Torpedos contra la democracia

Cada vez hay más dificultades para poder sostener que, efectivamente, vivimos en democracia

Por Ramón Pi, en La Gaceta de hoy.

El conflicto provocado por el intento del Gobierno de imponer obligatoriamente a todos los alumnos españoles de primaria y secundaria una asignatura de adoctrinamiento moral, por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales (CE, 27, 3), y bajo el engañoso título de Educación para la Ciudadanía (EpC), ha vuelto a poner de manifiesto algunas deficiencias graves en cómo se interpreta y se vive la democracia entre nosotros, hasta el punto de que empieza a ser inquietante comprobar que cada vez hay más dificultades para poder sostener que, efectivamente, vivimos en democracia.

Lo que nos ocurre no nace ahora con la EpC. Desde muy pronto, tras la aprobación de la Constitución, se dispararon ya los primeros torpedos a la línea de flotación del sistema. El golpe de Estado frustrado de febrero de 1981 fue el primero y más grave, desde luego, pero estuvo propiciado y ejecutado por gentes contrarias a la Constitución: en cierto modo, los golpistas actuaron como se presumía de ellos. Yo me refiero más bien a los torpedos lanzados por quienes se proclaman constitucionalistas y democráticos, que han actuado, y actúan, justo al revés de como se presume que han de actuar.

La incautación de Rumasa, y la sentencia del TC que hubo de decir que la expropiación no tiene que ver con el derecho de propiedad para justificarla, fue el primer golpe bajo. Eso fue en 1983. Dos años después, la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció la designación parlamentaria de todos los vocales del CGPJ aprovechándose de la redacción defectuosa del artículo 122.3 de la CE. Aquel abuso, que todavía padecemos, dio lugar a otra sentencia vergonzosa, contraria al espíritu del constituyente con tal de ser complaciente con el poder. Eso fue en 1985, el mismo año que el TC hizo tristes equilibrios para justificar la legislación abortista, en cuya virtud ya nos acercamos al millón de víctimas humanas de abortos en nombre de la ley. Desde entonces, las trampas, los fraudes de ley y los enjuagues políticos para manosear y pervertir las reglas del juego no han cesado: lo ocurrido en el CGPJ en la primera mitad de los 90 para configurar la composición de la Sala Segunda del Supremo, cuando la amenaza penal se cernía sobre el presidente del Gobierno, fue escalofriante desde cualquier punto de vista merecedor del calificativo de democrático. Todo eso ocurrió con Gobiernos socialistas presididos por Felipe González.

Más recientemente, ya con Gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, se ha impuesto —de momento— la torpe legislación que expulsa el matrimonio civil de nuestro ordenamiento, para sustituirlo por cualquier clase de coyunda aun entre personas del mismo sexo; y el Estatuto de Cataluña vigente —de momento—, retuerce o incluso contradice abiertamente el Título VIII de la Constitución. Estas dos normas, que están sobre la mesa del TC (que ya veremos cómo sale esta vez del atolladero), son los precedentes inmediatos de la EpC. En este último caso, sin embargo, la novedad estriba en que ningún partido político ha querido hasta ahora acudir al TC en defensa del derecho constitucional que asiste a los padres de familia, y han sido ellos mismos los que han tenido que ir a los tribunales ordinarios y plantear objeciones de conciencia para forzar, cuando menos, una cuestión de constitucionalidad planteada por algún juez.

¿De verdad vivimos en democracia? Hugo Chávez, en Venezuela, pretende ser nombrado “timonel vitalicio” de su país. ¿Será democrática una cosa así, aunque se guarden aparentemente las formas? ¿Fue democrático Hitler por haber llegado al poder tras unas elecciones?

Sin acuerdo posible

La EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba

Por Ramón Pi, en La Gaceta hoy


Si Gregorio Peces-Barba no hubiera titulado su artículo del martes en El País, En torno a la Educación para la Ciudadanía, lo más probable es que yo no me hubiera tomado la molestia de leerlo, porque últimamente lleva escribiendo el mismo artículo todas las veces, dedicado a maldecir de la Iglesia católica, especialmente de la Iglesia en España. Como él pasa por ser uno de los principales inspiradores de esta asignatura, pensé que ahora sería distinto, y me equivoqué: era otra vez el mismo artículo, y la Educación para la Ciudadanía (EpC) no era sino el pretexto.

Algo dice, sin embargo, de la materia que me interesaba, aunque sea de forma oblicua: atribuye el liderazgo de la oposición a la EpC a la jerarquía católica, y predice grandes males para los padres de familia que planteen la objeción de conciencia, que “carece de cualquier posibilidad de prosperar”, y augura un futuro negro para el Partido Popular, al que atribuye un “seguidismo inexplicable” respecto de los obispos. De la materia prevista en los decretos ya publicados para la asignatura no dice nada, pero afirma que nos trae “la recta formación democrática de los ciudadanos”.

