Torpedos contra la democracia

Cada vez hay más dificultades para poder sostener que, efectivamente, vivimos en democracia

Por Ramón Pi, en La Gaceta de hoy.

El conflicto provocado por el intento del Gobierno de imponer obligatoriamente a todos los alumnos españoles de primaria y secundaria una asignatura de adoctrinamiento moral, por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales (CE, 27, 3), y bajo el engañoso título de Educación para la Ciudadanía (EpC), ha vuelto a poner de manifiesto algunas deficiencias graves en cómo se interpreta y se vive la democracia entre nosotros, hasta el punto de que empieza a ser inquietante comprobar que cada vez hay más dificultades para poder sostener que, efectivamente, vivimos en democracia.

Lo que nos ocurre no nace ahora con la EpC. Desde muy pronto, tras la aprobación de la Constitución, se dispararon ya los primeros torpedos a la línea de flotación del sistema. El golpe de Estado frustrado de febrero de 1981 fue el primero y más grave, desde luego, pero estuvo propiciado y ejecutado por gentes contrarias a la Constitución: en cierto modo, los golpistas actuaron como se presumía de ellos. Yo me refiero más bien a los torpedos lanzados por quienes se proclaman constitucionalistas y democráticos, que han actuado, y actúan, justo al revés de como se presume que han de actuar.

La incautación de Rumasa, y la sentencia del TC que hubo de decir que la expropiación no tiene que ver con el derecho de propiedad para justificarla, fue el primer golpe bajo. Eso fue en 1983. Dos años después, la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció la designación parlamentaria de todos los vocales del CGPJ aprovechándose de la redacción defectuosa del artículo 122.3 de la CE. Aquel abuso, que todavía padecemos, dio lugar a otra sentencia vergonzosa, contraria al espíritu del constituyente con tal de ser complaciente con el poder. Eso fue en 1985, el mismo año que el TC hizo tristes equilibrios para justificar la legislación abortista, en cuya virtud ya nos acercamos al millón de víctimas humanas de abortos en nombre de la ley. Desde entonces, las trampas, los fraudes de ley y los enjuagues políticos para manosear y pervertir las reglas del juego no han cesado: lo ocurrido en el CGPJ en la primera mitad de los 90 para configurar la composición de la Sala Segunda del Supremo, cuando la amenaza penal se cernía sobre el presidente del Gobierno, fue escalofriante desde cualquier punto de vista merecedor del calificativo de democrático. Todo eso ocurrió con Gobiernos socialistas presididos por Felipe González.

Más recientemente, ya con Gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, se ha impuesto —de momento— la torpe legislación que expulsa el matrimonio civil de nuestro ordenamiento, para sustituirlo por cualquier clase de coyunda aun entre personas del mismo sexo; y el Estatuto de Cataluña vigente —de momento—, retuerce o incluso contradice abiertamente el Título VIII de la Constitución. Estas dos normas, que están sobre la mesa del TC (que ya veremos cómo sale esta vez del atolladero), son los precedentes inmediatos de la EpC. En este último caso, sin embargo, la novedad estriba en que ningún partido político ha querido hasta ahora acudir al TC en defensa del derecho constitucional que asiste a los padres de familia, y han sido ellos mismos los que han tenido que ir a los tribunales ordinarios y plantear objeciones de conciencia para forzar, cuando menos, una cuestión de constitucionalidad planteada por algún juez.

¿De verdad vivimos en democracia? Hugo Chávez, en Venezuela, pretende ser nombrado “timonel vitalicio” de su país. ¿Será democrática una cosa así, aunque se guarden aparentemente las formas? ¿Fue democrático Hitler por haber llegado al poder tras unas elecciones?

Thinking Blogger Award

No esperaba recibir un premio, y menos tan pronto, en este "slow blog", que debe resultar difícil y pesado de leer, y sin embargo, Brisa, espuma y un poco de arena, un blog eminentemente poético y sensible, ha tenido la sorprendente atención de distinguirme con un Thinking Blogger Award, premio a blogs que hacen pensar -o dan que pensar-, y, sobre todo, y más importante, con su atención y aprecio por los contenidos.

Ahora me siento en el compromiso de premiar a otros cinco, solicitando comprensión e indulgencia a cuantos, mereciéndolo tanto o más, se quedan en el tintero.

1. Cartasy artículos, una visión liberal -en el buen sentido del término-, que es muy necesaria en estos tiempos de Nueva Tiranía.

