viernes, 19 de febrero de 2016

La Justicia defiende la objeción de conciencia ante el poder político

Dos sentencias, en Uruguay y en Polonia, acuden en auxilio de la objeción de conciencia médica,
de acuerdo con las respectivas leyes, frente a la inveterada costumbre de los gobiernos de legislar de acuerdo con posiciones ideológicas y desprecio de las leyes (como ya criticó con lucidez Cicerón, la cosa viene de antiguo).

Es conocido que la función principal de la Ley consiste en defender a la persona del abuso de poder; que tiende a utilizarla, por el contrario, para afianzar ese poder, con desprecio de la persona, su dignidad, su autonomía y su libertad originales; que los poderes públicos deberían reconocer y tutelar, en lugar de avasallar, con las ínfulas de considerar que son quienes las otorgan.

Para mí, que el origen de los derechos humanos está en la persona y es anterior al Estado, y no al revés, es la clave de distinción entre lo que hoy llamamos "derecha" e "izquierda", con todos la matices que haya que hacer a continuación.

Pues bien, en sentencia de 11 de agosto de 2015 (descargar), el Tribunal de lo Contencioso acepta parcialmente la demanda de hasta cien ginecólogos uruguayos, anulando, con efectos generales y absolutos los apartados del Decreto 375/012, de 22 de noviembre de 2012, que restringen su derecho a la objeción de conciencia.

El fallo definitivo -informa El Observador- permite a todos los ginecólogos –no solo a los que presentaron el recurso– abstenerse de participar en cualquiera de los pasos que una mujer deba seguir para realizarse un aborto, por no estar de acuerdo con la práctica, lo que se considera objeción de conciencia.

La Revista de Derecho Público dedica un extenso y pormenorizado artículo de Carmen Asiaín Pereira a comentar esta sentencia. Interesante lectura para jurista y defensores de la objeción de conciencia y, por extensión, de la vida humana.

Por último, la revista polaca Ordo Iuris (en inglés, no se asusten), da noticia de una sentencia en el mismo sentido del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2015. En la información se recuerda el famoso caso del doctor Bogdan Chazan, cesado y despedido de un hospital por negarse a realizar un aborto.


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