viernes, 10 de julio de 2009

La conciencia y el poder

El bien común no es lo que la ley diga del bien común, ni lo que diga la ONU, ni lo que diga la Iglesia. El bien común es anterior a las leyes

Por ARMANDO SEGURA, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, en Ideal, el 6 de julio de 2009

De grafiti
La conciencia privada es la que paga impuestos, la que vota, la que expresa su opinión, la que obedece a la ley y la que la incumple. La conciencia privada es la que, por deber de conciencia, respeta la Constitución. Sin esa conciencia privada, las leyes, los impuestos, los contratos y los matrimonios, serían leyes sin conciencia, contratos sin conciencia y matrimonios sin conciencia.

El bien común no es lo que la ley diga del bien común, ni lo que diga la ONU, ni lo que diga la Iglesia. El bien común es anterior a las leyes (y por eso, éstas buscan el bien común) ¿En qué consiste el bien común?

La vida de todos y de cada uno, es el bien común evidentemente. No es posible legislar contra la vida porque si se legisla así, se legisla contra el bien común. Los seres humanos además de estómago e hígado, tenemos conciencia y ésta es una función vital.

Quien legisla contra la conciencia, legisla contra el bien común.

Spinoza defendía la idea de que la conciencia privada es libre de pensar lo que quiera pero todo lo que se manifiesta fuera de la conciencia, depende de la ley que vota la mayoría en las Asambleas. Afirma, expresamente, que lo justo y bueno lo decide la mayoría en el parlamento. Se entiende, entonces, aquella sentencia de un ministro de derechas que se hizo célebre: «¡La calle es mía!» Estas tesis del siglo XVII y que son, incluso, anteriores a la Ilustración, las mantiene el Gobierno en la cuestión de la ley del aborto y en toda la restante legislación.

Sabemos bien lo que es un partido político y cómo, casi sin excepción, todos los diputados votan lo que dice el jefe de fila y en último término el jefe del Gobierno. A eso se reduce su libertad de conciencia. Las leyes, pues, son la voluntad del jefe de Gobierno, exclusivamente. Los demás muestran su aquiescencia.

¿Cómo admitir que el bien común es lo que diga la Ley? ¿Cómo olvidar que el Tribunal Supremo y no digamos, el Constitucional, nunca contradicen, en materia política al Gobierno?

La buena marcha de la economía, la eficiencia del sistema educativo, la seguridad pública, los derechos de los trabajadores, el empleo, son absolutamente anteriores a las leyes.

¿Cómo nadie sensato puede afirmar que el empleo es «el que digan las leyes»?

¿Cómo cabe pensar que mi salud y la de los demás, es lo que diga un Ministro o un Parlamento?

¿Cómo se atreve nadie a decir que la educación de mis hijos y lo que está bien o mal, justo o injusto, depende de lo que diga un jefe de fila en el Congreso?

Además de estas razones, tenemos las leyes comunitarias y las Declaraciones de las Naciones Unidas, a las que el Estado español se ha comprometido a cumplir. Ellas hablan explícitamente, del derecho de todos a la vida, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, su ideología, la protección de la familia, "célula esencial de la sociedad", de la libertad de conciencia y su manifestación pública, de la objeción de conciencia y un largo etc. ¿Por qué, entonces, en asuntos puntuales se reclama el cumplimiento de la legalidad internacional y en cuestiones esenciales de vida o muerte, se está «a lo que decida el jefe de Gobierno»?

Cuando la conciencia de los ciudadanos es declarada irrelevante, se está proponiendo que los Gobiernos obren sin conciencia, las leyes no tengan conciencia y por lo tanto, las dictaminen sin conciencia alguna.

La consecuencia social es la sensación colectiva de que todo vale, de que «gente con estudios» defiende eso, será que son buenas personas y desean nuestro bien.

Todo vale porque es la ley la que dice que todo vale.

Ésta y no otra, es la razón de una cadena de fracasos vitales: del incremento de suicidios en la juventud española (superior a la muerte en accidentes de tráfico), puesto que, no hay límites, no hay referente, no vale la pena vivir.

También, del incremento de abortos, de la inseguridad pública, del fracaso escolar, de la desestructuración de las familias y de la ridiculización de lo religioso. Si todo vale, nada tiene ningún valor.

¿Qué más da verdugo que víctima, muerto que vivo, estúpido que sabio? Si todo vale, la inseguridad es total ¿Por qué me debo fiar de nadie? No tengo motivos porque la conciencia privada se ha declarado irrelevante. Cuando la conciencia privada es declarada irrelevante sólo es pertinente la alimentación, el estómago y la televisión. Nadie puede obrar en conciencia porque ya no queda.

¿Será posible que no caigan en la cuenta de que están deshaciendo el tejido social? Hay quien piensa que sí.

Podemos pensar que la solución es bien sencilla: Devolver a la conciencia privada el lugar que no puede ocupar el Estado. Percatarse de que no es posible ser buen ciudadano si antes, no se es buena persona y que no se puede ser buena persona si es el Estado el que determina quien es y quien no es persona.
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