores.

Pero la presunta educación a través de intervenciones totalitarias no se limita a una asignatura. La propia enseñanza de la religión ha quedado partida por gala en dos, y una de las mitades se ha eliminado sin más de los horarios escolares. Ni la escuela, ni los padres, ni la propia Iglesia poseen ahora un camino para garantizar que los docentes de esta materia, cuyo enfoque afecta a la propia conciencia, se comporten públicamente como cristianos.
En todos los rincones de España donde esta mutación es posible, se está registrando una huida de la escuela pública a la escuela concertada. La razón es clara: la diferencia de calidad educativa a favor de la enseñanza concertada. Pero estos centros de iniciativa social lo van a tener cada vez más difícil. Porque ni será libre su creación (sometida a supuestas necesidades educativas y a arcanos límites presupuestarios) ni su elección por parte de las familias (coartada por el escasamente democrático expediente de la zonificación, y el manipulable recurso al área de influencia de los respectivos centros docentes). Burócratas y tecnócratas vuelven a representar el papel de perro del hortelano, que ni come ni deja comer.

La deformación profesional de los políticos de cualquier color es el intervencionismo. Y en el caso de que su ideología trascienda aún los tufos de totalitarismo que la reciente evidencia histórica no ha conseguido disipar, la intervención se vuelve entonces opresiva. Pretenden un contrasentido: obligar a vivir y pensar en democracia precisamente como ellos quieren que todos piensen y vivan. La espina dorsal del estilo democrático de convivencia —libertad y pluralismo— se les antoja una debilidad conservadora. Pero es justo tal tergiversación la que los ciudadanos y las instituciones democráticas no deben tolerar. La objeción de conciencia y la resistencia civil son a veces el último recurso. Ahora bien, antes de llegar a semejante límite es preciso recorrer los caminos de la acción ciudadana y de la presencia en los debates culturales.
La nueva regulación de la enseñanza primaria y secundaria entiende la educación como un servicio público, adscrito al Estado y a las Administraciones Públicas, mientras que la sociedad queda relegada a un papel secundario y marginal. Pero no es éste el verdadero sentido de la subsidiariedad, recomendada ahora incluso por la tan burocrática y poco imaginativa Unión Europea. La ayuda de que se trata no la deben prestar las iniciativas sociales a las dependencias públicas, sino el Estado y las Administraciones a las instituciones libremente promovidas por las familias y las comunidades cívicas. Según el viejo lema revolucionario, se trata de volver a poner sobre sus pies un planteamiento social que anda de cabeza. En democracia, el protagonismo siempre ha de correr por cuenta de la libertad.

50 Aniversario de la Unión Europea

El Papa avisa que la crisis demográfica y ética lleva a Europa a «despedirse de la Historia»

Por JUAN VICENTE BOO, CORRESPONSAL en ROMA de ABC, el 25 de marzo de 2007

Demostrando el coraje de poner el dedo en la llaga, Benedicto XVI denunció ayer el declive demográfico y el vacío espiritual de la Unión Europea, e invitó a superar la crisis de valores para que Europa recupere su unidad y su papel en el mundo. En tono afectuoso pero con palabras muy duras, el Papa advirtió que la caída de la natalidad «podría llevar a Europa a despedirse de la Historia», y que la continua erosión de los valores supone «una apostasía de sí misma, incluso antes que de Dios».
Benedicto XVI -que además de un intelectual de gran envergadura es testigo de los éxitos y fracasos de estos 50 años de la UE-, prefirió exponer la verdad incómoda ante los 400 participantes en un congreso sobre el futuro europeo, en lugar de caer en el triunfalismo de fachada que ha convertido en gélidas las celebraciones oficiales de Roma y las vísperas de las de Berlín.
El Papa es europeísta, pero no al precio de la hipocresía o de cerrar los ojos ante el degrado social o la injusticia contra los más débiles. En su balance de 50 años, celebró que Europa haya conseguido «reconciliar sus dos pulmones -Oriente y Occidente- arbitrariamente separados por un telón de injusticia», pero constató que avanza sólo «fatigosamente» la búsqueda «de una estructura institucional adecuada para una Unión de 27 países que aspira a convertirse en actor global».

El protagonismo perdido
El Papa advirtió que «por desgracia, en el terreno demográfico Europa parece haber tomado un camino que podría llevarla a despedirse de la Historia», perdiendo el protagonismo que ha tenido en el ultimo milenio.
Según Benedicto XVI, la caída de población, «además de dificultar el crecimiento económico puede dificultar la cohesión social y, sobre todo, favorecer un peligroso individualismo. Se podría pensar que el Continente europeo está perdiendo, de hecho, la confianza en su propio futuro».
El Papa denunció la falta de solidaridad en terrenos medioambientales y energéticos «no sólo en el ámbito internacional sino a veces incluso en el nacional», como sucede, por ejemplo, con el agua en algunos países.
Pero su preocupación principal se refería a los derechos de las personas y los valores. Sin necesidad de mencionar explícitamente el aborto o la eutanasia, el Santo Padre reivindicó «el derecho a la objeción de conciencia» y advirtió que «una comunidad que no respeta la auténtica dignidad del ser humano, olvidando que toda persona ha sido creada a imagen de Dios, termina por no ayudar a nadie». Si al pragmatismo o a la ley del más fuerte en la política «se añaden corrientes laicistas y relativistas, se termina negando a los cristianos el derecho a intervenir como tales en el debate público».

«Valores universales»
El Papa acusó a los gobernantes de «haber escrito varios capítulos del proyecto europeo sin tener suficientemente en cuenta las aspiraciones de los ciudadanos», y recordó que la identidad europea, «antes que geográfica, económica o política, es una identidad histórica, cultural y moral: una identidad constituida por un conjunto de valores universales que el cristianismo ha contribuido a forjar». Esos valores «deben permanecer en la Europa del tercer milenio como fermento de civilización». Sin ellos, Europa se desvanece. Guste o no escucharlo la víspera de una fiesta de aniversario.

Texto íntegro de la declaración de Berlín aprobada por los 27 en el 50 aniversario del Tratado de Roma.