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lunes, 26 de mayo de 2025

Andrés Ollero: “Algún día se verá el aborto como hoy vemos la esclavitud”


Universitario. Catedrático. Diputado. Magistrado. Académico. Ha ostentado casi todos los poderes, “pero con afán de servicio”. Nazareno y torero de salón y plaza. Bravo para expresarse con libertad y manso en las formas. En la España que se hace cruces, él ha alzado la montera saludando al ruedo -el hemiciclo, el círculo del Tribunal Constitucional, la rueca de los medios- con esa sonrisa irónica que cultivó en Granada y que tiñe hasta los votos particulares de las sentencias históricas. Conocido por hablar en plata en un país donde pensar es gratis, pero hablar es arrimarse al toro y jugarse una cornada. Filósofo del Derecho. Católico sin antifaz en medio del tsunami laicista. Testigo ocular de los primeros pasos de la Transición, del coste de la Constitución y de la cortesía parlamentaria que no conocen los millennials. El hiperactivo de las trescientas publicaciones científicas y las dos docenas de libros está de parto de trillizos literarios. Pluma. Estoque. Capote contra los capirotes con su algo de Machado.

Como un torero en mitad de la plaza pública, Andrés Ollero (Sevilla, 1944) ha sacado un libro con el que se pone sus convicciones por montera. Se titula Tercio de quites y es una faena de libertad de expresión. En un país donde las ideas claras suenan a camino hacia toriles, el filósofo, catedrático, jurista, ex político y ex magistrado del Tribunal Constitucional ha salido al ruedo con su background, sus argumentos, su ironía y su libertad tirando de hemeroteca. La transparencia, sin complejos. Entre Machado y Harbemas. Entre quienes mandan al via crucis y el domingo de ramos. Después de tantos años en la mirilla de los que piensan que ser católico invalida el juicio público en esta España que hoy huele a incienso, toma la palabra.

Profesor. Diecisiete años en el Congreso de los Diputados siendo la cara nacional del PP por Granada hasta 2003. Nueve años como magistrado del Tribunal Constitucional (TC) entre 2012 y 2021. 69 votos particulares tatuados en su conciencia, pero emitidos sin drama. Mucha mili. Mucha historia.

Andrés Ollero Tassara es, hoy, secretario general del Instituto de España, el órgano que integra a las reales academias del país. Este es “el senado de la cultura española”, con sus aires notables de despachos de época y asientos de escay, en medio de la sociedad de los influencers y TikTok.

Madrid. Metro Noviciado. En el Caserón de san Bernardo hay toreo, corrida, picadores y paseo de carruajes a media mañana. Tendido 9 y a la sombra. Suena un pasodoble de arranque entre la Maestranza y Las Ventas. Con La Amargura a punto de salir otra vez por las calles de Sevilla, un torero sin heridas salta al albero y entra al capote.

Tercio de quites son sus reflexiones de hace diez años, antes de ser elegido magistrado del TC, pero muchas de ellas están de pura actualidad. También es el testamento de sus convicciones.

Sí.

Tener convicciones es políticamente incorrecto.

[Risas]. Me temo que sí… Pero yo salgo al ruedo, a jugármela.

Jugársela a estas alturas es más fácil. Profesionalmente ha pasado ya casi por todas las etapas cum laude.

No me puedo quejar. Los toros han sido comprensivos conmigo.

¿Por qué tener convicciones está mal visto?

Todos tenemos convicciones. Algunos dicen que no, porque no están dispuestos a defenderlas. Salvo problema de cordura, yo creo que todo el que habla está convencido de lo que dice.

Este libro es, también, una reflexión en voz alta sobre el laicismo. La libertad de ser católico mengua, señala, y usted eso lo ha sufrido en primera persona.

Lo deportistas no sufren, porque les va la marcha. Yo, sufrir-sufrir no he sufrido demasiado, aunque quizá algunos lo hayan intentado.

Habla de “neocruzados de credo laicista” y de la imposición de “una religión civil”.

Lo hago saliendo al quite de una frase de Joaquín Leguina. También toreo sobre una cita de Antonio Machado: “Nada hay más temible que el celo sacerdotal de los incrédulos”.

¿La lucha contra los dogmas está llena de dogmáticos beligerantes?

