martes, 5 de octubre de 2010

Religión y sociedad civil

Dio que hablar el pasado mes de septiembre este artículo de Monseñor Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona, dirigido a los fieles de su diócesis, y por lo de siempre:

Todo ello implica también la obligación de no obedecer en conciencia cuando las leyes de las autoridades civiles se oponen a las exigencias del orden moral: “Hay que obedecer a Dios antes que los hombres” nos recuerdan los Hechos de los Apóstoles. Y ello es especialmente grave si esas leyes van en contra de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural.

Cuánto cuesta a algunos aceptar que se proponga esta visión de la vida humana junto con las suyas; para mí es que en el fondo les produce remordimientos, y no quieren ni oírla.

Naturalmente, los mismos pasaron de puntillas u obviaron olímpicamente lo que precedía inmediatamente al texto anterior:

Pero en toda relación humana hay contrapartida; por tanto, los ciudadanos tienen también unos deberes en relación a las autoridades civiles: han de considerar a sus superiores como representantes de Dios —así lo recuerda el Compendio—, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto conlleva el amor y el servicio de la patria, el derecho y el deber de voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva.
A ver quien dice cosas así hoy día...

A continuación, el texto completo:

Además de recordarnos las obligaciones entre padres e hijos y las que surgen de las relaciones familiares el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al estudiar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, nos recuerda también las obligaciones inherentes a las relaciones entre las personas y las autoridades civiles.

A este respecto habría que recordar que la palabra ministro —y bajo esta expresión hay que considerar a todos aquellos que detentan algún poder público— deriva del latín y significa “servidor”. Por lo tanto, a la hora de pensar cómo se ejerce la autoridad en los diversos ámbitos de la sociedad civil, hay que tener esa referencia. Se trata de un servicio que está obligado a respetar los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de los valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad.

Recuerdo como una persona que pasaba unos días de descanso en Suiza, me decía que le explicaba orgulloso a un amigo que los funcionarios de ese país tienen muy claro que su función es la de servir a los ciudadanos que se acercan para solucionar alguna dificultad administrativa, lo que hace que el ciudadano no tenga miedo de enfrentarse a la administración pública y, al mismo tiempo, valora y respeta el trabajo del funcionario que intenta ayudarle. Puede parecer utópico, pero es lo que sería de desear. Después de todo, a los ministros y a los trabajadores de la administración pública los ponen y los pagan los ciudadanos. Cada uno, en el ejercicio de la autoridad, debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio —lo que se llama el bien común—, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo.

Pero en toda relación humana hay contrapartida; por tanto, los ciudadanos tienen también unos deberes en relación a las autoridades civiles: han de considerar a sus superiores como representantes de Dios —así lo recuerda el Compendio—, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto conlleva el amor y el servicio de la patria, el derecho y el deber de voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Todo ello implica también la obligación de no obedecer en conciencia cuando las leyes de las autoridades civiles se oponen a las exigencias del orden moral: “Hay que obedecer a Dios antes que los hombres” nos recuerdan los Hechos de los Apóstoles. Y ello es especialmente grave si esas leyes van en contra de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural.

Toda esta doctrina se encuentra ampliamente desarrollada en las cartas de San Pablo y también en las de San Pedro. Así, pues, los cristianos no hemos aprendido todo eso como una novedad de los últimos siglos con los avances que han traído el sistema democrático y el desarrollo de las libertades individuales. Se trata de una doctrina de ley natural que también nos recuerda el Nuevo Testamento. Lo que hace falta es que todos, unos y otros, la vivamos responsablemente.
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