2. Caraacara, una bocanada de aire fresco en este mundo cerrado y unidireccional.

3. Cosasclaras, el eliento del sentido común contra el imperio de lo políticamente correcto.

4. The lecturer, el humor, la ironía y la paradoja de marchamo chestertoniano al servicio de la verdad de las cosas.

5. Pasen y lean, el más sugerente sobre libros, cine, música, ideas..., para personas con alguna inquietud cultural.

Las bases para premiar son estas tres:

1.- Si, y sólo si, alguien te da el premio escribe un post con los 5 blogs que te hacen pensar.

2.- Enlaza el post original para que la gente pueda encontrar el origen del premio.

3.- Opcional, enseña el botón del premio enlazando el post que has escrito dando tu premio.

Pilatos y la democracia

Es el escepticismo moral el que libera, engañosamente, la conciencia de Pilatos, y no la democracia

Por Ignacio Sánchez Cámara, en La Gaceta de hoy


El relato es sencillo, conmovedor y maravilloso. Pertenece al capítulo XVIII del Evangelio de san Juan. De la casa de Caifás, es conducido Jesús al pretorio, ante Poncio Pilatos, quien, al no ver culpa en Él, pretende que sea juzgado según la ley de los judíos. Y se produce una memorable conversación entre Jesús y el poderoso gobernador romano. En ella, el Maestro afirma que es Rey, pero que su Reino no es de este mundo, y luego declara que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. “Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Entonces el gobernador romano pregunta: ¿qué es la verdad? Después apela al pueblo, y lo entrega para que lo crucifiquen después de lavarse, escépticamente, las manos.

La tesis de que la democracia se fundamenta en el relativismo moral es antigua. Al menos, se encuentra ya en el sofista Protágoras. Desde entonces ha reaparecido una y otra vez en el pensamiento occidental, hasta casi prevalecer en nuestros días. El gran jurista, pero pésimo pensador, Hans Kelsen, ha sido uno de sus más tenaces defensores. En su Esencia y valor de la democracia, comentando el inmortal pasaje, afirma que el plebiscito popular fue contrario a Jesús. Y concluye: “Quizás se objetará, objetarán los creyentes, los políticamente creyentes, que precisamente este ejemplo habla antes contra la democracia que a su favor. Y hay que admitir ese reproche; pero sólo bajo una condición: que los creyentes estén tan seguros de su verdad política —que llegado el caso también debe imponerse con la fuerza de la sangre— como lo estaba de la suya el Hijo de Dios”. Difícil es equivocarse de manera más descomunal. El pasaje no habla de la democracia, sino de la verdad. Los creyentes, al menos los cristianos, no están seguros de su verdad política, sino de su verdad religiosa y moral. También se equivoca Kelsen al afirmar que Pilatos, como romano, estaba acostumbrado a pensar democráticamente, y que, por eso, apeló al pueblo. Ni Roma era ya una democracia, ni la apelación a los judíos era un plebiscito democrático. Lo que hace Pilatos es escudarse en el relativismo moral para quitarse problemas de encima y permitir la condena de Jesús. Lo que condena a Cristo no es la democracia sino, más bien, el relativismo moral. Acaso esto mismo ya prueba que no se trata de la misma cosa, ni de que uno sirva de fundamento a la otra. Por lo demás, Kelsen se refiere a Pilatos como a un hombre “de una cultura vieja, agotada, y por esto escéptica”. El escepticismo es algo propio de una cultura decadente. También había afirmado un poco antes que “la democracia aprecia por igual la voluntad política de todos, como también respeta por igual todo credo político, toda opinión política, cuya expresión es la voluntad política”. No; la democracia no respeta por igual todas las opiniones políticas, porque ella misma es una opinión política junto a otras, aunque más conforme a la dignidad y libertad humanas.

La raíz de su error se encuentra en la pretensión de que la democracia se fundamente en el relativismo moral. Si así fuera, carecería de fundamento consistente. Si la democracia encarna y asume valores, no puede fundamentarse en la inexistencia de valores. Un gran filósofo, Hegel, también se había referido, mucho más certeramente, al memorable pasaje evangélico en su Lógica. Al preguntar ¿qué es la verdad?, Pilatos lo hace como quien sabe a qué atenerse en este punto, como quien sabe que no hay conocimiento de la verdad. “Y así, este abandono de la indagación de la verdad que en todo tiempo ha sido mirado como señal de un espíritu vulgar y estrecho, es hoy considerado como el triunfo del talento. Antes, la impotencia de la razón iba acompañada de dolor y de tristeza. Pero pronto se ha visto a la indiferencia moral religiosa, seguida de cerca de un modo de conocer superficial y vulgar, que se arroga el nombre de conocimiento explicativo, reconocer, francamente y sin emoción, esa impotencia y cifrar su orgullo en el olvido completo de los intereses más elevados del espíritu”. Nada es más falso que esa idea que pretende que nada podemos saber de lo eterno y absoluto. La dignidad del hombre radica en sentirse capaz de alcanzar las altas verdades. “La esencia oculta del universo no tiene fuerza que pueda resistir al amor a la verdad”. ¿Qué es la verdad? Algo que puede ser alcanzado por la razón humana, si acierta a liberarse de la pereza y el prejuicio.