Y después hay situaciones curiosas como aquella que protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cuando fue invitado a Estados Unidos a un desayuno de oración y dijo eso de: “Permítanme que les hable en castellano, en la lengua en la que por primera vez se rezó al Dios del Evangelio en esta tierra”. No le oí decir eso nunca en España, y tuvo su tiempo.

¿Quiénes son esos “neocruzados”?

Los laicistas, que son señoras y señores que dicen que son neutros en materia de religión, pero no es verdad. En el ámbito jurídico se habla de libertades negativas. Uno tiene la libertad de participar en política y puede afiliarse a un partido, si quiere, y también cuenta con la libertad de no afiliarse a nada. Entre ambas opciones no existe la neutralidad. En el caso de la religión sucede lo mismo: se opta por una, por otra, o por ninguna, pero nunca por ir a la contra.

¿Los constitucionalistas deberían estar en armas contra el pisoteo del derecho a expresar la fe?

No hace falta ser constitucionalista para eso, porque deben ser los propios ciudadanos los que custodien sus derechos. En España hay un laicismo auto asumido. A los católicos nos dicen que no podemos imponer nuestras convicciones a los demás, y nos quedamos muy acongojados. Convicciones, insisto, tenemos todos. El Derecho existe para imponer convicciones. Impone, por ejemplo, que el señor que disfruta con lo ajeno no pueda robar. Convivir en una sociedad en la que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana sería estupendo, pero es una utopía. En el cielo no habrá Derecho, ni siquiera Derecho Canónico. Al parecer, allí conviven de manera razonable. Aquí, ni siquiera los ciudadanos de Madrid estamos en el cielo todavía…

“En España hay un laicismo auto asumido. A los católicos nos dicen que no podemos imponer nuestras convicciones a los demás, y nos quedamos muy acongojados”

¿La campaña de relegar la fe al ámbito privado, a la catacumba social, ha sido un éxito?

En algún caso puede serlo, pero eso no es responsabilidad de los constitucionalistas, sino de quienes no saben convivir en democracia. Mi análisis sobre el laicismo se basa en autores no católicos, como Habermas o John RawlsHabermas, por ejemplo, entiende que la sociedad actual tiene déficits éticos graves. Él, que es anticapitalista, no cree que las soluciones a todos los problemas del hombre se salden en Wall Street. Él, que admite tener muy mal oído para la religión, porque es agnóstico, explica que las religiones mundiales ayudan a elevar el nivel ético de la sociedad. Rawls se plantea si tiene sentido que en una democracia haya un magisterio de una confesión religiosa, y dice que, si hay libertad de culto, de expresión, cada cual se impondrá a sí mismo las convicciones que quiera. Es importante respetar el derecho de cada cual a seguir sus convicciones. El epígrafe 2 del artículo 16 de la Constitución Española señala: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Eso no se respeta cuando alguien comenta que respeta el derecho a la vida y le espetan: ¡Eso lo defiende usted porque es católico! Mire: eso lo digo yo, porque me da la gana. ¡Usted no me discrimine por razón de religión!

¿La discriminación por razón de religión sucede en España cada vez más?

Claro. Es más, estamos en un momento en el que expresar el propio código moral se entiende como una agresión. Yo respeto los modos de vivir que estén bajo los parámetros de la Constitución, y tengo derecho a decir lo que me parece en ese mismo marco sin que se interprete como una fobia o un delito de odio. Es, simplemente, libertad de expresión. La ideología Woke que viene desde Estados Unidos refleja que estamos muy colonizados, mucho más de lo que pensamos. Como decía Rocío Jurado, todo eso nos está llegando como una ola… Y la gente se deja ahogar, por lo visto…

“Hoy, expresar el propio código moral se entiende como una agresión. Yo tengo derecho a decir lo que me parece en el marco de la Constitución sin que se interprete como una fobia o un delito de odio”

¿La Iglesia jerárquica pone fácil el diálogo, la defensa y la justicia para que el Estado no pise la fe de un país, mayoritariamente católico de bautismo, aunque de católicos activos en minoría?

