Con la vuelta a las aulas en este nuevo curso, el ministro de Educación francés, Paillon, ha trazado el ambicioso proyecto de refundar los valores de la República desde la escuela, implantando la Carta de la laicidad que rige desde hace unos días en los colegios franceses. Seguramente, el Gobierno de Hollande pretenda con este cambio radical en la educación encontrar una solución al auge considerable de la comunidad islámica, a base de impedir toda clase de convicciones religiosas y exhibición de signos de esta naturaleza. Esta declaración de quince puntos afirma respetar todas las creencias, garantizar la libertad de la conciencia y permitir la libertad de expresión, para acto seguido –sin pensar que se puede caer en una flagrante contradicción- establecer que está prohibido llevar objetos o prendas por los cuales los alumnos manifiestan ostensiblemente una pertenencia religiosa, ya sea el velo islámico, la ‘kipá’, o el crucifijo.
En definitiva, al proclamar e intentar conciliar principios aparentemente antagónicos como la libertad y la igualdad, en este conflicto de valores se decanta por un prohibicionismo igualitarista, cercenando cualquier posible atisbo al pluralismo de las creencias en una sociedad democrática, que en nuestro ordenamiento también está catalogado como un valor superior. Para fundamentar estas medidas se invoca una mal entendida separación entre la Iglesia y el Estado, un erróneo concepto de laicidad y una falsa neutralidad del Estado. Este cambio en la orientación de la enseñanza pública en las escuelas, al que estableciera en su día Sarkozy, parece ser una reacción jacobina e ilustrada, trasladándonos a la Francia de la revolución, como si todavía estuviera presente el adversario del Sacro Imperio Romano Cristiano en la Edad Media.
A veces se olvida que fue el cristianismo quien introdujo el principio dual de la separación de la unidad política y religiosa de la polis griega, distinguiendo la distinta atribución de competencias al César y a Dios. En los primeros cuatro siglos del cristianismo es cuando se asienta, con Agustín de Hipona, la distinción entre la ciudad de Dios y del Estado, implantando el principio de la libertad religiosa para todos, paganos y cristianos, plasmado en el Edicto de Milán. Ciertamente, la cuestión religiosa se enturbió con el «cuius regio, eius religio», por lo que la fe se imponía con el poder de la espada, y la religión de los súbditos era la del rey que gobernaba. Pero, actualmente, con el Concilio Vaticano II, existe un volver a los primigenios tiempos del cristianismo, con la separación –que no exclusión y supresión– entre los poderes públicos y el fenómeno religioso.
Así es como lo regula nuestra Constitución e interpreta el Tribunal Constitucional, con las relaciones de necesaria cooperación entre los poderes públicos y las demás confesiones religiosas, en un Estado aconfesional. Desde que Teodosio, en el Edicto de Tesalónica, impusiera el catolicismo como la única religión lícita, hasta llegar al otro extremo, el de la edad moderna, que pretende relegar cualquier atisbo de la religión al ámbito privado, hay un término medio, y este se llama libertad religiosa. La ‘laicité’ que se preconiza para la escuela francesa es errónea, y nada tiene que ver con la ‘laicidad positiva’ y aconfesional que hace posible la coexistencia y cooperación de los poderes públicos con lo religioso.
No deja de ser un sofisma que al apelar a la aparente neutralidad del Estado, en el fondo lo que se esté haciendo realmente sea neutralizar, a efectos prácticos, todas aquellas legítimas convicciones religiosas existentes, con la consiguiente suplantación e imposición de la confesional religión civil a modo roussoniano. Eso sí, proclamando de forma huera los principios de igualdad, libertad y laicidad que han sido vaciados de contenido para ser sustituidos por otros sucedáneos. Los totalizantes ecos laicistas – que no de laicidad- de nuestro país vecino, están teniendo reflejo en la mayoría de la izquierda política española, por lo que ahora quieren promover en el Congreso esta ideología, para intentar asestar un ataque frontal a la libertad religiosa, a la que tanto denuestan, siempre bajo la apariencia de neutralidad.
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