A este respecto, el Foro Español de la Familia ha hecho un experimento interesante: ha contado, mediante un sencillo programa de ordenador, las veces que aparecen determinadas palabras o conceptos en los citados decretos. El resultado ha sido éste: Padre, padres, profesor, profesores y autoridad, 0 veces; virtud y virtudes, 2 veces; familia, 3 veces. Por el contrario, afectos, afectivo, afectivo-emocional, 23 veces; emocional, 29 veces; sexo, sexualidad, sexista, 34 veces; sentimiento, sentimientos, 41 veces. A eso lo llama Peces-Barba “recta formación democrática de los ciudadanos”. ¿Formación? ¿Democrática? ¿Recta? A mí me parece más bien, por lo que ya se conoce, que es una pura muestra de la agenda homosexual y un intento torpe y totalitario de imponerla.Sé que, a estas alturas, no es sensato pensar en un diálogo con alguna posibilidad de acuerdo entre los que están conformes con la EpC y quienes no lo están. Hay dos abismos infranqueables: uno, de método: los que disienten sostienen que los poderes públicos no son nadie para andar entrometiéndose en la formación moral de los niños por encima de sus padres. El otro es de contenidos: El poder público es menos que nadie para que esa ilegítima intromisión pretenda formar a los niños contra las convicciones de sus padres. Por ambas razones, con mucha probabilidad, la EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba (que ya dio el portazo en la ponencia cuando se discutían los preceptos sobre educación).

No pretendo contestar al artículo de Peces-Barba, entre otras cosas porque ese artículo está dedicado a agredir a la jerarquía de la Iglesia, de Benedicto XVI al último párroco, y me parece que para tener muy graves reparos a la EpC no hace falta ser católico. Si se es católico, desde luego que se tienen, como se tienen ante normas que legalizasen el aborto, la tortura o la esclavitud. A lo mejor otro día contesto a sus invectivas contra la Iglesia. Termino con una cita, muy aplicable al Gobierno y los que jalean la EpC y el intento de hacerla obligatoria: “Deben sosegarse y permitir el desarrollo normal de la sociedad civil, sin sus constantes interferencias, sin hostigar a los heterodoxos ni despreciar a las conciencias individuales que no coinciden con sus planteamientos. Deben tener más respeto a los disidentes y evitar maldecir y condenar todo el tiempo”. La cita es precisamente del artículo de Peces-Barba, sólo que él la dirige a los obispos. Desde luego, no hay acuerdo posible.

Otra imposición totalitaria

Hay que resistirse a esta forma de totalitarismo. Y si hay conflictos, serán mejor cosa que ese lavado de cerebro

Por Ramón Pi, en La Gaceta, el 19 de abril de 2007

La asignatura de educación para la ciudadanía presagia no pocos conflictos a partir del curso que viene, porque pretende hacer obligatorio que todos los alumnos de primaria y secundaria reciban una determinada formación moral impuesta por el Estado. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha denunciado esta intromisión en términos inequívocos: “La enseñanza de la Religión y Moral católica debe ser y es optativa para los alumnos, porque han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos. Éste es su derecho primordial, insustituible e inalienable. Se lo reconoce la Constitución en el artículo 27, 3. Queda tutelado también por el artículo 16, 1, que consagra la libertad ideológica y religiosa. Por tanto, el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres”.

Pero, además, resulta que esta asignatura, en sus contenidos, trata de imponer el relativismo moral —esto es, la ausencia de toda referencia a la verdad— y la llamada ideología de género, según la cual el sexo de cada persona, que la hace varón o mujer, sería una especie de accidente biológico y, en cambio, lo fundamental sería el “género”, es decir, la “orientación sexual” que cada cual decidiera hacer suya. Según esta ideología, habría dos sexos, pero cinco géneros: masculino homosexual, masculino heterosexual, femenino homosexual, femenino heterosexual y bisexual, aunque algunos pretenden incluir otros dos “géneros”, el transexual y el travestido. Según dice la Conferencia Episcopal, “todos deseamos que la escuela forme ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y tolerantes. Pero eso no se consigue con introducir en las conciencias de los jóvenes el relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal.

Esta Educación para la Ciudadanía de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Obviamente, los obispos no podían decir otra cosa, porque el relativismo moral y la ideología de género pugnan frontalmente con la doctrina católica.

Estamos, pues, ante una agresión en toda regla a millones de familias españolas, perpetrada por un Estado que hace uso de todo su poder para impedir que los padres puedan dar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. El Foro Español de la Familia, junto a otras organizaciones familiares y de padres de alumnos, está haciendo un esfuerzo para que los padres de familia sepan cómo pueden oponerse a que sus hijos sean adoctrinados de esta manera, invocando la cláusula de conciencia basada en los artículos citados de la Constitución.

Es posible que muchos padres o no se hayan enterado o piensen que eso son apreciaciones más o menos exageradas de los obispos. Incluso puede haber algunos educadores cristianos que piensen algo parecido. Pero no es así, las consecuencias de unos niños con la mente deformada de esta guisa pueden ser literalmente devastadoras, y sus consecuencias pueden arruinar toda una generación, como ocurrió con aquella utópica Summerhill. Nos jugamos, ciertamente, mucho con estos experimentos insensatos.

Los obispos son claros e inequívocos: “Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los reales decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica”.

Una vez más, me temo que el caso acabará sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que puede tardar años en resolver, mientras millones de niños padecen una deseducación acaso irreversible. Hay que resistirse a esta nueva forma de totalitarismo. Y si hay conflictos, siempre serán mejor cosa que ese intolerable lavado de cerebro.