El papel de la Iglesia es formar la conciencia de sus fieles, pero yo soy laico y entiendo que España es un estado laico. Es más, el TC habla de “laicidad positiva”. El artículo 16.3 de la Constitución no dice nada de la separación entre lo religioso y los poderes públicos, sino de cooperación, y no de cualquier cooperación, sino de una cooperación consiguiente a las creencias de la sociedad española. La jurisprudencia constitucional que hay sobre eso es modélica. Queda bien claro, por ejemplo, que el Ejército puede organizar actos religiosos, siempre que no se obligue a nadie asistir a ellos. Cuando alguien tiene una mentalidad inmanente traduce la autoridad moral en términos de poder. Para ellos, la iglesia católica es un intruso en la vida pública que no ha pasado por las urnas, y, sin embargo, la iglesia es una autoridad moral capaz de influir en sus fieles y en más personas, pero no es un poder. 

¿Por qué parece que hablar de Dios en la plaza pública española es ofensivo?

Tampoco creo que sea ofensivo, yo creo que vamos progresando. Los laicistas han pasado de “la religión es el opio del pueblo” a “la religión es el tabaco del pueblo”: fume usted poquito y en su casa. Así estamos. Pero, sí, a veces fumar resulta ofensivo…

En este libro recopilatorio incluye dos piezas que hablan del Opus Dei. Según Wikipedia, usted es un “hombre de convicciones conservadoras, perteneciente al Opus Dei”. ¿Ser del Opus Dei es lo peor que puede pasarle a un hombre que aspira a tener vocación pública en España?

[Risas] Para mí es lo mejor... Ser del Opus Dei alimenta mi sentido de servicio a los demás. En el libro comento una cita de Miguel Ángel Aguilar en El País sobre Antonio Fontán, a quien yo admiré mucho. Aguilar decía que ser del Opus Dei nunca fue una ventaja para nada en la vida de Fontán; que, al contrario, aquello fue un impulso para servir a los demás en el ámbito periodístico, académico y público. Me considero muy universitario, y eso significa querer aportar algo a la vida pública.

En esta recopilación habla de política, con el conocimiento que le da haber sido diputado del PP durante diecisiete años. ¿Cómo ve hoy el hemiciclo?

Lo que me dicen es que ha bajado muchísimo el nivel. Lo más contrario a un debate público democrático es el insulto, y observo ahora que hay diputados que recurren a él con insistencia. Parece que no son capaces de decir algo sin ofender a alguien. Una cosa es criticar y otra ofender. Estamos en las antípodas de la cortesía parlamentaria.

Cuando le eligieron magistrado en 2012, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, escribió un artículo en El País en el que decía que la previa actuación política del nuevo magistrado debía ser un motivo de incompatibilidad.

Y el artículo sigue colgado en internet… Me parece un poco chusco que, al hablar de una persona con un recorrido de cierta amplitud, el que siente doctrina sea mi buen amigo Pérez Royo, al que conocí jugando al ping-pong en la Congregación Mariana, en Sevilla. Después ha progresado mucho…

Se explaya en estas páginas recurrentemente sobre el aborto, como si le diera pena la parálisis legal, la impostura del PP con sus votantes, la ceguera de la izquierda, y que siga abierto sobre la mesa un problema moral que nadie está dispuesto a abordar con honestidad.

El aborto es el equivalente a lo que la esclavitud fue durante siglos. La capacidad de mirar para otro lado sin ser sensible a un disparate de ese calibre solo es comparable a aquel atropello de la dignidad humana. En eso soy abolicionista. Como confío en que la historia avanzará positivamente, creo que llegará un momento en el que se contemplará el aborto como vemos ahora la esclavitud. Las generaciones venideras pensarán: “¡Qué brutos eran estos señores!”.

“La Constitución flota entre olas, pero no se ahoga”

Tanto en la cuestión de aborto como durante algunos hitos de la pandemia hemos visto que, a veces, la política ha prostituido la evidencia científica. ¿Las ideologías ponen en riesgo la honestidad de las mejores dediciones?

La ciencia es un asunto muy serio al que debemos muchísimo, pero tiene su ámbito, su método y, también, sus limitaciones. El problema está en intentar que la ciencia sea la única racionalidad posible, porque muchas decisiones corresponden a otras dimensiones. Por ejemplo: la ciencia no tiene nada que decir sobre el sentido del sexo. La biología puede explicarnos una parte, pero el sentido de la relación sexual es un asunto que desborda a la ciencia. Si pretendemos ver toda la existencia humana por el ojo de cerradura de la ciencia, estamos perdidos, porque se nos queda fuera lo más importante. Como es obvio, también sería absurdo renegar de las ventajas favorables del progreso científico.