Ni la democracia se fundamenta en el relativismo moral, ni puede ella por sí misma determinar lo que es verdadero o falso. No hay estupidez comparable a la pretensión de excluir de la democracia a quienes pretenden conocer la verdad. Como si la democracia fuera un procedimiento para establecer verdades en el que la condición de la admisión fuera el reconocimiento de carecer de la verdad. Si nada es verdadero o falso en el orden moral, entonces no hay ninguna razón para oponerse a la condena de un inocente. Pero si la condena de un inocente es un mal absoluto, entonces no es lícito condenar a un inocente. Es el escepticismo moral el que libera, engañosamente, la conciencia de Pilatos, y no la democracia.

Sin acuerdo posible

La EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba

Por Ramón Pi, en La Gaceta hoy


Si Gregorio Peces-Barba no hubiera titulado su artículo del martes en El País, En torno a la Educación para la Ciudadanía, lo más probable es que yo no me hubiera tomado la molestia de leerlo, porque últimamente lleva escribiendo el mismo artículo todas las veces, dedicado a maldecir de la Iglesia católica, especialmente de la Iglesia en España. Como él pasa por ser uno de los principales inspiradores de esta asignatura, pensé que ahora sería distinto, y me equivoqué: era otra vez el mismo artículo, y la Educación para la Ciudadanía (EpC) no era sino el pretexto.

Algo dice, sin embargo, de la materia que me interesaba, aunque sea de forma oblicua: atribuye el liderazgo de la oposición a la EpC a la jerarquía católica, y predice grandes males para los padres de familia que planteen la objeción de conciencia, que “carece de cualquier posibilidad de prosperar”, y augura un futuro negro para el Partido Popular, al que atribuye un “seguidismo inexplicable” respecto de los obispos. De la materia prevista en los decretos ya publicados para la asignatura no dice nada, pero afirma que nos trae “la recta formación democrática de los ciudadanos”.

A este respecto, el Foro Español de la Familia ha hecho un experimento interesante: ha contado, mediante un sencillo programa de ordenador, las veces que aparecen determinadas palabras o conceptos en los citados decretos. El resultado ha sido éste: Padre, padres, profesor, profesores y autoridad, 0 veces; virtud y virtudes, 2 veces; familia, 3 veces. Por el contrario, afectos, afectivo, afectivo-emocional, 23 veces; emocional, 29 veces; sexo, sexualidad, sexista, 34 veces; sentimiento, sentimientos, 41 veces. A eso lo llama Peces-Barba “recta formación democrática de los ciudadanos”. ¿Formación? ¿Democrática? ¿Recta? A mí me parece más bien, por lo que ya se conoce, que es una pura muestra de la agenda homosexual y un intento torpe y totalitario de imponerla.Sé que, a estas alturas, no es sensato pensar en un diálogo con alguna posibilidad de acuerdo entre los que están conformes con la EpC y quienes no lo están. Hay dos abismos infranqueables: uno, de método: los que disienten sostienen que los poderes públicos no son nadie para andar entrometiéndose en la formación moral de los niños por encima de sus padres. El otro es de contenidos: El poder público es menos que nadie para que esa ilegítima intromisión pretenda formar a los niños contra las convicciones de sus padres. Por ambas razones, con mucha probabilidad, la EpC puede ser inconstitucional de arriba abajo, por muy padre de la Constitución que sea Peces-Barba (que ya dio el portazo en la ponencia cuando se discutían los preceptos sobre educación).

