Por Rafael Sánchez Saus. Profesor de la Universidad de Cádiz, en Granada Hoy, el 25 de mayo de 2007.
HACE unas semanas saltaba a la prensa europea una de las últimas ocurrencias del tirano demagogo que sufre Venezuela. Hugo Chávez pretendía impartir clases de marxismo en las empresas para adoctrinamiento de los trabajadores. Por supuesto, fueron los sindicatos los primeros en oponerse y todo el mundo se sonrió: ¿qué puede esperarse de un personaje así? Pues bien, en la España de Zapatero se impone un plan para que los niños en las escuelas sean adoctrinados en los principios radicales de lo que Jesús Trillo-Figueroa ha denominado “la ideología invisible”, y la sociedad lo admite sin apenas discusión. Es verdad que estos maestros del eufemismo que nos gobiernan han tenido buen cuidado de elegir para la operación un nombre encantador: Educación para la Ciudadanía. ¿Puede haber alguien tan bruto y tan facha que se oponga a que los niños sean educados para convertirse en buenos ciudadanos?Por favor, descorramos el telón de las palabras bellas, pero huecas. ¿Qué hay detrás? Un proyecto de esencia totalitaria que, en contra de lo que muchos creen, no pretende enseñar a los niños cómo comportarse en sociedad, sino inculcarles la ideología dominante, dictaminando el orden moral propio de estos tiempos: qué es matrimonio y qué es una familia; qué es ser padre o madre; sobre qué se forja la identidad personal; qué es un embrión humano y qué un amasijo de células, etc... No se trata, pues, de una materia escolar más, sino de pura ideología al servicio de un modelo de sociedad y de hombre muy definidos y muy discutibles. Se comprende, que Jaime Urcelay, presidente de Profesionales para la Ética, haya advertido que “el proyecto ideológico de Educación para la Ciudadanía contamina toda la asignatura por la pretensión de modelar la conciencia moral de los ciudadanos”, ciudadanos que, no debemos olvidar en ningún momento, son niños y adolescentes.
Cuando el preámbulo de la LOE –ley aprobada sin consenso y con la mayor oposición ciudadana de la historia de la democracia– dice que la Educación para la Ciudadanía ha de encargarse de formar a los “nuevos ciudadanos”, recoge el espíritu del documento hecho público por el sector más radical del PSOE en diciembre pasado: se hace necesario formar “conciencias libres, activas y comprometidas” con lo que se llama “el mínimo común ético constitucional”. Pero, cuidado, porque el mismo documento nos revela que “el principio constitucional es la laicidad”. Con esto tocamos el núcleo de las obsesiones liberticidas del actual PSOE, empezando por el propio ZP. Así se comprende que Educación para la Ciudadanía fuera considerada “no negociable” en la discusión sobre la LOE y que haya sido impuesta por el Ministerio sin contar con las partes interesadas, en especial con los padres de familia afectados.
Porque ésta es la clave de todo el asunto: el brutal aplastamiento al que se somete, una vez más, a la fracción mayoritaria de la ciudadanía a la que el Gobierno socialista se siente con derecho a desconocer como si fuera un mero residuo despreciable. Ante la evidencia de que la nueva asignatura puede convertirse en un instrumento de manipulación y adoctrinamiento, es necesario recordar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 14.3, asegura “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”, y que la Constitución Española, a cuyos valores dicen acogerse los defensores de Educación para la Ciudadanía, en su artículo 27.3, afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
¿Cartas de Derechos, Constitución? Bastante le importan esas zarandajas al Gobierno cuando de ideología se trata. El derecho de objeción de conciencia, última garantía de una sociedad libre, se alza como valladar frente al abuso. Gandhi, que sabía algo de cómo resistir la injusticia, dejó la receta: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. El nivel de libertad efectiva de que goza un pueblo no se calibra por las declaraciones grandilocuentes de los políticos, ni por la transgresión subvencionada de la que viven tantos pésimos artistas y pseudoliteratos. Ni siquiera por la aparente libertad de costumbres y modas dictadas por los intereses de las industrias que hacen su agosto a costa de la dignidad y el decoro colectivos. No, la libertad real de un pueblo se manifiesta en el respeto profundo hacia el derecho personal de libertad de conciencia frente a las tentaciones del poder de imponer su propia visión de las cosas, su modelo de sociedad, su idea del hombre. Y en ese sentido, en España deberíamos empezar a preocuparnos. Por nosotros y por nuestros hijos.
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