¿Cómo ve el panorama de las leyes de igualdad y el feminismo agresivo contra el hombre que abandera este Gobierno?

Es evidente que la mujer ha estado discriminada. La igualdad por razón de sexo ha sido uno de mis temas de estudio recurrentes. Ahora sigo con interés la deriva actual, que me parece curiosa. Felicité a la ex vicepresidenta Carmen Calvo por la batalla que mantuvo sobre la cuestión de la transexualidad. Para el feminismo, la identidad de la mujer es importante, como es lógico. Entendí perfectamente su lucha dentro de su propio partido y de su entorno cultural. Me parece muy bien todo lo que se haga por equiparar los derechos de hombres y mujeres, pero sin desafiar nunca al sentido común, como vemos ya en algunas competiciones deportivas.

¿España ha perdido pluralismo constitucional?

El pluralismo es un valor superior que resguarda el artículo 1 de la Constitución. Es difícil encontrar más pluralismo del que disfrutamos aquí.

Hay muchas vías y una gran capacidad de elegir opciones, pero muchas están mal vistas y se cancelan por la opinión pública dominante.

Esa es otra cuestión que, más que una patología constitucional, es una enfermedad oftalmológica de quienes no entienden de verdad la convivencia democrática.

Dedica unas líneas a la “amnesia histórica”.

No tiene sentido tener una memoria envidiable para ciertas cosas, y un olvido lacerante para otras. La memoria histórica es una visión bizca de la historia de España.

¿La coherencia es un atributo positivo con mala prensa?

La coherencia siempre es positiva. Con incoherencias no se avanza nunca. Pero la coherencia no es fundamentalismo. Dice Machado en Juan de Mairena: “¿Conservadores? Muy bien. Siempre que no lo entendamos a la manera de aquel sarnoso que se emperraba en conservar, no la salud, sino la sarna”. Conviene ser coherentes en lo que se merezca.

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Extracto de la entrevista de Álvaro Sánchez de León a Andrés Ollero en el Confidencial Digital, 9 de abril de 2022

Foto: Patricio Sánchez-Jáuregui


lunes, 9 de mayo de 2016

Acceso a los trabajos del Magistrado Andrés Ollero

He recurrido tantas veces a Andrés Ollero en este blog, que pienso que le debo esta publicidad.

Hace ya días me informó de que hacía casi un decenio que se había animado a reservar un dominio en internet www.andresollero.es con la única función de reenviar a su página personal incluida en la web de la Universidad Rey Juan Carlos. Allí, en el apartado de Publicaciones, puso a disposición de posibles interesados copias de más de tres centenares de capítulos en obras colectivas, artículos en revistas y “otras publicaciones” (divulgativas o menos cercanas a la filosofía jurídica).

Dicha universidad ha replanteado su página web, haciéndola más acorde con el logro de destrezas varias entre las que no se incluyen al parecer las posibilidades de acceso a fuentes de mayor o menor interés. El material pacientemente acumulado ha quedado fuera de combate; Dios salve a Bolonia.

Ollero ha preferido no perder el tiempo en melancólicas reflexiones sobre tan brillante operación, que le ha dejado incomunicado con sus eventuales lectores (hay gente para todo…). Ha procurado subsanar la situación, amparándose en instituciones más acogedoras, aunque ajenas a las vicisitudes del batiburrillo universitario. El Tribunal Constitucional le ha ofrecido la posibilidad de reconstruir en la página de Magistrado la oferta de textos que a lo largo de lustros fue acumulando en la fenecida página de la Rey Juan Carlos. De hecho, ya el sitio de la red citado remite automáticamente a esta nueva página. Espera que en un plazo razonable estén en ella de nuevo disponibles los centenares de textos aludidos.

Por otra parte, web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha incluido en su página de académico relación completa de estas publicaciones, brindándose desde ahora –gracias a la amabilidad del oficial de la biblioteca- a facilitar por e-mail los textos que pudieran interesar.

