Iglesia, laicismo y sociedad civil

¿Puede la Iglesia proponer estilos de vida beneficiosos para la sociedad?

Por Emilio Chuvieco, Forumlibertas, el 15 de junio de 2005

Cualquier persona medianamente instruida no debería sorprenderse ante las críticas de la Iglesia a los matrimonios de homosexuales, pues ésa ha sido siempre su postura, que basa en argumentos bien asentados en la moral, la Historia y el derecho comparado. No es el objeto ahora comentar esos razonamientos, sino la legitimidad de la Iglesia para proclamarlos, e incluso para sugerir a los católicos que opongan la razón de su conciencia al cumplimiento estricto de la ley que ha aprobado mayoritariamente el Congreso.

Diversos dirigentes de partidos de izquierda, además de –como es lógico- los colectivos más directamente afectados por la reforma jurídica, tildan a la Iglesia de no estar de acuerdo con la realidad social, de ponerse al margen de la democracia, e incluso –nada menos- que en contra de la Constitución. Así lo afirmaba, con las escasas matizaciones que suele utilizar en su lenguaje, Gaspar Llamazares en una entrevista televisiva.

Para estas personas, parece evidente que sigue confundiéndose el concepto de estado laico, con el de estado ateo, donde la Iglesia debería desaparecer, o al menos estar lo más oculta posible en las catacumbas. Que un grupo religioso, o de cualquier otro tipo, califique una ley como contraria al bien común, no debería sorprender a ninguna persona amiga de la libertad, por más que piense que estén equivocados. Que una ley sea votada en el Parlamento no la hace moralmente más aceptable, por mucha legitimidad democrática que tenga.

Supongo que no será preciso recordar las muchas barbaridades que se han aprobado en los Parlamentos de nuestras democracias occidentales; sin ir más lejos, la postura del gobierno –de entonces- sobre la guerra de Irak. Me parece recordar que en ese momento ni a Gaspar Llamazares ni a otros dirigentes de izquierda les pareció antidemocrático manifestarse en contra de tal resolución, y recomendar a sus seguidores que hicieran todo lo posible para dejarla sin efecto.

Si lo que quieren decir es que la Iglesia no debería existir en una sociedad democrática, que lo digan tal cual: algunos partidarios encontrarán, aunque otros muchos pensarán que eso es contrario a la Constitución, que acepta la libertad de pensamiento. Ahora bien, si admiten que exista la Iglesia, tendrán que admitir que sus representantes se manifiesten a favor de lo que consideran progreso, y en contra de lo que no estiman que lo sea.

Me parece que nadie tiene la exclusiva para calificar algo como progresista, salvo que demuestre con claridad que implica un verdadero progreso, y eso no es el caso en el tema que nos ocupa. La Iglesia no invade el ámbito político cuando se manifiesta en contra de una regulación jurídica que tiene claramente unas implicaciones morales, que son de su competencia, como no lo invade Greenpeace cuando se declara en contra de los transgénicos o la energía nuclear, que son de la suya. Ambas sociedades cumplen su función primordial: proponen un estilo de vida que consideran beneficioso para la especie humana.

Si miembros de Greenpeace obstaculizan el paso de un convoy nuclear, pueden tener sanciones –incluso penales- pero nadie lo considerará como retrógrado o antidemocrático. No veo por qué tendría que serlo alguien que se oponga a lo que, honradamente, piensa que va a deteriorar gravemente a la familia.

Cuando Greenpeace califica la acción de un gobierno como positiva o negativa para el medioambiente no está haciendo política, sino únicamente aplicando su experiencia sobre ese ámbito y es consecuencia de los valores que defiende. No supone que imponga esa concepción a personas que no se sientan ecologistas, aunque las medidas que sugiere vayan a afectarles a todos, porque piensa, honradamente, que a todos van a beneficiar.

Cuando la Iglesia califica la nueva regulación del matrimonio como nefasta podemos al menos asumir que lo hace con el mismo ánimo. Se dirige a todos, no solo a los católicos, porque estima que todos se verán perjudicados por esa disposición, y no hace política por ello: tan solo expresa, honradamente, su opinión.