No pretendo contestar al artículo de Peces-Barba, entre otras cosas porque ese artículo está dedicado a agredir a la jerarquía de la Iglesia, de Benedicto XVI al último párroco, y me parece que para tener muy graves reparos a la EpC no hace falta ser católico. Si se es católico, desde luego que se tienen, como se tienen ante normas que legalizasen el aborto, la tortura o la esclavitud. A lo mejor otro día contesto a sus invectivas contra la Iglesia. Termino con una cita, muy aplicable al Gobierno y los que jalean la EpC y el intento de hacerla obligatoria: “Deben sosegarse y permitir el desarrollo normal de la sociedad civil, sin sus constantes interferencias, sin hostigar a los heterodoxos ni despreciar a las conciencias individuales que no coinciden con sus planteamientos. Deben tener más respeto a los disidentes y evitar maldecir y condenar todo el tiempo”. La cita es precisamente del artículo de Peces-Barba, sólo que él la dirige a los obispos. Desde luego, no hay acuerdo posible.

De Estado aconfesional a laico

La actitud del Gobierno con la Iglesia es más de laicismo que de aconfesionalidad

Por Luis Mª Gonzalo Sanz, en La Gaceta, hoy.

"Laico” es el término que los miembros del Ejecutivo suelen utilizar para indicar la posición del Gobierno con respecto a la Iglesia: nuestro país es un país laico. En cambio, es excepcional que mencionen la aconfesionalidad, que es el que figura en nuestra Constitución. Más de uno se habrá preguntado por qué esta preferencia de los términos laico y laicismo frente a aconfesionalidad. Yo me lo he preguntado y me he hecho las consideraciones que expongo a continuación.

Un término puede ser preferido a otro por alguna de estas cuatro razones: porque etimológicamente es el más apropiado, porque está de moda, porque es el utilizado en otros países, o porque tiene algún matiz que no existe en la expresión equivalente; matiz que, por otra parte, se quiere resaltar.

Etimológicamente, designar como laico a un Estado es poco afortunado. Laico es la expresión que se utiliza para referirse a los individuos que no han recibido las órdenes religiosas. Así se les distingue de los clérigos que sí las han recibido. Como es natural, el Estado no es persona y no se puede “ordenar”, por lo que llamarle laico no tiene ningún sentido. La segunda razón parece de escaso peso, más bien está sucediendo lo contrario: el Gobierno es el que la pone de moda. La tercera y cuarta razón son las de más peso. Veamos. El término laicidad fue acuñado en Francia: allí la Constitución de la IV República se autodefinía como laica, definición que fue asumida por la Constitución de la V República, en 1958. En fin, me parece evidente que el término laicismo expresa algún matiz que se quiera resaltar. Volviendo otra vez a Francia, nuestro país vecino del que tanto copiamos, de allí no sólo se ha tomado el término, sino también su contenido.

En una Carta pastoral de 12 de noviembre de 1945, la Conferencia Episcopal francesa distinguía cuatro acepciones de laicidad: laicidad como autonomía del Estado en el orden temporal; laicidad respetuosamente neutral, en cuanto que el Estado permite que cada ciudadano practique libremente su religión; laicismo agnóstico y hostil, que quiere imponer su concepción materialista y atea de la vida, tanto a sus funcionarios, como en las escuelas del Estado y aun a la nación entera; y, finalmente, laicismo indiferente. Según esta última acepción, el Estado no se somete a ninguna ley moral superior, sino que reconoce como norma de acción la que es adecuada a sus intereses. En el citado documento se decía que las dos primeras acepciones estaban en perfecta conformidad con la doctrina de la Iglesia, mientras que las dos últimas eran inadmisibles.

La Constitución española, que se refiere no a la laicidad del país sino a la aconfesionalidad, parece estar en concordancia con las dos primeras acepciones porque dice: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Ahora bien, si se tienen en cuenta las relaciones del actual Gobierno con la Iglesia y las decisiones tomadas y las previstas, parecen estar más en la línea de las dos acepciones que la Conferencia Episcopal francesa consideraba inadmisibles. Como ejemplo voy a citar algunas: ampliación de la ley del aborto; utilización de las células madre embrionarias, con la subsiguiente supresión de vidas humanas; matrimonio entre homosexuales; divorcio exprés; la enseñanza de la religión, además de opcional, no se tendrá en cuenta en la valoración del expediente académico; suprimir las subvenciones a las organizaciones católicas que, por otra parte, están dirigidas al bien común (beneficencia, enseñanza); amenaza con suprimir el dinero que la Iglesia recibe a través de IRPF, etc.

Estas actuaciones del Gobierno han llevado a un hispanista, Stanley Payne, profesor de Historia en Wiconsin (EEUU), a afirmar sin rodeos que Zapatero busca la destrucción de la España católica, para lo cual promueve un laicismo radical, que recuerda la intención del PSOE en la Segunda República.