Ollero espera (y yo con él) que por esta doble vía mejorará incluso la accesibilidad a estos materiales académicos. Agradecerá sinceramente todas las sugerencias y requerimientos que faciliten que esta compleja operación se culmine venturosamente.

Quien, además, quiera saludarle directamente y no solo por vía virtual, Andrés Ollero estará en Granada el próximo sábado 21 de mayo, en la clausura de curso del Colegio Mayor Albayzín.


viernes, 19 de febrero de 2016

La Justicia defiende la objeción de conciencia ante el poder político

Dos sentencias, en Uruguay y en Polonia, acuden en auxilio de la objeción de conciencia médica,
de acuerdo con las respectivas leyes, frente a la inveterada costumbre de los gobiernos de legislar de acuerdo con posiciones ideológicas y desprecio de las leyes (como ya criticó con lucidez Cicerón, la cosa viene de antiguo).

Es conocido que la función principal de la Ley consiste en defender a la persona del abuso de poder; que tiende a utilizarla, por el contrario, para afianzar ese poder, con desprecio de la persona, su dignidad, su autonomía y su libertad originales; que los poderes públicos deberían reconocer y tutelar, en lugar de avasallar, con las ínfulas de considerar que son quienes las otorgan.

Para mí, que el origen de los derechos humanos está en la persona y es anterior al Estado, y no al revés, es la clave de distinción entre lo que hoy llamamos "derecha" e "izquierda", con todos la matices que haya que hacer a continuación.

Pues bien, en sentencia de 11 de agosto de 2015 (descargar), el Tribunal de lo Contencioso acepta parcialmente la demanda de hasta cien ginecólogos uruguayos, anulando, con efectos generales y absolutos los apartados del Decreto 375/012, de 22 de noviembre de 2012, que restringen su derecho a la objeción de conciencia.

El fallo definitivo -informa El Observador- permite a todos los ginecólogos –no solo a los que presentaron el recurso– abstenerse de participar en cualquiera de los pasos que una mujer deba seguir para realizarse un aborto, por no estar de acuerdo con la práctica, lo que se considera objeción de conciencia.

La Revista de Derecho Público dedica un extenso y pormenorizado artículo de Carmen Asiaín Pereira a comentar esta sentencia. Interesante lectura para jurista y defensores de la objeción de conciencia y, por extensión, de la vida humana.

Por último, la revista polaca Ordo Iuris (en inglés, no se asusten), da noticia de una sentencia en el mismo sentido del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2015. En la información se recuerda el famoso caso del doctor Bogdan Chazan, cesado y despedido de un hospital por negarse a realizar un aborto.


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domingo, 14 de octubre de 2012

Imparcialidad, religión y Tribunal Constitucional

Es un tanto largo y alguien diría que pasado de agenda; pero es actual como la vida misma, porque la sentencia está por salir y porque la cuestión de fondo es eterna.

Por Juan Antonio García Amado
Análisis Digital, 21 agosto, 2012 Por Manuel Cruz

foto Alberto Tarifa
Se ha armado un poquito de polémica porque Andrés Ollero va a ser el ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de la vigente ley que declara jurídicamente lícito el aborto dentro de ciertos plazos. Andrés Ollero ha tomado posesión hace muy poco de su cargo de magistrado del Constitucional, es catedrático de Filosofía del Derecho, fue durante un buen puñado de años diputado del PP y portavoz de Justicia de dicho partido en el Congreso de los Diputados. Eso ocurrió hace unas cuantas legislaturas y durante los últimos tiempos se ha dedicado a su cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado diversos trabajos muy críticos con la permisión jurídica del aborto voluntario y pertenece al Opus Dei.

Antes de entrar en materia, añadiré tres pequeños datos que me conciernen. Uno, que tengo una buena relación académica y personal con Andrés Ollero. Este mismo año ha aparecido un libro que recoge una polémica nuestra a propósito del positivismo jurídico, libro editado por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo y que corresponde a un debate organizado en Madrid por dicha Fundación, ligada al Colegio de Registradores de la Propiedad. Ollero me pidió que fuera contraponente y discutidor de sus tesis y la experiencia fue personalmente gratificante y académicamente estimulante. Dos, que ni soy creyente de religión ninguna ni simpatizo especialmente con el Opus Dei, organización católica con la que aquí mismo he sido bien crítico más de una vez.

