martes, 6 de mayo de 2008

Una ‘ilícita invasión’ del Gobierno

Por Justino Sinova, publicado en El Mundo, edición impresa, el 3 de mayo de 2008

La última sentencia judicial sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía condena las medidas invasivas del Gobierno, su afán por imponer asuntos que no le competen, su maniobra de limitar, para ello, libertades y derechos individuales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sentenciado que parte de esa asignatura inventada por el Gobierno Zapatero vulnera el principio de neutralidad ideológica a que están obligados los poderes públicos e invade de forma ilícita los campos de la moral, de la ética y del Derecho.

El Gobierno socialista ha realizado un acto contrario al espíritu democrático -al disponer una imposición que lesiona el valor del pluralismo-, de los más rechazables -al violentar el ámbito de la educación de los niños- y de los más dolorosos -al lesionar el derecho fundamental a las libertades ideológica y de enseñanza-.

Desde que el Gobierno diseñó la asignatura se advirtió el riesgo y surgieron razonables voces de alarma ante el intento de entrar con argumentos partidarios en el ámbito de la educación. Las sospechas se confirmaron cuando se conoció mejor el propósito gubernamental. Y se dispararon las alarmas cuando ese afán se plasmó en textos escolares, algunos de los cuales resultaron ser reflejo de ideologías tan antiguas como el totalitarismo (aquí dejamos alguna constancia de ello).
El que muchos padres denunciaran la invasión política y el que en diversos lugares de España empezaran a surgir objeciones formales a la asignatura eran reacciones lógicas de protesta, además de una sana resistencia contra la injusticia. Como se ha ido comprobando, Educación para la Ciudadanía es una asignatura ideológica concebida para formar a los niños en propuestas de la ideología gobernante, a la que se quiere instalar por esa incidencia coyuntural en ideología dominante.

Esta pretensión arbitraria es tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Andalucía cuando argumenta que «la instrucción de los niños y jóvenes no puede estar orientada ideológicamente por el Estado». Esta afirmación es definitoria del problema: un Tribunal se ve en el deber de recordarle al Gobierno lo que es esencial en el sistema democrático y que está recogido en nuestra Constitución de 1978, o sea, el ya citado valor superior del pluralismo, además de la libertad ideológica consagrada en el artículo 16 y de la libertad de enseñanza del 27, en el que se subraya que la educación habrá de respetar «los derechos y libertades fundamentales».
Ante la pretensión asaltante del Gobierno hay que recordar el maltrato con que distingue a otra asignatura que los padres en su mayoría quieren para sus hijos, la de Religión, que desprecia al no hacerla computable para la calificación final del alumno. En este caso, el Gobierno se burla del 84,5% de los padres de alumnos de Infantil y Primaria que piden para sus hijos la Religión, en aplastante mayoría católica. Han leído bien, el 84,5 %, porcentaje que desciende en los niveles superiores -ESO y Bachillerato-, pero que en la media total queda en el 75,7%.

Tres cuartas partes de los alumnos piden la asignatura de Religión, pero el Gobierno la considera de segunda división para el currículo; al tiempo, impone la de Educación para la Ciudadanía, que hace obligatoria y computable a todos los efectos, o sea, un trágala. Ante tamaña coerción, se justifica la objeción que va extendiéndose por España. Los Gobiernos están para resolver los problemas de los ciudadanos, no para creárselos ni mucho menos para imponerles lo que deben pensar. Estamos aquí ante una batalla por la libertad que merece la pena, una batalla necesaria por uno de los bienes más preciados de la persona, al que no podemos ni debemos renunciar.
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