Estas consideraciones que acabo de exponer me llevan a la conclusión de que, para la concepción del Gobierno socialista sobre las relaciones Iglesia-Estado, la expresión laicismo es mucho más adecuada que la de aconfesionalidad.

El Estado moralizador

Por Tomás Salas, en conoZe.com, el 24.VII.2007

Quedan lejanos los tiempos en que Locke establecía como funciones del Estado sólo la protección del ciudadano (libertad, seguridad, propiedad) y la impartición de justicia. Todo lo demás quedaba en el ámbito privado. Era necesario hacer este Estado neutral desde el punto de vista moral y religioso después de la dolorosa ruptura de la Cristiandad y de las guerras religiosas que asolaron europa. Este primigenio Estado liberal, que tiene su primera manifestación en Iglaterra, en la Gloriosa de 1688, se fundamenta en esta idea de la tolerancia y la neutralidad moral y supone el primer germen del Estado democrático moderno. Sin embargo, el sentido de la historia en los países occidentales ha sido otro: ir aumentado este primer ámbito reducido hasta extenderlo a un tamaño que algunos pueden cosiderar megalómano. El Estado se convierte en una enorme máquina que está presente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La mayoría de la gente (el estatismo, que en España está extendido ingualmente en la derecha como en la izquierda) no ve en este fenómeno una amenaza, sino una garantía. Se ve bien, por ejemplo, que el Estado sirva de contrapeso a las desigualdades «naturales» de la sociedad, repartiendo las riquezas, o que se inmiscuya en los hábitos alimenticios o de ocio. Hay una minoría (los que siguen las viejas ideas liberales) que contemplan esta capacidad extensiva como una amenza a la que hay que poner coto. Esta es la cuestión de fondo: ¿Puede el Estado seguir invadiéndolo todo como una hidra de mil cabeza? ¿Puede, incluso, invadir el terreno moral y convertirse en dispensador de pautas éticas, es decir, en «educador» en el sentido radical del término? Todas estas cavilaciones vienen, como habrá supuesto el lector, a cuento de la famosa Educación para la Ciudadanía (por cierto, me gusta más la palabra civismo) y de la oposición de lo obispos a esta nueva materia escolar.

Los obispos no protestan por el contenido de esta asignatura, que por otro lado, dependerán en una gran parte del centro, del profesor, de diversas circunstancias. Los obispos, algunos católicos y también algunos no católicos piensan que esta función moralizadora no compete al Estado, sino al ámbito privado: sobre todo familia, pero también el ambiente de los amigos, los órganos intermedios, iglesias, realidades sociales todas anteriores al Estado y cuyo espacio de actuación ha de ser respetado.

Hay otra cuestión no tan teórica y que entra en terreno de la sospecha. Muchos temen —no sin fundamento— que ese elenco de valores, supuestamente indiscutibles y consensuados, sea algo parecido a la «visión del mundo» que transmiten, por ejemplo, las prédicas periodísticas de Iñaki Gabilondo o Sardá, el cine de Almodóvar, el discurso intelectual (?) de Ramoncín o Rosa Regàs o las ideas económicas de Ignacio Ramonet. Es decir, la izquierda postmoderna, ya no marxista ni rompedora con el capitalismo, sino moralizante y directora de los usos y costumbres. Izquierda cuyas ideas pueden resultar respetables, pero que distan de ser, como algunos parecen pretender, un conjunto de valores sin discusión posible, una especie de Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y lo más curioso de todo este asunto es que sean los obispos católicos los que defiendan, casi en solitario en España, la idea liberal de la sociedad civil y la autonomía ciudadana; que defiendan un ámbito propio e irreductible de lo privado. El Cristianismo, ¡qué vueltas da la historia!, se alía con quien tantos encuentros y desencuentros ha tenido: el Liberalismo.

La economía del espíritu

Se habla bastante del derecho a la educación, pero apenas se habla del deber de educarse

Por Ignacio Sánchez-Cámara, Catedrático de Filosofía del Derecho, periodista y analista político y cultural, en La Gaceta de los Negocios, el 9.VII.2007

En las encuestas sobre las preocupaciones principales de los ciudadanos nunca aparece en los primeros lugares la educación. Y nada hay más importante en la vida pública. Suelen aparecer el paro, el terrorismo, la inmigración o la vivienda. Como si esos problemas, como todos, no tuvieran en la educación su clave y el fundamento de su solución. Si la economía persigue la mejor gestión de los recursos materiales escasos, la educación vendría a ser algo así como la economía del espíritu. Se habla bastante del derecho a la educación (que no es, por cierto, lo mismo que el derecho del Estado a educar, sino, más bien, todo lo contrario), pero apenas se habla del deber de educarse. Es una manifestación más de la hipertrofia de los derechos y de la atrofia de los deberes.