Tengo compañeros del Opus con los que me llevo de maravilla y otros que me caen regular; igual que me pasa, como a cualquiera, con compañeros ecologistas, conservadores, izquierdistas, liberales, feministas, machistas, nadadores, abstemios, borrachines, aficionados al fútbol o coleccionistas de sellos. Por último, he de decir que el asunto del aborto me parece extremadamente difícil y que no tengo una postura completamente definida sobre cómo conviene tratarlo en Derecho. Me desagradan tanto la hipocresía de la derecha que se conforma con el simbolismo jurídico y no repara demasiado en las consecuencias de los abortos clandestinos o en las mil maneras de hacer la trampa a la ley restrictiva, como el ancha es Castilla de alguna izquierda, que trata el abortar como si de extirparse una espinilla estuviéramos hablando.

Permítaseme que, en lo que sigue, haga toda la abstracción posible sobre el asunto jurídico y moral de fondo y que no hable de si aborto sí o aborto no, sino de los tribunales constitucionales y las condiciones de su decidir.

El problema de Ollero en relación con la sentencia del TC sobre el aborto estriba, según ciertos medios y muchas reacciones, en que él es católico confeso y declarado miembro del Opus y que, por tanto, se sabe con bastante certeza que no le hace ninguna gracia la tolerancia jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre esa base, se conoce o se sospecha con buen fundamento o con algún fundamento que es probable que proponga la inconstitucionalidad de la norma legal en cuestión y que así vote en el seno del Tribunal.

Ahora bien, con parecida certeza o convicción podríamos adivinar el voto de Ollero por otras razones, reales o supuestas. Por ejemplo, si fuera o hubiera sido miembro de algún grupo defensor del aborto libre y despenalizado y hubiera firmado escritos con tales propuestas. O por ser o haber sido militante y destacado diputado del PP, que además es el partido que ha propuesto inicialmente su nombramiento como magistrado. De hecho, lo que la experiencia enseña hasta ahora y con muy limitadas excepciones es que los magistrados propuestos por el PP votan en el Tribunal lo que el PP propugna y los que fueron respaldados por el PSOE votan de acuerdo con lo que al PSOE le interesa.

¿Preocupa en los medios políticos y en los periódicos que son sus voceros la imparcialidad de los magistrados? ¿Proviene la inquietud de que los magistrados puedan no meramente tener su precomprensión o su opinión previa de asuntos tan delicados y polémicos como este -lo cual es inevitable entre gente que reflexiona sobre los grandes asuntos del Derecho y el Estado-, sino de que puedan algunos ser meras correas de transmisión de partidos políticos, asociaciones ideológicas de cualquier tipo o confesiones religiosas? Es decir, ¿se teme que en razón de su adscripción política, ideológica o confesional algunos magistrados no razonen en su labor con la debida ponderación e imparcialidad?

Me parece que no es esa la tónica general de este debate, por desgracia. Si de tan elevada preocupación se tratara, los diversos medios y grupos que tercian en la discusión invocando el prejuicio posible de algunos magistrados harían completa abstracción de la índole de tal prejuicio presunto. O sea, que el antiabortismo de Ollero o el proabortimo anterior de un hipotético magistrado inquietarían por igual a El País o Público que a ABC o La Razón. Creo que no es el caso. O que un magistrado haya tenido o tenga estrechos vínculos con un partido que interviene en el debate sobre la ley importaría lo mismo al margen de cuál sea ese partido, el PP o el PSOE, por ejemplo. Tampoco es el caso, en mi opinión. Una cosa es desear que los magistrados sean imparciales y no estén predeterminados por la disciplina o los postulados de ningún grupo “ideológico” y otra es querer que ganen “los nuestros” al precio que sea. El que solo se inquieta por la parcialidad de una parte es parcial por definición, por mucho que enarbole la bandera de la imparcialidad y jure que vive al lado del auditorio universal o de la comunidad ideal de hablantes. De muchos de los colegas de mi gremio que más aprecio y respeto puedo adivinar con el mismo grado de probabilidad que con Ollero lo que en este caso votarían si ellos fueran los que estuvieran en el Tribunal Constitucional. Lo sé por lo que les he leído, lo que les he escuchado y porque conozco con bastante certeza su legítima adscripción ideológica o de partido. No son ni peores ni mejores que Ollero por militar en otros partidos o en otras “iglesias”.

