Por Ramón Pi, en La Gaceta de hoy.
El conflicto provocado por el intento del Gobierno de imponer obligatoriamente a todos los alumnos españoles de primaria y secundaria una asignatura de adoctrinamiento moral, por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales (CE, 27, 3), y bajo el engañoso título de Educación para la Ciudadanía (EpC), ha vuelto a poner de manifiesto algunas deficiencias graves en cómo se interpreta y se vive la democracia entre nosotros, hasta el punto de que empieza a ser inquietante comprobar que cada vez hay más dificultades para poder sostener que, efectivamente, vivimos en democracia.Lo que nos ocurre no nace ahora con la EpC. Desde muy pronto, tras la aprobación de la Constitución, se dispararon ya los primeros torpedos a la línea de flotación del sistema. El golpe de Estado frustrado de febrero de 1981 fue el primero y más grave, desde luego, pero estuvo propiciado y ejecutado por gentes contrarias a la Constitución: en cierto modo, los golpistas actuaron como se presumía de ellos. Yo me refiero más bien a los torpedos lanzados por quienes se proclaman constitucionalistas y democráticos, que han actuado, y actúan, justo al revés de como se presume que han de actuar.
La incautación de Rumasa, y la sentencia del TC que hubo de decir que la expropiación no tiene que ver con el derecho de propiedad para justificarla, fue el primer golpe bajo. Eso fue en 1983. Dos años después, la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció la designación parlamentaria de todos los vocales del CGPJ aprovechándose de la redacción defectuosa del artículo 122.3 de la CE. Aquel abuso, que todavía padecemos, dio lugar a otra sentencia vergonzosa, contraria al espíritu del constituyente con tal de ser complaciente con el poder. Eso fue en 1985, el mismo año que el TC hizo tristes equilibrios para justificar la legislación abortista, en cuya virtud ya nos acercamos al millón de víctimas humanas de abortos en nombre de la ley. Desde entonces, las trampas, los fraudes de ley y los enjuagues políticos para manosear y pervertir las reglas del juego no han cesado: lo ocurrido en el CGPJ en la primera mitad de los 90 para configurar la composición de la Sala Segunda del Supremo, cuando la amenaza penal se cernía sobre el presidente del Gobierno, fue escalofriante desde cualquier punto de vista merecedor del calificativo de democrático. Todo eso ocurrió con Gobiernos socialistas presididos por Felipe González.
Más recientemente, ya con Gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, se ha impuesto —de momento— la torpe legislación que expulsa el matrimonio civil de nuestro ordenamiento, para sustituirlo por cualquier clase de coyunda aun entre personas del mismo sexo; y el Estatuto de Cataluña vigente —de momento—, retuerce o incluso contradice abiertamente el Título VIII de la Constitución. Estas dos normas, que están sobre la mesa del TC (que ya veremos cómo sale esta vez del atolladero), son los precedentes inmediatos de la EpC. En este último caso, sin embargo, la novedad estriba en que ningún partido político ha querido hasta ahora acudir al TC en defensa del derecho constitucional que asiste a los padres de familia, y han sido ellos mismos los que han tenido que ir a los tribunales ordinarios y plantear objeciones de conciencia para forzar, cuando menos, una cuestión de constitucionalidad planteada por algún juez.
¿De verdad vivimos en democracia? Hugo Chávez, en Venezuela, pretende ser nombrado “timonel vitalicio” de su país. ¿Será democrática una cosa así, aunque se guarden aparentemente las formas? ¿Fue democrático Hitler por haber llegado al poder tras unas elecciones?
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