Tampoco suele distinguirse entre tres cosas relacionadas pero distintas: la urbanidad, la instrucción y la educación. Ni son lo mismo, ni es la misma la competencia de los poderes públicos en cada una de ellas. Si alguna le cabe en la urbanidad y la instrucción, ninguna en la educación. La educación es la formación de la persona, que es algo más hondo, relevante y previo que el ciudadano. Los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero no dispensarlo. En su ensayo Sobre la libertad, escribe Mill: «Las objeciones que con razón se formulan contra la educación por el Estado no son aplicables a que el Estado imponga la educación, sino a que el Estado se encargue de dirigirla, lo cual es cosa totalmente diferente. Me opondré tanto como el que más a que toda o una gran parte se ponga en manos del Estado... Una educación general del Estado es una mera invención para moldear al pueblo haciendo a todos exactamente iguales, y como el molde en el cual se les funde es el que satisface al poder dominante en el gobierno..., establece un despotismo sobre el espíritu, que por su propia naturaleza tiende a extenderse al cuerpo». Está claro.

Ni siquiera la Constitución constituye un límite para la libertad de expresión y, por lo tanto, de enseñanza. Para empezar, ella no entraña la verdad moral. Es sólo una norma jurídica, si bien la norma básica y fundamental, que, a su vez, se apoya en principios morales. Pero ella no decide sobre el bien y el mal, sino sobre lo jurídico y lo antijurídico. La Constitución debe ser cumplida, también, por supuesto, en el ámbito educativo. Pero cumplirla no es lo mismo que sacralizarla. Si ella prevé su modificación, necesariamente aceptará la crítica, pues no es posible modificar algo sin previamente criticarlo. Enseñar o promover algo contrario a la Constitución no es, por sí mismo, algo inconstitucional. Criticar no es transgredir; incumplir, sí.

Pretender que el Estado eduque o determine el contenido moral mínimo de la educación de los ciudadanos es inmoral, antidemocrático e inconstitucional. No hay educación sin disciplina, jerarquía y superioridad, en algún aspecto, por parte de quien educa. Como el Estado democrático es de suyo igualitario, no puede aspirar a la ejemplaridad moral, a la educación ni a la autoridad social. La autoridad política y la social están radicalmente escindidas. Al final de su ensayo Misión de la Universidad, Ortega y Gasset reivindica el valor de la institución que tiene encomendada la educación superior para erigirse en «poder espiritual». Así, afirma que hoy no existe en la vida pública más «poder espiritual» que la Prensa, pero el periodismo ocupa en la jerarquía de las realidades espirituales el rango inferior. «Por dejación de otros poderes, ha quedado encargado de alimentar y dirigir el alma pública el periodista, que es no sólo una de las clases menos cultas de la sociedad presente, sino que, por causas, espero, transitorias, admite en su gremio a pseudointelectuales chafados, llenos de resentimiento y de odio hacia el verdadero espíritu». La vida pública tiene que regirse por un poder superior. La Iglesia no cumple, según él, esa función porque ha abandonado el presente. El Estado, tampoco porque, triunfante la democracia, no puede gobernar a la opinión pública, sino que es dirigido por ella. Añadiría, por mi parte, que los intelectuales, o la mayoría de ellos, tampoco pueden ejercer esa función directora porque se han convertido, prostituyéndose, en servidores de los tópicos dominantes, en lugar de ser críticos de ellos. En este sentido, la Iglesia, si acierta a recuperar el presente, sin renunciar a lo eterno, podría aspirar a ejercer ese poder espiritual. Sólo quien se opone a la opinión dominante puede aspirar a influir sobre ella y a cambiarla. Eso es precisamente lo que no puede hacer el Estado democrático sin dejar de serlo, para sucumbir así a la tentación totalitaria. El espíritu no es democrático, pero nada tiene que temer de la democracia, pues ella proporciona libertad para todos; también para los que tienen puesta su mirada y sus aspiraciones en lo más alto. El poder político democrático gobierna legítimamente, pero, si aspira a educar, lo hará ilegítimamente.