Si de defensa de la imparcialidad y objetividad del Tribunal Constitucional se tratara, lo que se estaría poniendo en solfa serían los procedimientos de nombramiento de los magistrados y las condiciones para su desempeño. Si la ligazón pasada o presente de un magistrado con un partido político es lo que se cuestiona, habrá que hacer completa abstracción de cuál sea ese partido y habrá que hablar de las reglas generales atinentes a la relación entre magistrados y partidos. Lo que razonablemente y con mínima ecuanimidad no cabe es que ese obstáculo se plantee nada más que para los del PP o para los del PSOE o los de IU o cualquier otro partido. ¿O acaso hay partidos legales que no “contaminan” porque su discurso y su programa se corresponde objetivamente con el Bien, la Verdad y la Justicia, mientras que otros sí dañan porque viven en el error y la impostura y a esos ni agua? ¿Es compatible una tal actitud con la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho?

Luego, con matices especiales, está el tema de la religión. A mí las religiones me gustan bien poco, ya lo he dicho, y menos todavía me agradan las confesiones o iglesias que intentan forzar para que la vida social y la organización de los asuntos públicos se adapte, sí o sí, a los imperativos de la moral de sus creyentes o al dogma de sus libros sagrados. Ahora bien, ¿hay una diferencia cualitativa entre una manifestación de católicos contra el aborto y una manifestación de ecologistas contra las centrales nucleares o contra la llamada fiesta de los toros y debe esa diferencia cualitativa plasmarse en menores derechos de los primeros que de los segundos? ¿Debería vetarse el acceso a la magistratura constitucional a los primeros solamente o a todos? ¿Tendría Andrés Ollero que abstenerse en la votación sobre la ley del aborto y debería también abstenerse el magistrado ecologista defensor de los derechos de los animales y conocido antitaurino si se fuera a votar la constitucionalidad de una ley que prohibiera las corridas de toros? ¿Y el magistrado que hubiera escrito un libro argumentando a favor de la inexistencia de todo impedimento moral o constitucional de una ley de plazos para el aborto? Si extremamos esos razonamientos, tendríamos que acabar proponiendo que solo llegaran al Constitucional magistrados que nunca hubieran dicho nada relevante o comprometido sobre ningún asunto que puedan tener que juzgar un día; o deberían abstenerse siempre que les tocara sentenciar sobre temas de los que antes opinaron. Pero todos. Y, por cierto, ¿alguien dudó alguna vez de lo que votaría María Emilia Casas, entre tantos otros de acá o de allá, en cualquier asunto sobre el que tuviera postura muy marcada el PSOE? ¿Duda alguien de lo que votará Pascual Sala sobre el tema del aborto? O fuera máscaras o todos con máscara. Yo preferiría desenmascarar, ciertamente, pero entonces hay que ir a por todos y todas.

En un Estado constitucional, democrático y no confesional, la religión no debe ser favorecida y los creyentes de tal o cual confesión no tienen que contar con ventajas especiales. Pero tampoco se puede suponer que haya base constitucional para su discriminación.

¿Qué tiene de particular la religión como base del juicio moral y político de sus fieles? El dogma, el distinto fundamento para la ética del sujeto. Si yo, ateo, opino que la acción A es moralmente lícita y la acción B es moralmente ilícita y me preguntan por qué pienso así, tendré que buscar razones y razones e intentaré construir una teoría coherente y convincente que respalde mis tesis y las haga aptas para su razonable aceptación por los demás. El creyente también puede razonar así, por supuesto, pero en su fuero interno cuenta con una base de la que yo carezco: en última instancia, lo que está bien está bien porque así lo dispuso Dios por sí o por sus representantes, y lo que es moralmente malo e indebido lo es, en últimas, porque Dios no lo quiere y a Dios ofende. Una ética apoyada en la fe religiosa es una ética que da a quienes la profesan un respaldo de verdad y objetividad del que las demás éticas carecen o que exige una fundamentación mucho más difícil. Donde la razón no alcanza o allí donde sus resultados se vuelven brumosos e inciertos, el creyente tiene el sostén de la divina autoridad y el otro no tiene autoridad a la que acogerse. Al menos en teoría, el católico congruente dudará menos sobre la licitud o ilicitud moral del aborto voluntario, pues de mano ha de partir de lo inmoral y pecaminoso de tal acción.

