domingo, 13 de enero de 2008

En honor de Dios

Cebrián pretende que los obispos no puedan emitir opiniones sobre la moralidad de las leyes

Por Ignacio Sánchez Cámara, en La Gaceta de los Negocios, el 10 de enero de 2008

Juan Luis Cebrián publicó ayer en El País un artículo titulado “El honor de dios” (si se le disputa la existencia, no es extraño que se le confisque la mayúscula). Los académicos son inmortales, pero no, desde luego, infalibles. El autor puede adherirse al laicismo radical, pero no invocando la Constitución española. Nuestra Carta Magna no instituye el laicismo; ni siquiera lo menciona. Ni tampoco la “separación” entre el Estado y la Iglesia (o las iglesias). Lo que establece es esto: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. (artículo 16.3).

El artículo de Cebrián arranca con un descubrimiento sorprendente. “Sabemos que el cardenal Rouco Varela no es partidario del divorcio”. Bueno, ni el Papa, ni el resto de cardenales y obispos, ni Jesucristo (se lo puede decir el teólogo José Blanco), ni la tradición de la Iglesia, ni el Código de Derecho Canónico lo son. La verdad es que en esto monseñor Rouco no es nada original. También se equivoca el periodista por lo que se refiere al entusiasmo del cardenal por un divorcio concreto, el de la princesa Letizia, que le permitió oficiar la ceremonia religiosa de su boda con el Príncipe de Asturias. Lo cierto es que, aunque no se hubiera divorciado, habría podido contraer matrimonio canónico, ya que su matrimonio anterior fue sólo civil. A efectos canónicos era soltera, no divorciada.

El articulista sostiene que la concentración religiosa de la plaza de Colón en defensa de la familia fue un acto político porque se expresaron críticas al Gobierno. Es su criterio, pero, en ese caso, también lo habría sido aunque se hubiera apoyado al Gobierno e incluso aunque no se hubiera dicho nada al respecto. Lo que se pretende es que los obispos no puedan emitir opiniones sobre la moralidad de las leyes, que es lo que han venido haciendo, entre otras cosas, desde los orígenes del cristianismo. La crítica a los poderosos se remonta a los profetas de Israel y llega hasta Benedicto XVI, pasando por la Escuela de Salamanca. Se diría que el académico quisiera abolir tan larga tradición crítica, en beneficio de los poderosos de la tierra. Tampoco puede reprimir su adhesión a la marea crítica contra la Transición. Y no parece que tenga muy claras las ideas acerca del fundamentalismo. Pretender que la moral cristiana influya en las leyes no es rasgo fundamentalista. Si cualquier organización puede opinar sobre ellas, no se ve por qué si es la Iglesia la que lo hace incurre en fundamentalismo. No es, por eso, muy feliz su comparación entre las madrazas islámicas y las escuelas católicas, ya que lo que puede resultar intolerable en aquéllas no es su carácter religioso, ni su aspiración a influir en la moral social y en las leyes, sino sus eventuales ataques a los principios fundamentales del orden público. No parece, por lo demás, que el Islam haya contribuido tanto como el cristianismo a la civilización democrática y liberal. Su afirmación de que la Iglesia española es el ariete intelectual y el instrumento de propaganda del Partido Popular, que cuenta poco más de dos décadas de existencia, da un poco de risa. De ser cierto, que no lo es, sería más bien al contrario.

Pero claro, la cuestión fundamental es ¿quién manda? Y, ciertamente, si hablamos de mando o poder político, hay que contestar que el Gobierno (aunque no sólo él, si es que estamos en una verdadera democracia liberal). Pero una cosa es el poder político y otra la autoridad espiritual. Y ésta la tiene no quien decide el Gobierno o la mayoría parlamentaria, sino quien la tiene. Pero el Ejecutivo actual parece inútilmente empeñado en que a él le corresponde también la autoridad moral. Por lo demás, hay que exhibir una inmensa ignorancia acerca de los escritos de Ratzinger para atribuir al Santo Padre la consolidación de “las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución”. En caso de duda, puede Cebrián consultar a Habermas, y le corroborará el intenso y fecundo diálogo filosófico-teológico que Ratzinger ha promovido entre el cristianismo y la modernidad. Por cierto, Ortega y Gasset afirmó que la modernidad era el fruto tardío de la idea de Dios. Es muy probable que la Iglesia española se equivocara en su adhesión al franquismo, pero quien critique esa posición haría bien en recordar también la atroz persecución que acababa de sufrir. No es esto una justificación, pero sí una verdad. Sobre la democracia interna de la Iglesia, baste decir que la democracia es un principio válido para regir los asuntos políticos, pero ni Dios es un jefe de gobierno ni la Iglesia una organización política. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso no significa, ciertamente, que el César tenga legitimidad para derogar el Decálogo o el sermón de la montaña. De lo que ahora se trata, al parecer, y nada tiene que ver ni con la Biblia ni con la democracia liberal, es de fingir un poder político que ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, de fabricar un César sin Dios.
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