miércoles, 24 de octubre de 2007

La nueva fuente del derecho

Parecía que el Estado de Derecho eliminaba como fuente del derecho la subjetividad del gobernante

Por Jaime Rodríguez Arana, en La Gaceta, hoy

Los tratados y manuales de derecho al uso suelen citar entre las fuentes del derecho la Constitución, la ley, las normas sin rango legal, la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia y la doctrina. Hasta ahora parecía que el tránsito al Estado de derecho desde el Antiguo Régimen había eliminado como fuente del derecho la subjetividad del gobernante, construyéndose toda una magnífica teoría acerca de la motivación, la objetividad y la racionalidad del poder que ha caracterizado el uso y el ejercicio de la potestades públicas en la democracia. Mucho y muy bien se ha escrito sobre la relevancia de la racionalidad y la objetividad como elementos esenciales de las normas y actos de gobierno desde la revolución de 1879. En este sentido, la subjetividad, el puro arbitrio del gobernante había quedado desterrado del mundo de la legitimidad política. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, por estos pagos y en otras lejanas latitudes, la motivación de algunos fallos judiciales en el cambio de la voluntad política de los gobernantes ha provocado que, también en este punto, en el capítulo del derecho, más aún, de la seguridad jurídica, España también da que hablar.

Los juristas del derecho público hemos aprendido hace algún tiempo que la pura determinación, sin límites, de la voluntad política no sólo no es fuente de derecho sino que constituye un flagrante ejercicio de arbitrariedad. John Locke decía que la arbitrariedad es la ausencia de racionalidad, la ausencia de objetividad, de motivación, algo inherente al ejercicio del mando en un Estado de derecho. Pues bien, el reino de la arbitrariedad suele instalarse en un sistema en dos dimensiones. En la primera nos hallamos cuando aparece el manto de la oscuridad, de la opacidad, del misterio, de la ambigüedad, del enigma, del claroscuro como contexto para actuar políticamente sin límites. Y nos encontramos en la segunda cuando impera la ausencia de objetividad, de congruencia, de buena fe, de confianza legítima, de proporcionalidad; en una palabra, de racionalidad. La racionalidad, bien lo sabemos los profesores de Derecho, es una de las notas características de las normas jurídicas. Quizás hasta sea la más relevante si se engarza adecuadamente en el marco de la justicia. Racionalidad que ha de presidir el entero proceso de elaboración de las normas y racionalidad que también ha de presidir las actuaciones públicas de los gobernantes. Normalmente, cuando se abandona la razón aparecen las quiebras de la coherencia, el cambio injustificado de tratamiento en los asuntos públicos, la discriminación o la desigualdad. El problema, el gran problema que tal fractura del orden jurídico y social trae consigo reside en que se trata de la antesala del autoritarismo, del dominio de unos sobre otros, de la dictadura de lo conveniente o eficaz políticamente sobre lo justo, lo equitativo, lo que reclama la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.

En este contexto, por ejemplo, resulta que una serie de conductas determinadas se califican por la autoridad judicial en una época como delitos, mientras que en otro momento las mismas actitudes no son merecedoras del reproche penal. La explicación de tal dispar calificación rside en que el diálogo político en un caso produce una caracterización jurídica y, en otra, da lugar a una situación totalmente diferente. Sinceramente, ¿es posible que el diálogo político se convierta en fuente del derecho? ¿Es proporcionado, razonable, lógico, que en un Estado de derecho desde un poder del Estado se colabore en el intento, calculado y deliberado de instaurar una nueva ideología del diálogo, de dominio absoluto de la voluntad política, que convierta en bueno o malo, en justo o injusto, lo que convenga en cada momento al gobierno de turno?

Hace unos meses nos llamaban la atención en Europa sobre el grado de seguridad jurídica en materia de operaciones económicas que han provocado el asombro y la perplejidad por la obvia y evidente ruptura de unas reglas jurídicas que han de ser conocidas y aplicadas por las autoridades competentes. Tiempo atrás tuvieron que salir a la calle millones de personas para reclamar libertad educativa, sensibilidad hacia la institución matrimonial o políticas antiterroristas dignas de tal nombre. Y ahora, por si fuera poco, nos topamos con resoluciones judiciales que hacen apología de la ideología del diálogo político cómo fuente dederecho.

EL horizonte es, por tanto, bien sombrío. Muchos ciudadanos no alcanzan a calibrar la magnitud de la operación orquestada sencillamente porque el consumismo imperante y el individualismo feroz que se expende desde las terminales mediáticas de uno y otro signo han sumergido a muchos sectores del pueblo en un profundo sueño del que es difícil salir. El dominio actual de la racionalidad económica unilateral incluso se atreve, porque es consciente de la narcotización social, a mover las voluntades de muchas personas que han renunciado a una vida digna y libre a cambio del puro disfrute del bienestar económico, por lo visto el único género de bienestar que se tolera.

En otros casos, el problema es de pura y dura manipulación política ante una población inerme, sin temple moral o coraje ciudadano.Ante esta situación, muchos son pesimistas y se contentan con lamentos y censuras estériles haciendo el juego a la provocación. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad para demostrar que la lucha por las libertades siempre derrota a la tiranía, sea sutil o explícita. Para eso es menester caer en la cuenta de que es necesario rebelarse civilizadamente frente a tanta imposición, a tanto pensamiento único y a tanto miedo al pensamiento plural. Es una tarea apasionante, que aunque llevará su tiempo, esta condenada a la victoria.
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