Pero dos apostillas convine añadir de inmediato. La primera, que, por desgracia, el monopolio del dogmatismo, el grupalismo y los apriorismos no lo poseen las personas religiosas. Vemos cada día a muchos no creyentes o ateos confesos que militan en las más variadas causas morales, políticas y sociales con un fervor perfectamente parangonable al religioso y con nula capacidad crítica o autocrítica. Esto está bien o mal porque sí o, sobre todo, porque así lo proclaman mi líder, mi partido, mi grupo o los de mi cuerda. Por eso son tantos los que siguen a ciegas a los de su camada y tanto cuando la camada o sus dirigentes dicen so como cuando dicen arre.

El segundo matiz es que no hay base para negar que los creyentes religiosos tengan capacidad para la deliberación ecuánime en los asuntos de interés general. Por cierto, creo que Obama no es o no se dice ateo, sino persona religiosa, de confesión protestante. Es perfectamente imaginable y en la historia podemos hallar un sinfín de individuos religiosos que no decidieron temas jurídicos y políticos bien delicados con arreglo a los dictados de su personal conciencia moral religiosamente marcada, sino con atención a los requerimientos del interés general, a los dictados de la ley o la Constitución y diferenciando entre ética personal y ética pública. A un católico coherente, por ejemplo, su moral le impele a no abortar o a no colaborar con un aborto, pero no necesariamente a votar contra una ley que permita bajo tales o cuales condiciones el aborto voluntario.

Veámoslo de otra manera. Dos magistrados, M y N, votan contra la constitucionalidad de la ley que permite abortar cuando se cumple determinada condición. De M sabemos que es ferviente católico, de N conocemos que es ateo. ¿Tiene por definición distinto valor racional el voto de M y N? ¿O habrá que hacer abstracción de esa circunstancia y mirar las razones con las que el voto expresamente se motiva y juzgar por la admisibilidad de esas razones? ¿Excluimos de entrada a M o a N de la comunidad de argumentadores racionales? ¿Y si resultó que M votó a favor de la constitucionalidad de la ley y N en contra? Porque si de lo que nosotros arrancamos es de que la verdad no tiene más que un camino y que ese camino es el que nosotros propugnamos, los dogmáticos al viejo estilo religioso o eclesiástico somos nosotros. Tan nociva o más que las religiones propiamente dichas es la religiosidad secular que abrazan muchos de los que se dicen no creyentes y no son capaces de vivir sin su “iglesia”, su comunidad de fieles, sus ritos, sus mandamientos, su inquisición y sin el hábito de dividir a los humanos en virtuosos y réprobos. El enemigo de la convivencia libre y en igualdad no es la fe, es el dogmatismo; el dogmatismo de muchos que tienen fe y de muchos de los que dicen no profesarla y se piensan progresistas y libérrimos. Ni Hitler ni Stalin ni sus seguidores y secuaces eran gentes de iglesia propiamente dicha, y ya se vio cómo era su catadura. Otros, como Franco y la mayoría de sus partidarios, eran unos meapilas. La diferencia que más importa, pues, debe de estar en otra parte, en otras cosas.

El día que acabemos de convencernos de que la decisión de cada magistrado constitucional está plenamente determinada por su adscripción religiosa o de partido nada más que nos quedará una salida, si es que no nos gusta el juego en esos términos de fraude: o cambiamos las reglas del juego y los elegimos de otra manera y bajo otras condiciones o, si pensamos que no hay arreglo por esa vía, imponemos un revolucionario sistema de control de constitucionalidad: a cara o cruz, puro aleas. Eso sería mucho más imparcial. Lo que no tiene presentación es que estemos todo el día en la procesión y repicando: que qué calamidad que los magistrados sean parciales y prejuiciosos, pero que qué bien cuando son de los míos o están en mi onda o de su prejuicio sale el fallo que a mí me gusta. Eso se llama ley del embudo.

Publicado por Garciamado en domingo, agosto 19, 2012

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